Por M.Sc. José Octavio Toledo-Alcalde
11/04/24
En la política peruana, es alarmante la ausencia de «masa gris». Los recientes incidentes relacionados con supuestos crímenes de cohecho y enriquecimiento ilícito de la mandataria Dina Boluarte han puesto en evidencia, por enésima vez, la falta de veracidad, coherencia, integridad y planificación de tales actos. En el Perú abundan las armas de represión y las artimañas del engaño, la estafa e indecencia institucionalizada. Lo que no abunda son las armas que el pueblo excluido históricamente necesita.
Cuando se menciona Think Tanks, aquellos “tanques pensantes”, en países como Estados Unidos o Inglaterra, se evidencia la eficacia de sus lobbies al servicio de grupos de poder político. Existen verdaderos «laboratorios de ideas» que planifican desde reformas sociales populistas hasta formas sofisticadas de crimen organizado dentro y fuera del Estado. Por ejemplo, la «mafia norteamericana» conocida como «La Cosa Nostra» operó con astucia y planificación durante décadas, mientras que el cartel de Cali en Colombia evadió la captura y la persecución gracias a su red de operaciones sofisticada y la corrupción institucionalizada de forma sostenida en el tiempo.
En el Perú, el partido fujimorista Fuerza Popular ha sido una manifestación del crimen organizado sostenido en el tiempo como claro signo de lo que podríamos llamar “éxito” delictivo. Diversas acusaciones y signos de corrupción han demostrado las diferentes conductas delictivas de este partido político convirtiéndose en un pilar del ocaso democrático ahora con su líder en libertad y sin signos de cáncer terminal. ¡Los milagros existen!
En este contexto de metástasis de la corrupción el caso «RolexGate» parece ser solo la punta del iceberg de una red delictiva existente desde hace décadas. Sin embargo, en esta pequeña muestra del flagelo moral y ético, destaca la falta de planificación, organización y narrativa convincente en este caso; nos referimos al hecho delictivo. Las versiones incoherentes presentadas por la presidenta Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscurima, han generado más incertidumbre que claridad, socavando aún más la confianza del público. Se subestima no solo la inteligencia del pueblo, sino, por decir lo minino, su sentido común.
En el caso de La Cosa Nostra y el cartel de Cali resaltó la inteligente organización y planificación criminal de estos grupos en contraste con la falta de inteligencia delictiva en el caso peruano. Mientras estas organizaciones contaron con estructuras jerárquicas bien definidas y una red de miembros especializados, el caso del crimen organizado peruano carece de tal organización. Somos mediocres en lo bueno y en lo malo. El inframundo educativo en el cual se encuentra sumido el mundo político nacional no solo abarca el buen ejercicio de la función pública, sino del mal ejercicio.
Como se clama a los cielos e infiernos, es preocupante la relevancia dada al «RolexGate» en comparación con el silencio sobre las personas asesinadas en protestas sociales bajo el régimen Boluarte-Otarola. La falta de pronunciamiento de organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros sobre estos casos plantea serias preguntas sobre las prioridades políticas y éticas en el escenario global más allá del protagonismo del negocio de la industria de las armas y el inminente riesgo de guerra nuclear.
Para comprender plenamente la proliferación de la corrupción en el Perú, es crucial examinar las causas estructurales y sistémicas que la han permitido. Factores como la debilidad de las instituciones, la falta de transparencia y rendición de cuentas, y la influencia desproporcionada de intereses particulares en la política han contribuido al problema así como la complicidad de grupos de factos dentro y fuera del Perú. Estos modernos signos del lastre colonial son parte de aquellas prácticas que hacen del pueblo peruano el más rico en minerales y corrupción y el más pobre en moral, ética educación, salud y alimentación.
La corrupción no solo afecta la economía y la estabilidad política del Perú, sino que también tiene consecuencias sociales y éticas profundas a la cual nadie escapa incluido los tres millones de compatriotas residente en el exterior. Migrantes que sufren los lacerantes pasivos de su pueblo que los vio nacer. El sistema demoliberal peruano es especialista en censurar países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás pueblos contrahegemónicos, lejos de ahondar en detalles situaciones internas de cada país, el Perú como estado-nación no es capaz de ir a las raíces de un estado de corrupción y descomposición social histórica. En el Perú se condena a un funcionario público y aquel funcionario que lo suceda no solo repetirá los delitos, sino los perfeccionará e incrementará. Somos los Tink Tank, los “tanques pensantes” de la copia y el calco de todo lo contrario que el Amauta Mariátegui llamó creación histórica. La lacra política, desde inicios de está nefasta república, y enajenación social que los mantienen en el cargo, son los perfectos siete ensayos de interpretación de una realidad peruana destruida por el individualismo, egoísmo, egocentrismo y megalomanía crónica del liderazgo político y grupos de poder.
Este círculo vicioso sin fin socava la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho, y perpetúa la desigualdad y la injusticia en la sociedad peruana. ¿Qué buscan los poderes de factos nexos de los grupos foráneos?, ¿No saben los grupos de factos que la pobreza e injusticia generalizada es el perfecto caldo de cultivo de la insatisfacción social convertida en todo tipo de acto insurgente? Esperan que la frustrada sociedad burlada y violentada en sus derechos protegidos se levante y de esta forma aplicar las recetas represivas aquellas mismas del nefasto diciembre de 2022 y años anteriores.
Desde esta radiografía de un Estado-nación infectado de cleptocracia la lucha contra la corrupción requiere un compromiso colectivo tanto del liderazgo político como de la sociedad civil. Es fundamental adoptar medidas efectivas para fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y la rendición de cuentas y fomentar una cultura de integridad y ética en todos los niveles de la sociedad peruana. Solo mediante un esfuerzo conjunto y sostenido y una formación política soberana se podrá construir un Perú más justo, transparente y próspero para las generaciones futuras. Teniendo como mira a corto plazo la renuncia del presente régimen, la convocatoria a nuevas elecciones y la conformación de una urgente Asamblea Constituyente con presencia real de las organizaciones sociales, militares, religiosas, universitarias, juveniles, laborales, entre otras, quienes deberían de formar parte activa de un sistema democrático en donde sea el pueblo organizado el actor principal de su historia.
