Por: Ricardo Jiménez, Conaicop. Resumen Latinoamericano 26 de enero de 2026.
El deslucido y cuestionado presidente de Perú, José Jerí, no ha podido cumplir sin sobresaltos el breve período de “piloto automático político” que las mafias gobernantes desde el congreso, lideradas por el fujimorismo, le encargaron hasta las elecciones generales de abril próximo. La corrupción reinante es compulsiva y el antes acusado de violación no ha podido ahora evitar verse envuelto en un escándalo de manejos ilegales de inversiones, a escasos tres meses de asumir el encargo.
Su escueta trayectoria de abogado y político peruano, sin una sola propuesta de ley en cuatro años de congresista, explica con claridad que solo haya podido escalar por el azar y la opaca capacidad de estar en el lugar y momento adecuados para ser suplente. Luego de no ser elegido en las elecciones congresales de 2021, accedió a una curul como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. En las bataholas de inestabilidad política y negociaciones de las mafias congresales, presidió la Comisión de Presupuesto y fue presidente del Congreso en julio de 2025 y, subsecuentemente, accedió a la presidencia de la República en octubre de ese año, tras la caída de la locuaz, corrupta y asesina, Dina Boluarte.
Este perfil público de Jerí, sin mérito, pura circunstancia, sin ideas, pero con escándalos, no es anomalía, sino síntoma. No una casualidad, sino que resultado ampliamente representativo de la decadencia intelectual y moral de la política peruana actual, en que ninguna fuerza encarna un proyecto de ideas ni un liderazgo con densidad programática, sino una lógica de supervivencia parlamentaria basada en el acomodo, el consenso superficial y la gestión de impunidades; su trayectoria refleja la normalización de perfiles sin solvencia técnica ni debate público sustantivo, la sustitución del pensamiento político por el cálculo coyuntural y la tolerancia estructural a cuestionamientos graves que erosionan la confianza ciudadana.
El personaje perfecto para la operación de las mafias políticas que gobiernan de facto el país, articuladas y disciplinadas en torno al fujimorismo, que lo han colocado como una figura funcional, de bajo perfil y escasa autonomía, para administrar el Estado en piloto automático hasta las elecciones de abril próximo; su papel no es conducir ni reformar, sino garantizar continuidad, silencio y cobertura institucional mientras se consolidan condiciones favorables para un desenlace electoral previamente orientado, marcado por el uso intensivo y selectivo del aparato judicial y administrativo, la persecución de adversarios, la neutralización de opciones incómodas y la tolerancia a prácticas abiertamente abusivas, todo con el objetivo de asegurar un triunfo espurio de Keiko Fujimori.
Sin embargo, la decadencia política y la corrupción sistémica han demostrado ser tan compulsivas que Jerí ni siquiera ha logrado desempeñar con eficacia el rol de “piloto automático” para el que fue funcionalmente instalado: lejos de pasar inadvertido, todavía a tres meses de las elecciones, quedó atrapado en un caso de corrupción que hoy lo mantiene severamente cuestionado en la opinión pública, a partir de revelaciones periodísticas y diligencias fiscales sobre reuniones no registradas, gestiones opacas y posibles favores indebidos vinculados a intereses privados, así como explicaciones públicas consideradas inverosímiles sobre encuentros y desplazamientos que habrían eludido los protocolos de transparencia, que han erosionado su ya frágil autoridad y lo dejan pendiendo del débil hilo del respaldo fujimorista, que lo sostiene por conveniencia, no por convicción.
Confirmando que esta clase política delictual, que Jerí encarna aparece hoy desatada, sin freno ni contrapesos, ejerciendo el poder con una mezcla de cinismo e impunidad frente a un pueblo criminalmente reprimido, precarizado y crecientemente desencantado de la actividad política y sus variantes, obligadas -casi sin excepciones- a las mismas lógicas de mediocridad, cálculo y claudicación ética, profundizando la distancia entre gobernantes y gobernados.
Sin embargo, la historia enseña -con una regularidad casi inexorable- que cuando el abuso se vuelve estructural y la impunidad norma, la indignación social termina por estallar y poner en crisis el orden establecido; queda por ver si ese punto de ruptura está próximo y logrará expresarse en una rebeldía electoral, ya insinuada en comicios recientes mediante el voto de castigo, la fragmentación y la desafección masiva, o si el país deberá soportar todavía más tiempo de descomposición antes de que la sociedad logre traducir su hartazgo e indignación en una respuesta política efectiva de regeneración.
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