El arancelazo fracasó en golpear el comercio exterior brasileño y reveló una ofensiva política de Estados Unidos sobre las elecciones de octubre
Paulo Cannabrava Filho
El arancelazo impuesto por Donald Trump a Brasil fue presentado como una medida de defensa comercial. Pero las negociaciones abiertas posteriormente revelaron otra cosa: el llamado “Trumpazo” tenía un propósito político que iba mucho más allá de las relaciones comerciales.
La presión tampoco produjo el efecto devastador que se pretendía. Por el contrario, Brasil siguió registrando fuertes resultados en sus exportaciones y mantuvo un saldo positivo en la balanza comercial. Mientras disminuyeron las ventas hacia Estados Unidos, otros mercados absorbieron parte de ese espacio, demostrando la importancia de la diversificación de las relaciones comerciales brasileñas.
Pero el dato políticamente más explosivo apareció después. La prensa reveló aspectos de las negociaciones diplomáticas que hasta entonces se mantenían bajo reserva. Entre las exigencias planteadas por Washington figuraba el compromiso de que los llamados “disidentes políticos” no fueran detenidos, encarcelados ni impedidos arbitrariamente de participar en las elecciones de octubre, además de la exigencia de realizar elecciones “libres y justas”.
Es decir, las elecciones brasileñas entraron directamente en una negociación promovida por el gobierno estadounidense. Y queda una pregunta en el aire, que debe ser formulada sin convertirla en afirmación: ¿esa presión externa tiene alguna relación con el hecho de que Flávio Bolsonaro no haya sido hasta ahora juzgado, detenido o declarado inelegible? No hay elementos que permitan establecer una relación causal, pero la naturaleza de las exigencias estadounidenses hace legítimo examinar políticamente la cuestión.
En un encuentro con pastores evangélicos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se refirió a Trump como un amigo, pero afirmó que ya le había advertido que no intentara interferir en las elecciones brasileñas. El lugar elegido para hacer esa declaración tampoco carece de significado político.
Una parte importante de las iglesias pentecostales y neopentecostales brasileñas ha desarrollado durante años una estrategia de conquista de espacios de poder, con representación parlamentaria, organizaciones políticas y medios de comunicación propios. Sectores significativos de ese universo religioso se identificaron abiertamente con el bolsonarismo y constituyen una de sus principales bases sociales y electorales.
A la presión política y comercial se suma ahora otro frente: la seguridad pública. En un documento estadounidense sobre países productores o utilizados como rutas para el tráfico internacional de drogas, el gobierno de Trump cuestionó la actuación brasileña frente al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV).
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública respondió rechazando las afirmaciones de que Brasil haya fallado en el combate contra esas organizaciones criminales. La controversia introduce así la política de seguridad brasileña en una relación bilateral que ya estaba tensionada por los aranceles y por las exigencias estadounidenses relacionadas con el proceso electoral.
Comercio exterior, elecciones y seguridad pública parecen asuntos diferentes, pero terminan convergiendo en una misma cuestión: ¿hasta dónde puede llegar la presión de una potencia extranjera sobre decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño?
Las relaciones comerciales se negocian. Los aranceles se discuten. Las divergencias diplomáticas se resuelven entre Estados soberanos. La soberanía no se negocia.
Brasil necesita seguir diversificando sus mercados, fortaleciendo sus relaciones con los BRICS y con el Sur Global y reduciendo cualquier dependencia que pueda transformarse en instrumento de presión política. Y, sobre todo, debe dejar claro, sin ambigüedades, que las elecciones de octubre pertenecen al pueblo brasileño.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
