DECLARACION DE LA CGT DE FRANCIA
Movilizaciones en Perú:
¡Apoyo al pueblo peruano frente a la sangrienta represión!
Desde la destitución del presidente Pedro Castillo, Perú atraviesa una crisis social y política que ya se ha saldado con 50 muertos y más de 600 heridos por las fuerzas represivas, por no hablar de la persecución de los dirigentes sindicales, sociales y políticos que protestan.
El 7 de diciembre, Castillo intentó, en medio de la incomprensión general, disolver el Congreso para poner fin a la parálisis institucional que había ahogado la cada vez más inestable política nacional desde su elección en julio de 2021.
El intento resultará contraproducente, ya que el Congreso -de mayoría derechista y ultraderechista- selló un acuerdo político con la vicepresidenta Dina Boluarte (del mismo partido que Castillo, Perú Libre), y se hizo con el control del país. Castillo fue detenido y encarcelado ese mismo día cuando se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo político.
El ejército y la policía se pusieron inmediatamente, y no es de extrañar, del lado de la coalición del Congreso.
Este antiguo sindicalista había sido elegido con el apoyo masivo de las poblaciones de las regiones andinas, de las que él mismo procede. Esas regiones pobres y rurales del sur y el este del país están históricamente infrarrepresentadas en el sistema político peruano, plagado de racismo y desprecio de clase por parte de las élites limeñas.
Su elección se produjo en un contexto de indecentes desigualdades sociales y territoriales, y de una violenta epidemia de Covid con la tasa de mortalidad más alta del mundo (6,8 muertos por 1000 habitantes). Pero Castillo nunca consiguió estabilizar su poder, y realizó más de 70 cambios de ministro y 5 de primer ministro en apenas 18 meses, con alianzas variables que le llevaron a perder parte de su apoyo inicial.
Dos avances importantes para el mundo del trabajo Varias grandes promesas de campaña no pudieron cumplirse: la «segunda reforma agraria» de un mercado agrícola sometido a los dictados de los grandes comerciantes, insostenibles para el campesinado; o el proceso constituyente que debía revertir la constitución neoliberal instaurada en tiempos de la sangrienta presidencia de Fujimori (70.000 muertos en los años 90).
No obstante, en 2022 se promulgaron dos decretos legislativos que hubieran supuesto avances positivos para los trabajadores y los sindicatos. El primero se refería a la limitación de las posibilidades de externalización de la actividad de las empresas. Los empresarios peruanos han hecho un uso excesivo de este proceso, llegando incluso a externalizar parte de la mano de obra vinculada a la actividad principal.
Un rompecabezas de estatutos que introduce desigualdades cada vez mayores en los salarios, el acceso a los derechos -sobre todo sindicales- y los contratos temporales entre empleados. Para la CGTP Perù, este decreto hubiese puesto «freno al uso fraudulento de la ley y al recurso abusivo a la externalización».
El segundo decreto, aún más importante, hubiese permitido un acceso más amplio a un trabajo más decente y mejor considerado, desbloqueando el ejercicio de las libertades sindicales en tres aspectos fundamentales como son: una mayor facilidad de afiliación y constitución de sindicatos (incluida la posibilidad de constituir sindicatos a nivel de grupo y de sus subcontratistas); el reforzamiento de la negociación colectiva por rama de actividad y el derecho de los trabajadores a ser informados sobre esas negociaciones; enfin, el restablecimiento del derecho de huelga y la mejora del procedimiento de arbitraje (que lo limitaba), frente a una situación anterior en la que el 92% de las huelgas se consideraban ilegales.
La patronal y la derecha peruana se levantaron en armas contra estas dos medidas e intentaron, sobre todo mediante leyes en el Congreso, limitar su alcance. Esta ofensiva ya había dado lugar a importantes movilizaciones a iniciativa de un gran grupo intersindical el pasado mes de septiembre. Después del golpe: una poderosa movilización sometida a una represión sangrienta y total
Si el nivel de desaprobación de Castillo era fuerte en el país (61% según el Instituto Peruano de Estadística), su destitución por la alianza entre su vicepresidente y la mayoría del Congreso fue desaprobada por amplios sectores de la población.
Hoy en día, más del 88% de la población rechaza la actuación del congreso y el 71% quiere la dimisión de Dina Boluarte. Se ha iniciado una fuerte movilización en las regiones del sur y el este del país (Puno, Cuzco, Apurimac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho), antes de extenderse gradualmente al resto del territorio.
La respuesta del gobierno de transición ha sido extremadamente violenta, con más de 50 muertos y 600 heridos, lo que aumentó aún más la ira de la población. Se ha declarado el estado de excepción, que limita drásticamente las libertades democráticas, y se ha detenido arbitrariamente a decenas de líderes de movimientos sociales.
El movimiento sindical también ha sido duramente golpeado: se ha ordenado la incautación de locales sindicales sede de la «Asamblea Nacional de los Pueblos»; el secretario general de la CGTP, San Martín, fue detenido junto a 14 dirigentes durante una manifestación contra el régimen de Boluarte; así como el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, dirigente que encabezó la lucha de los trabajadores del valle de Tambo contra el contaminante proyecto minero Tía María.
Hoy, los dirigentes nacionales de la CGTP Perù, principal organización sindical del país, están en el punto de mira.
El 19 de enero, la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos (coordinación de diversos sectores del movimiento social y organizaciones campesinas) convocaron a una gran huelga nacional.
Más de un centenar de cortes de carretera bloquearon el tráfico en todo Perú, principalmente en el sur, epicentro de la protesta, pero también en los alrededores de Lima, mientras que en todas las comunidades del sur y el este del país se organizó una marcha de decenas de miles de manifestantes que acudieron a la capital para unirse a la mencionada manifestación.
La CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) piden la destitución de la Presidenta, la disolución del Congreso, elecciones generales anticipadas en 2023 y la puesta en marcha de un proceso constituyente. La CGT francesa expresa su solidaridad con el pueblo peruano y el movimiento sindical frente a la represión.
La CGT apoya plenamente las justas reivindicaciones de la huelga nacional del 19 de enero, única vía para restablecer la calma y avanzar hacia una mayor justicia social. Estamos con los trabajadores peruanos y coreamos con nuestros compañeros de la CGTP Perù: «Sólo la fuerza del pueblo organizado, de la clase obrera organizada, de los trabajadores organizados podrá detener esta carnicería».
Montreuil, 20 de enero de 2023
