La caída de Dina Boluarte
Crisis de legitimidad y desprestigio en el gobierno peruano
por M.Sc. José Octavio Toledo-Alcalde
02/04/2024
«En las democracias contemporáneas, la creciente concentración de poder en manos de élites políticas y económicas ha generado una crisis de representación. En este contexto, la militarización de la política y el debilitamiento de las instituciones democráticas pueden surgir como respuestas autoritarias a la falta de legitimidad y participación ciudadana en el sistema»
Chantal Mouffe.
El domingo 31 de marzo, altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú participaron en el cambio de guardia en el Palacio de Gobierno, en presencia de la mandataria Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, el ministro de Defensa Walter Astudillo y representantes de las Fuerzas Militares. En este evento, el Ministro de Defensa Astudillo destacó la importancia política del mismo, enfatizando la necesidad de defender la democracia ante lo que percibió como un ataque a la institución de la presidencia.
Como es de nuestro conocimiento, históricamente, las Fuerzas Armadas en el Perú no han sido neutrales en asuntos políticos, a pesar de la prohibición expresa de intervención en la política según la legislación y la constitución. Todo lo contrario, estas instituciones han sido fundamentales para el control ideológico y político en diversos regímenes, ya sean militares o civiles. Y, no pocas veces hemos asistido a regímenes en donde el poder militar y el civil cohabitaban; el civil a la luz y el militar siempre en la sombra hasta salir a la arena pública por medio de métodos represivos.
Aunque en teoría se exige que las Fuerzas Armadas mantengan neutralidad e imparcialidad, en la práctica su posición política se alinea con el gobierno de turno. Esto supone una flagrante violación de la separación de poderes y la independencia institucional entendidos como pilares del inexistente Estado de derecho.
En el contexto actual, la presidenta Boluarte carga una pesada mochila que pone en vilo su alicaída y cuestionada posición en el gobierno. Social, jurídica y políticamente viene siendo criticada ante evidentes indicios de enriquecimiento ilícito e irregularidades financieras. A pesar de las evidencias, las investigaciones del Ministerio Público no siguen los patrones habituales de persecución penal en los cuales se encubren linchamientos políticos como no es el caso de Boluarte. De existir ilícito penal de parte de Boluarte será tipificado como crímenes comunes de acuerdo al Derecho Penal Común. Lamentablemente, el proceso de investigación se ve empañado por la desaparición de pruebas incriminatorias (ausencia de Rolex y documentos de pertenencia) y por el irrespeto de la mandataria con al debido proceso pautado por el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación.
Por otro lado, y aquello que representa el lado más frágil de la crisis por la cual históricamente atraviesa el Perú, es la pérdida de identidad política e ideológica partidaria, la ausencia del sentido ético de la gestión pública y la total inexistencia del factor político y filosófico como pilares de la estructura de valores y principios de la sociedad. Todo esto ha permitido que prevalezca la lógica del enriquecimiento ilícito como modus operandi en la función pública, eclipsando el compromiso con el bien común y la ética en la gestión gubernamental.
Esta falta de claridad ideológica ha contribuido a una situación donde el interés personal y el beneficio propio priman sobre los intereses a favor del bien común. En lugar de representar y defender los intereses de la sociedad, los líderes políticos se han visto envueltos en escándalos de corrupción y han sido incapaces de abordar los problemas estructurales del país. Además, la desconcertante ausencia de protagonismo de organizaciones sociales, estudiantiles y agrupaciones políticas, en el actual escenario de vacío y ambigüedad de poder, agrava aún más la situación. Estas organizaciones, que históricamente han desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos civiles y en la promoción de la participación ciudadana, suelen estar en la mira represiva en un momento crucial para el pueblo peruano.
En la realidad política del Perú, los elementos descritos revelan una profunda crisis sistémica que va más allá de simples reformas superficiales. La necesidad de cambios estructurales no puede limitarse a meras correcciones dentro del marco existente, sino que requiere una transformación radical que desafíe las bases mismas del sistema político y económico. Las reformas solo se convierten en perfectos escenarios jurídicos afines con el desgobierno y la profundización de la corrupción institucionalizada.
Las instituciones democráticas, en su forma actual, están profundamente arraigadas en un entramado de intereses oligárquicos y corporativos que perpetúan la desigualdad y la injusticia social. La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas se enfrentan a una resistencia feroz por parte de aquellos que se benefician del actual orden de cosas, como vemos dentro y fuera del Estado, que prefieren mantener las sombras sobre sus acciones y preservar sus privilegios a expensas del pueblo. El nefasto Congreso se ha convertido en el ansiado lobby político-empresarial norteamericano que siempre el Perú anheló tener.
La restauración de la confianza en el sistema político no puede lograrse simplemente mediante discursos vacíos, cantinfladas escuchados en estos días, y promesas incumplidas. Requiere un compromiso genuino con la justicia social y la redistribución equitativa de la riqueza y el poder. La voz de la sociedad marginalizada, históricamente silenciadas, debe ser reconocida como el motor de cambio real hacia una convivencia democráticamente plural y verdaderamente funcional y justa.
Desde una perspectiva socialista, sin calco ni copia, sino creación heroica… (Mariátegui), es crucial reconocer que la democracia no puede limitarse al ámbito político, sino que debe extenderse al ámbito económico, social y cultural. Se deben democratizar los medios de extracción de materia prima, no hablamos de medios de producción por ser inexistentes en el Perú, y garantizar el acceso equitativo a los recursos y servicios básicos para la ciudadanía sin exclusión alguna. Todo esto entendido como lógica contraria a las recetas impuestas por el sistema financiero internacional y grupos de facto. Solo así se podrá construir un futuro en el que la democracia no sea solo una formalidad, ávida de halagos de parte de las principales agencias calificadoras financieras, sino una realidad tangible que beneficie a la mayoría de la población.
Es irónico como los operadores económicos y financieros enquistados en los poderes del Estado, travestidos de funcionarios públicos, se disparan a los pies generando graves situaciones de riesgo país, retroceso de la inversión extranjera, fluctuación en contra en el mercado de valores, generalizada desconfianza empresarial y el descontento de las mayorías el cual, sin otra opción que seguir, verá como alternativa políticas caminos que vayan más allá de del show electoral cada cinco años.
En suma, la inacción frente a estos desafíos no solo perpetúa la decadencia de una agónica democracia liberal en el Perú, sino que también profundiza las divisiones sociales y alimenta el descontento y la desconfianza en las instituciones establecidas. Es hora no solo de parchar o enmascarar el statu quo, sino de atrevernos a quebrarlo construyendo una sociedad basada en principios de solidaridad, justicia y participación democrática. La presidenta Boluarte fue citada, este martes 2 de abril de 2024, al Congreso de la República para declarar por el caso Rolex ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría reunión a la cual no asistió hasta el momento de cerrar el presente artículo.
