Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2026
La clase trabajadora urbana y rural de nuestro país, viene realizando medidas de protesta desde hace más de un mes, motivos a los trabajadores para movilizarse no faltan, el gobierno de Rodrigo Paz ha demostrado ser desde su ascenso al poder, un gobierno servil a los intereses a los monopolios extranjeros y a la ínfima minoría de dueños del capital y tierras de nuestro país.
El gobierno de Rodrigo Paz ha demostrado en pocos meses su verdadero rostro: el de una coalición que llegó al poder tras el vacío dejado por la implosión de los gobiernos del MAS y que gobierna al servicio de la burguesía agroindustrial cruceña y de los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. Desde los primeros días ya demostró estar al servicio de los ricos de este país eliminando el Impuesto a las Grandes Fortunas, además permitió el retorno de la DEA,
promulgó el Decreto Supremo 5503 que suprimió los subsidios a los hidrocarburos y congeló los salarios públicos, entre otros y en abril de 2026 promulgó la Ley 1720, que pretendía desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad campesina para entregarla al latifundio y al capital financiero.
Desde entonces el país registró hasta 100 puntos de bloqueo de carreteras, una marcha indígena que partió desde el departamento de Pando y llegó a La Paz tras 28 días de caminata, un piquete de huelga de hambre de mujeres y continuos cabildos llamados tanto por la Central Obrera Boliviana, por organizaciones campesinas e indígenas y por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto este último cabildo que reunió a organizaciones sociales campesinas, juntas vecinales, a la
COB, mineros asalariados, maestros rurales, transportistas, gremiales, fabriles y padres de familia, resolvió no entrar en diálogo con el Ejecutivo y someterse únicamente a las bases, exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz.
La respuesta del gobierno no ha sido el dialogo, sino la represión y el encarcelamiento de los dirigentes de organizaciones sobreras y populares. El mismo día del cabildo fue detenido arbitrariamente el dirigente vecinal alteño Justino Apaza. El 4 de junio, el Senado aprobó un proyecto de Ley de Estados de Excepción que suspende garantías constitucionales. El presidente llegó al extremo de publicar un video convocando a la ciudadanía civil (en realidad convocó a organizaciones paramilitares de derecha y extrema derecha) a sumarse los contingentes militares y policiales con el fin de arremeter contra los manifestantes.
Rodrigo Paz tuvo reuniones previas con grupos paramilitares delincuenciales armados como La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cuyo papel en el golpe del 2019 fue nefasto atacando de forma violenta a civiles desarmados, uno de los líderes de la RJC que cumplía su sentencia fue recientemente liberado. Este 6 de junio, en San Julián, Santa Cruz, un operativo policial y militar acompañado de paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista dejó alrededor de 33 heridos, incluido un civil manifestante sometido a cirugía por herida de bala y un policía en terapia intensiva con impacto en la cabeza.
En este sentido la Central Obrera Boliviana ha denunciado operativos clandestinos con personal encapuchado, en vehículos civiles sin placas ni identificación institucional, realizando detenciones sin mandamiento judicial, este 7 de junio 5 dirigentes de la COB fueron apresados de forma ilegal y sometidos a torturas por la policía. Lo que el gobierno está cometiendo es una cacería contra la dirigencia sindical y una campaña mediática para calificar a los dirigentes populares de «terroristas» y «delincuentes comunes». Este es el verdadero rostro de la democracia que defiende el imperialismo yanqui.
Un gobierno que no puede mantenerse sin suspender las garantías que él mismo invoca para legitimarse ha confesado públicamente su fracaso.
Desde el comité de reorganización del Partido Comunista de Bolivia (PCB), repudiamos la represión violenta desatada por el gobierno de Rodrigo Paz, nos solidarizamos con la dirigencia dela COB,CSUTCB, FEJUVE El ALTO y todas las organizaciones sociales y pueblo movilizado que resiste valerosamente contra los aparatos represores del gobierno.
Hoy 8 de junio Rodrigo Paz acaba de promulgar la ley 1740 que “regula” el Estado de excepción en Bolivia, esta ley lo que busca es blindar a las fuerzas represivas del estado para que cometan actos lesivos a los derechos humanos de los bolivianos. Paz en su discurso ha calificado a las movilizaciones sociales como delitos de terrorismo, pretendiendo justificar el uso del derecho penal y leyes de excepción contra toda movilización social justificando la represión policial y militar. Ante esta situación alertamos a la clase trabajadora que el gobierno pretende teñir de sangre al pueblo boliviano, acallar todo derecho a la protesta y así aplicar sus planes económico sociales contra los trabajadores que consisten en la entrega de los recursos naturales a países extranjeros y la privatización de empresas estratégicas estatales en beneficio de monopolios extranjeros y la burguesía nacional, generando otras subidas de precios de productos de la canasta familiar y servicios básicos.
De igual forma tal como lo exige la mayor parte de la clase trabajadora que sufre la arremetida y ajuste por las medidas pro empresariales del gobierno, EXIGIMOS LA RENUNCIA DE RODRIGO PAZ a la presidencia del país. Solo el pueblo organizado es garantía de democracia en nuestro país, llamamos a la unidad monolítica para echar a este gobierno cipayo que solo ha traído miseria y pobreza a la clase trabajadora.
La Paz, 8 de junio de 2026
Partido Comunista de Bolivia (Comité de Reorganización)
Juventud Comunista de Bolivia
FUERA EL GOBIERNO DE RODRIGO PAZ!
¡LIBERTAD A LOS DIRIGENTES PRESOS!
¡ ABAJO LA LEY 1740!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y CAMPESINA!
Link a documento con el pronunciamiento
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