Resumen Latinoamericano, 06 de junio de 2024.
Un tribunal aplicó la medida cautelar más severa a Daniel Jadue sin aportar pruebas.
Daniel Jadue es el alcalde de Recoleta, una comuna pobre ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago, en Chile.
Tiene 56 años y una sola profesión: la de ser líder. Lo de sociólogo, arquitecto, descendiente palestino, dirigente del Partido Comunista y aprendiz del laúd árabe queda en la lista de sus muchas otras particularidades.
Por eso, esta semana, cuando un tribunal lo condujo a prisión preventiva tras imputársele una serie de delitos no comprobados, decenas de personas se lanzaron a las calles y manifestaron su descontento.
La jueza Paulina Moya consideró a Jadue un peligro para la sociedad tras acceder a la petición de la Fiscalía Centro Norte. El pretexto: supuestas acciones ilegales en la creación de farmacias comunitarias.
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, respondió el político en la red Social X.
Además, recordó que al aplicar la medida más intensa, la justicia tiene que aportar una prueba y “no solo íntimas convicciones ni ficciones”.
Por otra parte, el abogado defensor, Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal por “dar acreditados hechos sin antecedentes y lo calificó como una decisión muy grave.
Señaló que durante tres años, los funcionarios no formalizaron la investigación, aunque en el delito de lo cohecho la denuncia fue en 2020.
De igual manera piensan los participantes de las protestas para quienes los medicamentos antes tenían el precio de los gigantes farmacéuticos y la fundación de estas instituciones hizo más accesibles los productos.
A la conciencia del líder juzgado le asiste la paz por la creación de las ópticas, bibliotecas, universidades, una inmobiliaria y escuelas con actividades culturales para los niños durante el horario de trabajo de los padres.
Y, junto a esto, muchos recuerdan su amor infinito por Palestina, su participación en manifestaciones, vestido con kifuya y gritando por un pueblo que es también suyo.
Vencer a la maldad
Desde el anuncio del fallo, organizaciones y políticos expresaron su solidaridad por un proceso calificado de injusto y desproporcionado.
Una publicación del Comité Central del Partido Comunista de la nación austral manifestó su más amplio respaldo al jefe comunal y agradeció las múltiples expresiones de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional.
Para el periodista especializado en derechos humanos Juan Fran Torres, este caso forma parte del lawfare (guerra jurídica) en Latinoamérica.
“Su único delito ha sido proponer una nueva forma de gobierno, desafiando al modelo perverso”, afirmó.
Por su parte, el eurodiputado español Manu Pineda aseguró que el proyecto juzgado hizo de la salud un derecho y no un privilegio.
Más de mil 500 personalidades rubricaron una carta en la que calificaron el proceso como un caso de persecución hacia una figura pública.
Unas 30 organizaciones de la región mostraron su apoyo, entre ellas el Foro de Sao Paulo, Alba Movimientos y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.
A la lista se suman la Marcha Patriótica de Colombia, el Frente Patria Grande de Argentina y el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
