Paulo Cannabrava Filho
Dictadura de mayoría, es eso que caracteriza la actuación del Legislativo brasileño. Bancadas bien estructuradas, como las del tres B – Buey (Agropecuaria), Bala (Seguridad) y Biblia (evangélicos y católicos) – que componen una mayoría que constriñe los demás poderes. Se puede considerar la actuación de un cuarto B, de la Banca (Sistema Financiero) que se moviliza para garantizar el mantenimiento del estatus quo, es decir, la gestión neoliberal de la economía.
El presidente de la Cámara con el control del Centrão actúa como un dictador, hace chantaje y paraliza la gestión pública. Artur Lima maneja pautas más que conservadora, subversivas, pues pretende encuadrar los demás poderes.
En la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado se ha aprobado Proyecto de Emenda Constitucional (PEC) que limita los poderes de los magistrados de la Suprema Corte (STF), y tanto en la Cámara como en el Senado las propuestas del gobierno para hacer con que el país camine se quedan trabadas esperando cargos o verbas para emendas parlamentarias. Aún las pautas sobre las cuales existe acuerdo no caminan.
Es un juego de irresponsables pues quiénes sufren es la nación porque paraliza las acciones del Poder Ejecutivo y crea inseguridad jurídica al insurgirse contra el Poder Judicial. Es difícil construir la democracia y aun el desenvolvimiento sin seguridad jurídica.
Luís Roberto Barroso, presidente del STF ha reaccionado a la PEC de los magistrados recordando que en reforma reciente el STF adoptó cambios parecidos y advirtió que nos es hora de revisar el Poder Judicial.
Aprobada em pocos segundos, sin cualquier discusión, la PEC trata de limitar las decisiones monocráticas (de un solo ministro) y restringe los plazos para pedidos de vista. Si aprobada, cualquier decisión de la Suprema Corte solo tendrá validad después de ser sometida a la apreciación de seis ministros.
El texto de la CCJ va a plenario, si aprobado tendrá de ir para a Cámara, teniendo que pasar por las comisiones regimentales. Si fuera modificada volverá para el Senado, pero si aprobada entra inmediatamente en vigencia. Para Barroso, la materia tiene que ser ampliamente debatida y el STF es parte de ese debate. Y tiene que ser oído.
Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, entiende que las decisiones monocráticas no puede suspender la eficacia de la Ley o un acto normativo, ni actos de los presidentes de la Cámara y del Senado, y del presidente de la República.
En la Cámara, desde septiembre, tramita PEC que permite a los legisladores derribar decisiones de la Suprema Corte que extrapolen los límites constitucionales. Una inversión del orden natural constituida, pues constitucionalmente es el STF que da la última palabra sobre impases constitucionales.
Artur Lira, presidente da Cámara dice que los poderes deben mantenerse en los límites constitucionales y que tiene certeza de que el Parlamento respecta y sigue la Constitución. Quiénes actúan monocraticamente, chantajeando al gobierno con el poder que tiene sobre la mayoría, es el proprio Lira, riéndose y burlándose de los preceptos constitucionales.
Rodrigo Pacheco complementa el pensamiento de Lira diciendo que pauta de costumbres, que divide a la sociedad, como drogas o aborto, deben ser “decantadas” en el Legislativo, y no decididas por el STF. Bien, pero si el Legislativo restringe derechos consagradas, le toca al STF manifestarse para garantizar esos derechos.
Son muchas las controversias ocurriendo entre el Poder Judicial y del Congreso, entre el Congreso y el Ejecutivo, y quién paga es la sociedad, pues como ya dijimos, es una cuestión de Seguridad Jurídica.
Un buen ejemplo de eso: el proyecto de Ley Presupuestaria de la Unión (LDO), que ya debería estar aprobada, es una cuestión estratégica que interesa a toda la nación, está trabado en el Legislativo porque los legisladores no están de acuerdo con el valor de la verba asignada al Fondo Electoral. La LDO prevé R$ 939,3 millones, monto considerado irrisorio e inviable para sustentar cualquier campaña.
El valor del Fondo Electoral en 2022 fue la cifra récord de R$ 4,9 mil millones, valor que no puede ser ultrapasado, pero el Congreso quiere más. Además de eses mil millones, el Fondo Partidario agregó más mil millones para la fiesta de los candidatos.
Controversias, contradicciones, impases entre los tres poderes está demostrando la falencia, la obsolescencia del pacto firmado en 1946, reafirmado en la Constitución de 1988, que ha creado la partidocracia y un sistema político electoral que vuelve el país ingobernable.
Es urgente pensar en una reforma que empiece con exigir que partidos políticos no sean meros medios para la conquista de un cargo, pero que tengan un proyecto de nación, una estrategia de desenvolvimiento, e una carta de principios que garantice un comportamiento ético.
Para entender mejor esa cuestión recomiendo mi libro A Governabilidade Impossível – Reflexões sobre a partidocracia brasileira, editorial Alameda, que fue hecho en pleno fragor de las campañas electores de 2018, como una advertencia de que era necesario reflexionar sobre el proceso electoral.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor da Diálogos do Sul y escritor.
Es autor de una vintena de libros en vários idiomas, destacamos las siguientes produciones:
• A Nova Roma – Como os Estados Unidos se transformam numa Washington Imperial através da exploração da fé religiosa – Appris Editora
• Resistência e Anistia – A História contada por seus protagonistas – Alameda Editorial
• Governabilidade Impossível – Reflexões sobre a partidocracia brasileira – Alameda Editora
• No Olho do Furacão, América Latina nos anos 1960-70 – Cortez Editora
