La mayor crisis de la historia del Supremo
La pérdida de confianza en la Corte pone en jaque a una de las instituciones fundamentales de la democracia brasileña
Paulo Cannabrava Filho
El Supremo Tribunal Federal atraviesa una crisis que ya no puede ser tratada solamente como una disputa interna entre ministros o como un episodio más de la turbulenta vida política brasileña. La crisis llegó a la opinión pública y alcanzó aquello que una Corte Suprema tiene de más precioso: la confianza de la sociedad. El STF es el guardián de la Constitución y la última instancia de la Justicia. Cuando la población deja de creer en quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley, es la propia democracia la que comienza a ser puesta en jaque.
Una encuesta AtlasIntel/Estado de São Paulo divulgada esta semana muestra un cuadro dramático: seis de cada diez brasileños dicen no confiar en el Supremo, mientras solamente el 34% manifiesta confianza. En la evaluación individual de los ministros, según el sondeo, Cármen Lúcia es la única cuya imagen positiva supera a la negativa. André Mendonça, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques y Dias Toffoli aparecen con una evaluación negativa superior a la positiva.
El panorama se vuelve todavía más grave cuando se llega al escándalo relacionado con el Banco Master. Según los datos de la misma encuesta que estamos tomando como referencia, el 85,1% de los entrevistados afirma creer que existe una participación directa de ministros del STF en el caso; el 4,4% dice que no y el 10,5% no sabe responder. Es indispensable hacer aquí una distinción: la encuesta mide la percepción de la sociedad; no constituye una prueba de la participación criminal de ningún ministro. Las investigaciones y procedimientos relativos al caso Master todavía están en curso.
Pero precisamente ahí reside la dimensión institucional del problema. Independientemente de lo que las investigaciones lleguen a concluir, el hecho de que una proporción tan expresiva de la sociedad crea que integrantes de la más alta Corte del país pueden estar involucrados en irregularidades revela una profunda ruptura de confianza. El sondeo señala además un fuerte apoyo al impeachment de ministros: 60% en el caso de Dias Toffoli y 49,8% en el de Alexandre de Moraes. Una vez más, se trata de la opinión de los entrevistados, no de un juicio sobre la responsabilidad jurídica de los ministros.
El Supremo no es un tribunal cualquiera. La Constitución le atribuye la custodia de la propia Constitución. Hacia él convergen las grandes controversias institucionales cuando las demás instancias ya no pueden resolverlas. Si la sociedad deja de creer en la imparcialidad, la independencia y la integridad de quienes ocupan esa posición, surge una pregunta inquietante: si no se confía en la última instancia de la Justicia, ¿a quién recurrir?
Por eso, defender al Supremo como institución no puede significar proteger a ministros de investigaciones, cuestionamientos o responsabilidades. Es justamente lo contrario. La preservación de la Corte exige que cualquier sospecha sea esclarecida con transparencia, respeto al debido proceso legal e igualdad ante la ley. El presidente del STF, Edson Fachin, ya ha sostenido, frente a la crisis, que ninguna autoridad está por encima de la Constitución y que los hechos deben ser investigados mediante los procedimientos legales.
Y se vuelve más urgente que nunca la creación de un Código de Ética del Supremo Tribunal Federal. Fachin colocó esta iniciativa entre las prioridades de su gestión y Cármen Lúcia quedó encargada de conducir la propuesta. El objetivo es establecer reglas destinadas a prevenir conflictos de interés, consolidar normas de conducta y ampliar la transparencia.
Un Código de Ética, evidentemente, no sustituirá a la Constitución, las leyes ni las investigaciones. Pero podrá establecer límites transparentes para comportamientos, relaciones personales, conflictos de interés y otras situaciones capaces de comprometer la imagen de independencia de la magistratura. Cuanto mayor es el poder ejercido, mayor debe ser la responsabilidad de quien lo ejerce.
La crisis del Supremo, por lo tanto, no concierne solamente a los once ministros que ocupan sus escaños. Concierne a la República. Brasil necesita un STF fuerte, independiente y respetado, y esa fuerza no puede provenir únicamente de la autoridad que le confiere la Constitución. También debe nacer de la confianza de la sociedad. Recuperarla exige transparencia, investigación rigurosa, responsabilidad y reglas éticas inequívocas. Porque cuando se pierde la confianza en la institución encargada de custodiar la Constitución, no es solamente el Supremo el que se debilita. Es la democracia brasileña.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
