Por Gustavo Espinoza M.
El pasado 13 de abril, la III Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Lima encontró culpabilidad en la muerte del periodista Hugo Bustíos, fotógrafo de la revista Caretas al general EP en situación de retiro Daniel Urresti Elera, y lo condenó a 12 años de prisión. Actualmente el reo cumple su pena en un Centro habilitado como prisión privilegiada para los sentenciados de uniforme.
La decisión adoptada en forma unánime por los jueces Santillán, Mendoza y Maguiña busca poner fin al caso registrado el 24 de noviembre de 1988, cuando un destacamento militar de la base contra subversiva de Castropampa, en las cercanías de Huanta (Ayacucho), mató al hombre de prensa y dejó herido a quien lo acompañaba. Ambos, recibieron disparos y luego explosivos, que le quitaron la vida al hombre de prensa.
No ha sido fácil arrancar esta sentencia al Poder Judicial. Antes, hubo un proceso enredado que finalmente declaró inocente al acusado. Pero las irregularidades registradas en el juicio fueron de tal magnitud, que la Corte resolvió anular todo lo actuado y empezar de nuevo.
Este tribunal, entonces, dictó una sentencia que ha sido apelada, razón por la que el juicio definitivo, aún está pendiente. Quizá por eso continúa la discusión. Unos sostienen la culpabilidad del reo y aseguran que la pena dictada es incluso benévola; y otros, insisten en su inocencia.
Independientemente de uno u otro punto de vista, vale la pena mirar a trasluz de la resolución judicial el conjunto de hechos que derivaron en esa muerte, y el grado de responsabilidad que incumbe a la institución castrense y a la clase dominante. Para este efecto, resulta indispensable conocer lo ocurrido en nuestro país aquellos años.
Desde 1984 cuando al gobierno de Belaunde decidió “declarar la guerra” a la organización terrorista Sendero Luminoso y dispuso la intervención militar en Ayacucho y localidades aledañas; alrededor de 12 mil oficiales fueron enviados a lo que entonces se llamó “Zona de Emergencia” para realizar “operativos de pacificación”.
Desde ese instante, ocurrieron numerosas matanzas, todas las cuales fueron adjudicadas por el gobierno y la Prensa Grande, a la “actividad terrorista”. Así fue en Vinchos, Antasco, Saccsamarca, Huancasancos, Lucanamarca, Carhuanca, Soccos, Huayhao, Accomarca. Llocllapampa, Santa Rosa, Aucayacu, Pomatambo, Parcco Alto, Cayara, Callqui y muchos otros lugares. El denominador común de los partes militares y de las notas de prensa era simple: “un destacamento terrorista fue aniquilado luego de un enfrentamiento con la Fuerza Armada”.
Después, se sabría que nunca hubo enfrentamiento alguno, y que los muertos no eran terroristas, sino simples campesinos: hombres, mujeres y niños. Todo esto sucedió entre 1983 y el año 2000, en los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori. Púdicamente se llamó a esto, “el periodo de la violencia”. En verdad fue el periodo de la muerte.
En todos estos episodios el reglaje era similar: uniformados, o vestidos de civil, los militares ingresaban a las aldeas y cometían toda clase de atropellos contra los pobladores: quemaban, violaban, saqueaban, mataban. Y el argumento, era el mismo: “la estrategia anti terrorista”.
El episodio que derivó en la muerte de Hugo Bustíos, fue similar. El, viajó a Callqui donde fueron asesinados 5 “terroristas”. Bustíos comprobó que eran Pastores Evangélicos. El descubrimiento, selló su muerte. Cuando ella ocurrió, la información oficial le adjudicó el hecho a Sendero Luminoso.
Todas estas acciones tuvieron un mismo hilo. Respondieron al “modelo” trazado desde los Estados Unidos e implementado a través de su Agencia Central de Inteligencia –la CIA- esa estructura que según Phillip Agee, opera en todos los continentes y países con un sólo propósito, asegurar la preminencia norteamericana en el mundo.
La sentencia que condena a Urresti señala que el periodista fue asesinado por un Comando que operaba en la Base Militar de Castropampa: y no por Sendero Luminoso. También precisa la modalidad: les dispararon primero y luego les lanzaron explosivos para hacerlos volar por los aires, a fin que no quede huella del crimen. Urresti sabía quién era Bustios, y qué hacía por allá. El uniformado era un “S 2” es decir, Jefe de Inteligencia y Contra Inteligencia.
El tema de fondo, entonces no es si Daniel Urresti es o no culpable. El tema es quién, o quiénes diseñaron y ordenaron esta política de exterminio y de muerte que una vez más ha quedado comprobada. Cuando los jueces busquen responder a este interrogante, y pongan en el banquillo a los responsables, se habrá dado un paso realmente importante en la tarea de pacificar el país. Porque sólo así, será posible, hacer justicia.
Quizá si el mérito de esta sentencia del 13 de abril haya sido poner en evidencia y aceptar que este crimen formó parte de lo que se conoce como una sistemática política de exterminio diseñada y aplicada por la Fuerza Armada en estos años duros de la vida nacional.
Esta política fue reconocida y admitida por la Comisión de la Verdad, aunque ella lo hizo de manera tenue e incluso vaga; pero fue constantemente negada por la estructura castrense y por los voceros de la Clase Dominante.
Y lo trascendente del caso es que esta Resolución Judicial es dictada ahora en circunstancias en las que esta misma política se repite hoy, cuando se busca “terruquear” a todos aquellos que hacen resistencia al régimen imperante.
Así se trata hoy mismo en Ayacucho, Puno, Cajamarca y Lima a campesinos y mujeres, a jóvenes y ancianos, a pobladores de distintos confines de la Patria, a los que se niega derechos y se busca denigrar a cualquier precio.
Por lo demás, la sentencia tiene un mérito adicional: es el espejo en el que podrán mirarse los uniformados militares que hoy cumplen esos lineamientos de exterminio y muerte. Sus crímenes, no quedarán impunes (fin)