Por: Ricardo Jiménez A., 6 de noviembre de 2025.
Betssy Chávez, ex primera ministra del ex presidente Pedro Castillo, ha solicitado y recibido el asilo político de México y se encuentra en la residencia de su embajada, a la espera de un salvoconducto de salida del Estado peruano.
En respuesta, el Estado peruano rompió relaciones diplomáticas con México y alega públicamente que el salvoconducto no procede, aduciendo que la normativa diplomática pertinente – la Convención de Asilo Diplomático de Caracas, de 1954, firmada por la mayoría de países latinoamericanos, entre ellos Perú y México – establece que debe tratarse de delitos políticos y no comunes. A pesar de la abrumadora y evidente connotación política, pretende que el proceso judicial contra Chávez, por supuesto delito de rebelión encabezado por el destituido y ahora encarcelado ex presidente Castillo, es “común”.
El episodio se produce tras tensiones previas entre ambos países, pues México ya había dado asilo a la familia del ex presidente Castillo y expresado posiciones críticas sobre su destitución. De no concederse el salvoconducto, se abre una caja de pandora diplomática. Chávez no podría salir, pero podría quedar indefinidamente protegida en la residencia, en razón de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Naciones Unidas de 1961 (artículo 22). Así ocurrió con el célebre caso del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, asilado en la embajada de Colombia en Perú, por cinco años, entre 1949 y 1954. Y el más célebre aún de Julián Assange, asilado por siete años, en la embajada de Ecuador en Reino Unido, entre 2012 y 2019. Sin embargo, al romperse relaciones diplomáticas entre México y Perú, eventualmente, el local físico donde se encuentra Chávez perdería su inmunidad y Perú puede, entonces, poner en cuestión esa protección.
El propio proceso judicial contra Pedro Castillo y Betssy Chávez es objeto de graves y evidentes cuestionamientos legales y constitucionales, tanto dentro como fuera del Perú. Su destitución, el 7 de diciembre de 2022, se realizó sin respetar el debido proceso ni el principio de defensa. Su detención inmediata por supuesta rebelión se realizó sin competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para procesar a un presidente aún en funciones. A pesar de lo cual permanece aún encarcelado, en un juicio político con apariencia de legalidad, sostenido por sectores conservadores y militares, más que de un proceso judicial ordinario y garantista.
Más allá de la particularidad de este caso, el choque diplomático que ha generado actúa de espejo que pone en evidencia la profunda descomposición institucional y judicial en Perú. Que se expresa en un círculo vicioso de crisis política crónica, captura delictual de órganos de control y pérdida de legitimidad social.
Un Congreso fragmentado y sin partidos sólidos produce normas coyunturales y designaciones controvertidas; el Ejecutivo gobierna con alta rotación de ministros, estados de emergencia y parches administrativos; y el sistema de justicia, atravesado por casos de corrupción (p. ej., “Cuellos Blancos”) y disputas entre fiscalías, cortes y órganos disciplinarios, alterna entre la ineficacia y el uso selectivo del derecho penal (prisión preventiva extensiva, lawfare) que erosiona el debido proceso. Las instituciones funcionan formalmente, pero rinden resultados erráticos, alimentando la desconfianza ciudadana y la polarización.
Los escándalos del archivamiento, vía Tribunal Constitucional, del caso de lavado de activos de Keiko Fujimori, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra y de la condena por terrorismo del congresista y candidato de la izquierda, Guillermo Bermejo, aunque no se presentó ni la más mínima prueba material, suman y siguen.
En abril de 2024, el procurador Milko Ruiz informó 577 procesos e investigaciones en curso por el dudoso delito de “apología del terrorismo”, que, en la práctica, condena a 15 y 20 años de cárcel, por opiniones e ideas disidentes, críticas y opositoras a la hegemonía de esta derecha neoliberal, autoritaria y corrupta, en su mayoría por posteos en facebook. Mientras, las mafias de extorsionadores y otros delitos avanzan incontenibles y el país se acostumbra a periódicos “paros de transportistas” que claman protección del Estado.
Sin embargo, la policía está concentrada en reprimir el descontento en las protestas ciudadanas, cuyo símbolo más siniestro son los “ternas”, policías infiltrados de civiles para cometer desmanes y delitos atribuibles a los manifestantes, uno de los cuales asesinó a tiros a un joven en Lima, sin mediar ninguna provocación, hace pocas semanas. Hecho que el país entero ha podido observar por imágenes de vídeo en la televisión.
El asilo político de Betssy Chávez flota como un espectro entre los muros cansados de un Estado que ya no distingue entre justicia y venganza. La sospecha de que el derecho, otrora guardián de la libertad, se ha vuelto el primer sospechoso del crimen que dice perseguir. Los tribunales se comportan como tribunas, las leyes como armas, y la democracia – acaso el personaje más frágil de todos – sobrevive a fuerza de ironía, refugiada también ella en busca de asilo.
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