Por: Ricardo Jiménez Ayala, Resumen Latinoamericano 29 de enero de 2026.
Con esta interpretación, se anulan la acusación fiscal y las resoluciones judiciales derivadas, cerrando un caso que había movilizado durante años a fiscales, testigos y medios.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional del Perú (2 de octubre de 2025), que archiva el proceso penal contra Keiko Fujimori por el llamado caso Cócteles, marca un antes y un después en la justicia peruana. El argumento central del TC fue que se vulneró el principio de legalidad penal, al imputarse lavado de activos por aportes de campaña de 2011 y 2016 cuando esa modalidad recién fue incorporada al Código Penal con el Decreto Legislativo 1249 de noviembre de 2016. En otras palabras, los magistrados sostienen que no puede haber delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Con esta interpretación, se anulan la acusación fiscal y las resoluciones judiciales derivadas, cerrando un caso que había movilizado durante años a fiscales, testigos y medios. El archivo ocurre después de nueve años de proceso judicial, iniciado en 2016 y concluido recién en 2025.
De los 7 jueces integrantes del TC, dos votaron en contra, argumentando que el delito de lavado ya existía previamente en otras redacciones precedentes a la de 2016; que el TC no podía reemplazar al poder judicial, imponiendo impunidad y que lo que importaba eran los bienes jurídicos protegidos: la transparencia económica y la procedencia lícita de los fondos.
Sobre eso, lo que quedó acreditado documentalmente en el proceso es contundente. Según reportes oficiales, Fuerza 2011, el partido político de Keiko Fujimori entonces, declaró actividades de recaudación de fondos, a través de oferta de “cócteles” y otras, que sumaron, en total, entre 2011 y 2016, más de 4.39 millones de soles. Solo un “cóctel” de mayo de 2011 fue declarado en 1 millón treinta mil soles, equivalente a unos 360 mil dólares al cambio de la época. A estos aportes en cócteles, que compiten en su milagroso rendimiento con la multiplicación de los panes y los peces del maestro de Nazaret, se le sumaron aportes privados no declarados, alcanzando un total de 17 millones de soles, unos 6 millones de dólares.
Es en base a esos hechos acreditados, que el Poder Judicial, hasta su máxima instancia, la Corte Suprema, había confirmado previamente la validez jurídica y la punibilidad de los hechos investigados. El fallo del TC no desmiente esos hechos; simplemente declara que, aunque pudieron existir irregularidades, no eran penalmente sancionables bajo la ley vigente en ese momento, interpretación más que discutible.
El precedente que sienta este fallo puede extenderse a otros casos emblemáticos de presunta corrupción y financiamiento ilegal de la política, como los de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán, cuyos expedientes también involucran aportes electorales anteriores a 2016. Si la doctrina del TC se aplica con la misma lógica, varias causas podrían desmoronarse en cascada. Es por esta razón que el fiscal del caso, Domingo Pérez, declaró que la decisión del TC “vacía de contenido la lucha anticorrupción en el Perú”.
El país, estupefacto y consternado, recibe el fallo del TC en un contexto nacional de creciente inseguridad, corrupción y poder paralelo delictivo: extorsiones, narcotráfico, sicariato y diversos negocios ilegales se entrelazan con estructuras políticas y empresariales corruptas, capturando las instituciones policiales y militares, poniendo bancadas parlamentarias e incluso ministros. Una crisis persistente e insoportable que llevó recientemente a la destitución de la ex presidenta y arquetípica figura de corrupción, Dina Boluarte.
Justo ahora, Keiko Fujimori, queda jurídicamente habilitada para reemplazarla. Precisamente, al comentar públicamente el fallo del TC que la favorece, ella avisó que “en pocos días” definirá si postula a la presidencia en las próximas elecciones de abril de 2026. Todo un cóctel de impunidad para un país que tiene como presidente subrogante a un acusado de violación sexual y que ya, a apenas unas semanas de gobierno, tiene su primer asesinado en protestas en Lima, un joven disparado por uno de los siniestros “ternas”, infiltrados de civil de la policía en las protestas para causar desmanes, violencia y crímenes, atribuibles a los manifestantes. Símbolo de la descomposición institucional de un país que, ahora, recibe el mensaje de que la justicia tarda y a veces, simplemente, no llega.
Related Items
