Editorial de La Jornada, Domingo, 15 de enero de 2023
Decenas de miles de personas protestaron ayer en Israel contra la
pretensión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el
sistema jurídico para debilitar al Poder Judicial con medidas como
permitir que el Parlamento anule sentencias de la Corte Suprema y
controle el nombramiento de los jueces.
Las medidas que el político fascista intenta aprobar a sólo unos días
de haber comenzado su sexto mandato (es quien ha encabezado el
Ejecutivo israelí más veces y por más tiempo) se leen como una
venganza por las múltiples investigaciones abiertas en su contra por
su notoria corrupción, y debido a las cuales enfrenta acusaciones de
cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos. Al mismo tiempo,
constituye una descarada maniobra para garantizarse impunidad a sí
mismo y a su gobierno integrado por criminales: su ministro de Salud y
Asuntos Interiores, Aryeh Deri, fue condenado por fraude fiscal;
mientras el titular de Seguridad Nacional, encargado de la policía en
Israel y en la Cisjordania ocupada, Itamar Ben-Gvir, fue condenado por
incitar a la violencia contra los árabes. La ley establecía que una
persona condenada no puede estar el frente de ningún ministerio, pero
tras su triunfo electoral la coalición de ultraderecha que llevó al
poder a Netanyahu cambió las normas para nominar a los cargos públicos
a estos siniestros personajes.
La oposición advierte que la reforma pone en jaque la división de
poderes y la democracia israelí, pero de lo que no cabe duda es de que
se trata de una cuestión de vida o muerte para 5 millones y medio de
personas: los palestinos que habitan en Cisjordania, la Franja de Gaza
y Jerusalén Este, cautivos en su propia tierra por la política
colonial de Israel. Hasta ahora, la Corte Suprema ha jugado un papel
importante, aunque insuficiente, en contener a los sectores más
abiertamente fascistas de la población y la clase política, quienes
pugnan por la ocupación total de los territorios palestinos y
defienden sin tapujos la política de apartheid y la limpieza étnica.
Con el asalto de Netanyahu, podría materializarse la visión de su
partido, el Likud, y de las formaciones incluso más extremas que lo
acompañan de imponer el derecho exclusivo e inalienable del pueblo
judío en todas las partes de la tierra de Israel mediante la expansión
de los asentamientos ilegales en suelo palestino.
Es imposible exagerar el talante racista, antiárabe y militarista del
más radical de los gobiernos de ultraderecha de la historia de Israel,
así como la absoluta indiferencia de susintegrantes ante las vidas
palestinas, hoy amenazadas directamente, tanto por las fuerzas armadas
regulares como por las organizaciones sionistas y los colonos que
perpetran ataques contra las familias árabes a sabiendas de que
cuentan con la complicidad de todo el aparato del Estado. Sin importar
el futurode la reforma judicial empujada por Netanyahu, la comunidad
internacional debe hacer a un lado una actitud hacia Tel Aviv, que va
desde la colaboración delictiva de Washington a todos los matices de
la simulación, y unirse para poner freno a los crímenes de guerra
perpetrados contra el pueblo palestino.
