Héctor Vargas Haya
No pocos voceros de los medios de información incurren el garrafal error de repetir que en el Perú “La Democracia ha fracasado”. No fracasa lo que no existe, en otras palabras, en el Perú jamás la hubo, jamás funcionó. No bastan las elecciones, ni siquiera la libertad de prensa, las que, son sólo síntomas democráticos, como diría Jean Fancois Revel. Las convocan los tiranos, califas, sultanes y sátrapas, las convocó Hitler, autor del criminal holocausto, exterminio de millones de seres humanos. Las convocaron Piérola, Leguía, Benavides, Prado y Odría, solo en la contienda, después de deportar a su único contendor, Ernesto Montagne.
Las convocó el autócrata Fujimori, autor de la asonada de 1993. No lo es tampoco la vigencia de una Constitución Política, si ella no garantiza el estado de derecho de lo que debe ser y no de lo que es, sino del “deber ser”, sentencia de Montesquieu, en el Espíritu de las Leyes. No todo lo legal es justo, apodíctica definición del Digesto. No es suficiente la sola vigencia de una Constitución si no consagra el irrestricto respeto a los Derechos Humanos y si sólo es un reglado de abstrusos numerales discriminatorios y segregaciones, es decir inmorales. Es inadmisible el conflicto entre la ley y la moral. Sentencian André Hauriou, Jean Gicquel y Patrice Gelard, que el Derecho Constitucional no es verdadero si las leyes se apartan del irrestricto respeto a la moral y no garanticen los derechos fundamentales de la persona.
La sola expresión de Orden Constituido o Estado de Derecho no la garantiza si aún se admite usos y costumbres incompatibles con la dignidad humana, es decir con la moral. Hace unos doscientos años, en Estados Unidos era legal la esclavitud, abolida por Lyncoln. En el Perú, hasta la mitad del siglo XIX, los negros eran clasificados en terranovos, lucumés, mandingas, cambundas, carabalies, cangaes, chalas, huarochiris, congos y misangas, objetos de compra, venta y alquiler: era el llamado estado de derecho, durante medio siglo, hasta su abolición, en 1845, por el gobierno de Castilla. Durante 300 años, la “Santa Inquisición” perseguía a los remisos a portar los distintivos de la Iglesia Católica, y los sometía a crueles torturas. Eran prácticas primitivas que constituían el estado de derecho de aquella época.
La Constitución Política de 1933, vigente durante cincuenta y siete años, contenía normas contrarias a los Derechos Humanos, como el artículo 53° que proscribía a los partidos políticos, a criterio de los tiranos que vetaban a sus militantes impedidos de elegir y ser elegidos y hasta el derecho de ejercer funciones públicas.
Aún se consagran en el Perú leyes inmorales, integrantes del mal llamado e insultante estado de Derecho u orden constituido, como las siguientes:
1.- La que sólo reconoce a los servidores del hogar, el 50% de derechos de los demás servidores. El sólo hecho de bautizarlos como servidores del hogar, ya significa segregacionismo. Como todos los demás, son simplemente trabajadores.
2.- La ley que admite el negocio, llamado de “servicios”, alquiler a terceros de trabajadores contratados, para lucro de sus gestores.
3.- La evasión tributaria, por la vía de la “prescripción” que consiste en envejecer las deudas al Estado, para dejar de pagarla, cumplido el plazo establecido.
4.-La norma que bajo el epígrafe de “secreto de Estado”, legaliza adquisiciones de material bélico libres de fiscalización, bajo el pretexto de evitar que se informen los vecinos, como si no estuviésemos en la era del portento de las informaciones por las que nada es secreto y las noticias se propalan en cuestión de segundos. El quid de tal secreto es el de las adquisiciones sobrevaluadas y el consiguiente enriquecimiento ilícito.
5.- El apoyo a un sola religión, en desmedro de las demás confesiones, mediante norma constitucional, por la que se desdice de la pregonada condición de Estado laico.
6.- El libre consumo de droga a los adictos, no obstante que su elaboración está prohibidas, pues convierte a los drogadictos en cómplices de los traficantes.
7.- El voto obligatorio, constitucionalmente estatuido, al mismo tiempo como, inaceptable la dicotomía: derecho y deber. Si se trata de un derecho, lo democrático es que el voto sea voluntario y sólo sufraguen los ciudadanos que deseen intervenir en la actividad política y militen en partidos organizados.
9.- La que privatiza derechos a la salud, educación y la seguridad social a tiempo de la renuncia por parte del Estado de lo que es su perentoria e irrenunciable obligación.
Tienen razón los escépticos, en no creer en la democracia, víctimas de injusticia, carentes de los más elementales medios de vida civilizada y sólo obligados a elegir autoridades y pagar tributos por servicios que no reciben y es que la democracia no es sólo un enunciado. Platón la definía como la dorada y dulce tiranía de la ley. Para Montesquieu, no es posible en una colectividad de habitantes embrutecidos por carencia de educación, incapaces de elegir correctamente a sus autoridades. No supone libertinaje propio de demagogos como Pisístrato, adulador de la plebe. La Democracia no admite calificativos de adolescente, incipiente, social, económica y otras, ella es o no es. Y cuando se instala no hay fuerza capaz de destruirla.
No hay democracia sin justicia y si prevalece la impunidad. No la hay sin partidos políticos, entendidos en el real concepto.
La democracia es la suprema etapa de una sociedad educada, condición que en el Perú está muy lejos. Es la última etapa de la civilización, es el supremo mandato de la soberanía popular, y tal como sentenciaba el gran educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, si el pueblo es el soberano, “hay que educar al soberano”,
No se da en una población plagada de analfabetos, tanto absolutos como funcionales, no es propia del subdesarrollo, aunque haya riqueza material y si aún subsisten leyes segregacionistas. No hay democrática en una sociedad desordenada, sin justicia y en la que prima la impunidad. Su característica es la rigidez con que se acatan las leyes, expresión de cultura y civismo, producto de la educación, desvelo del gran educador y estadista. Domingo Faustino Sarmiento, quien sostenía que si las elecciones ciudadanas son las bases de la Democracia, y si ella depende de la soberanía ciudadana “hay que educar al soberano”. (FIN)
