Diez años del golpe contra Dilma
El impeachment abrió el camino para imponer un proyecto político y económico que no había sido aprobado en las urnas
Paulo Cannabrava Filho
El impeachment de 2016 no puede entenderse como un episodio aislado. Formó parte de un proceso más amplio de desestabilización de las instituciones, en el cual el lawfare, la manipulación política y la guerra híbrida pasaron a actuar como instrumentos de disputa por el poder y de imposición de un proyecto económico que no había sido aprobado en las urnas.
Diez años después del golpe que apartó de la Presidencia a Dilma Rousseff, es necesario volver la mirada hacia aquellos acontecimientos y comprenderlos dentro de un proceso histórico más amplio. La guerra híbrida contra las instituciones brasileñas no comenzó en 2016. Viene construyéndose desde la década de 1990 y adquirió, a lo largo de los años, diferentes formas e instrumentos. Entre ellos, el lawfare: la utilización política del sistema de Justicia y de los mecanismos legales para perseguir, desgastar o eliminar adversarios.
El impeachment de Dilma fue un momento decisivo de ese proceso. No existía contra la presidenta una acusación de corrupción o enriquecimiento personal que justificara su destitución. Lo que se vio fue la transformación de una crisis política en un instrumento para interrumpir un mandato conquistado democráticamente en las urnas.
La sesión de la Cámara de Diputados que autorizó la continuación del proceso de impeachment permanece como una de las imágenes más vergonzosas de la historia reciente del Parlamento brasileño. Asistimos a una verdadera exhibición de horrores. Diputados justificaban sus votos en nombre de Dios, de la familia, de sus hijos, de sus madres y de toda clase de motivos que nada tenían que ver con el objeto jurídico del proceso.
Fue en aquella sesión cuando Jair Bolsonaro, entonces diputado federal, dedicó su voto a la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, agente de la represión durante la dictadura militar y reconocido judicialmente como torturador. La provocación tenía un significado especial: Dilma Rousseff había sido detenida y torturada durante la dictadura. Militante de una organización que enfrentaba al régimen, aunque no participó directamente en acciones armadas, sufrió personalmente la violencia del aparato represivo. Décadas después, durante el proceso destinado a apartarla de la Presidencia, un parlamentario homenajeaba precisamente a un símbolo de aquel sistema de tortura.
Hay otro hecho indispensable para comprender la naturaleza política del impeachment. Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados, aceptó la solicitud contra Dilma el 2 de diciembre de 2015, pocas horas después de que el PT anunciara que votaría por la continuidad del proceso contra Cunha en el Consejo de Ética. La coincidencia entre ambos acontecimientos expuso dramáticamente el ambiente de chantaje y negociación política en el que avanzó el impeachment.
Consumado el derrocamiento de Dilma, Michel Temer asumió la Presidencia porque había sido elegido vicepresidente en la misma fórmula electoral. Pero el programa que pasó a ejecutar representaba una ruptura con aquel que había recibido los votos de los brasileños en 2014. Cambió la orientación económica, cambió la política social y cambió la relación del Estado con el capital. El vicepresidente elegido para integrar un determinado proyecto pasó a dirigir otro.
Esa es una de las características fundamentales de aquel golpe: no se trataba solamente de destituir a una presidenta. Se trataba de sustituir, sin una nueva elección, el programa escogido en las urnas por otro programa, orientado por los intereses del gran capital, especialmente del capital financiero, y por una política exterior nuevamente subordinada a los intereses de Estados Unidos.
Por eso, diez años después, discutir el impeachment exige hablar de lawfare y de guerra híbrida. Las democracias contemporáneas no son amenazadas solamente por tanques en las calles o cuarteles sublevados. Hay golpes que conservan la apariencia de legalidad, utilizan las instituciones existentes y movilizan medios de comunicación, sectores del Poder Judicial, intereses económicos y fuerzas políticas para producir resultados que difícilmente serían obtenidos mediante el voto popular.
Brasil necesita comprender esa experiencia para impedir que se repita. Defender la democracia no significa solamente defender elecciones periódicas. Significa defender la soberanía del voto, impedir que los mecanismos institucionales sean utilizados para invertir la voluntad popular y, sobre todo, reconstruir un proyecto nacional de desarrollo, soberano, democrático y socialmente justo. Sin soberanía nacional, la propia democracia permanece vulnerable.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
