J
El problema es muy serio. La Institución es ininputable. “Cómo punir la institución? Solo con disolverla
Paulo Cannabrava Filho*
Está ocurriendo en Brasil una judicialización de la Política y una politicialización de la Justicia. Hemos tenido que inventar una palabra nueva para describir lo que ocurre en la Política con el poder judicial enarbolándose en poder político; ocurre de la misma forma en la política enarbolándose en poder judicial.
Esa ocurrencia está en la raíz de la inseguridad jurídica que tanto daño ha causado al país. Episodios como el “mensalão, Operación Lava Jato, son típicos. No es normal, pero en el momento, de transición del poder de los militares para los civiles, eso ocurre obligado por las circunstancias, como necesaria, diferente de las demás ocasiones en que hizo parte de las tácticas de guerra cultural, guerra psicológica, guerra híbrida, en que la guerra judicial (lawfare) gana protagonismo.
El Procurador General da República, abogado Augusto Aras engavetar 107 pedidos de investigación contra el presidente de la República, o Artur Lira, presidente da Cámara de Diputados retener más de 100 pedidos de Impeachment es política se imponiendo sobre la justicia, como también lo es imponer el dominio del facto como teoría para condenar sin pruebas.
Y sabemos todos, comprobados por los hechos, que sin seguridad jurídica no hay democracia ni desarrollo posible. Por eso, los señores del imperialismo han inventado una fórmula nueva de golpe de Estado, llamada lawfare, guerra judicial. Utilizando jueces derrocaron un gobierno e instalaron otro sin precisar de los generales para dar un tiro.
El lawfare es precisamente eso. Hacer de la justicia un arma política para imponer su hegemonía, poner y sacar gobiernos, desestabilizar, implantar el caos.
La confusión política y judicial que estamos vivenciando solo se resuelve con las instituciones funcionando normalmente, con respeto a la Constitución y Códigos complementares, el andamiaje legal del Estado. Depende, por lo tanto, que la derecha acepte las reglas. Ya hay sectores convencidos de que las reglas precisan ser seguidas para que el Estado vuelva a funcionar. Pero siguen existiendo sectores contrarios a los cambios, civiles y militares, con prevalencia militar y de algunas denominaciones religiosas, evangélicas neo-pentencostales.
Para alcanzar la seguridad jurídica necesaria la justicia precisa ser igual para todos. Parece una frase desusada, enfatización del obvio, pero llegamos al estado de inseguridad precisamente porque la Justicia fue justa con algunos, indulgente con otros, injusta para tantos. Ser indulgente es ser cómplice.
Vale recordar algunos de los momentos que antecedieron la farsa electoral de 2018, que “legitimó” la captura del poder por militares de las fuerzas armadas. No hay como exentar el poder judicial de la responsabilidad de haber mantenido Lula fuera de la disputa, facilitando al extremo la captura del poder por los militares por medio de la farsa electoral de 2018.
En 2017, plena campaña electoral y hasta antes, militares de la activa e retirados predicaban el golpe, amenazaban con guerra civil si Lula venciese el pleito. Ninguno de ellos fue siquiera indiciado para ser juzgado y condenado por varios crímenes contenidos en la actitud. Oficiales de alto rango llevaron Bolsonaro, candidato, a hacer proselitismo electoral dentro de los cuarteles y academias y nada sucedía. Se han acostumbrado, la impunidad se volvió un hábito, práctica diaria desde la transición de 1988, agravado en los cuatro años de gestión de los militares en el poder. Apeados del poder, siguen apostando en la impunidad, burlando las leyes, violando la Constitución.
Esa certeza de impunidad ha llevado los oficiales de más alto rango a involucrar las fuerzas armadas, la institución armada del Estado, en los intentos golpistas que culminaron con los actos de depredación y terrorismo el 12 de diciembre y ocho de enero. El problema es muy serio. La institución es inimputable. ¿Cómo punir a la institución? Solo deshaciéndola.
Liquidar con esa institución nacida para ser guarda pretoriana sería lo ideal. Hacer una nueva bajo los principios del derecho, para ser guardiana de la independencia y la soberanía. Pero, no habiendo condiciones para eso ¿qué hacer?
Punir selectivamente, quiénes más se expusieron y más actuaron en la movilización de los demás oficiales es obligación del Estado. No hacerlo es estimular la continuidad de la ilegalidad. Tiene que ser acto del comandante en jefe de todas las fuerzas militares o civiles, o policiales, que es el Presidente de la República. El presidente ordena, los militares cumplen; si no cumplen, tienen que ser punidos. Es la regla.
Paralelamente trabajar para que se generalice el sentimiento patrio, de la patria soberana de todos. Llevar la verdad el pueblo. La única manera de enfrentar las narrativas impuestas por la derecha es llevando la verdad al pueblo. El sistema de comunicación e inteligencia trabajando bajo la bandera de la liberación nacional.
*Paulo Cannabrava Filho, periodista, editor de Diálogos do Sul y escritor.
Autor de unos veinte libros en varios idiomas, destacando las siguientes producciones:
A Nova Roma – Como os Estados Unidos se transformam numa Washington Imperial através da exploração da fé religiosa – Appris Editora. Resistência e Anistia – A História contada por seus protagonistas – Alameda Editorial – Governabilidade Impossível – Reflexões sobre a partidocracia brasileira – Alameda Editora. No Olho do Furacão, América Latina en los años 1960-70 – Cortez Editora
