Editorial de la revista MARKA
Los más recientes acontecimientos ocurridos en el escenario político nacional nos permiten avizorar un grave peligro en ciernes: el advenimiento de una dictadura militar ofertada al país bajo el pretexto de restaurar la gobernabilidad y generar condiciones para el desarrollo normal de la vida pública.
En realidad, seria esa una manera práctica de deshacerse del gobierno de Pedro Castillo instaurando, a cambio, un régimen formalmente “constitucional” que permita una “salida democrática” a la crisis.
El mecanismo es simple, y la elección del general José Williams Zapata lo ha puesto en funcionamiento de manera sorpresiva y sigilosa.
Se trataría, en efecto, de “vacar” al Jefe del Estado y a su Vice Presidenta, Dina Boluarte, para asegurar una “continuidad legal”. El titular del Congreso asumiría la Presidencia de la República, instaurando una gestión que contaría con el apoyo inmediato y resuelto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.
El “nuevo régimen” se comprometería a luchar contra la corrupción -“venga de donde venga” – asegurando la voluntad sancionar a quienes se hubiesen visto envueltos en denuncias de este corte.
En realidad ese propósito fue buscado por la derecha más reaccionaria para imponerlo en el país contrariando la voluntad ciudadana, desde junio del año pasado. A ese esquema respondieron las sucesivas marchas hechas ante la sede del Ministerio de Defensa en la Avenida de la Peruanidad, y que no entrañaban más propósito que tocar la puerta de los Cuarteles, desconociendo la voluntad popular.
Si ese objetivo no prosperó, ellos bien puede atribuirse al acelerado desprestigio de las estructuras políticas de la ultra derecha, empeñadas en defender a sangre y fuego el “modelo” Neo Liberal y los intereses y privilegios de la renacida oligarquía nativa.
Nadie, en su sano juicio, habría apoyado en el país un Golpe de Estado orientado a burlar la voluntad registrada en las ánforas. Peor aún, nadie habría estado dispuesto a entregarle aunque fuese transitoriamente la conducción del Estado a las fuerzas reaccionarias identificadas con la Mafia Fuji-.aprista que el Perú detesta. Cualquier intento signado por ese orden de cosas, habría sido masivamente rechazado, como ocurriera en noviembre del 2020.
Cuando la ultra derecha se propuso derribar a Pedro Castillo valiéndose para ello de sus flaquezas y debilidades, la respuesta ciudadana no se hizo esperar: ¡que se vayan todos, entonces, y que se convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias!. En la calle, el común de la gente hizo mofa, burlándose de María del Carmen Alva y de Lady Camones, las sucesivas titulares del Poder Legislativo que se veían ya con la Banda Presidencial cruzada al pecho.
Y la sola posibilidad esa esa idea, entumecía a las instituciones castrenses, que no mostraban la menor voluntad de sumarse a una aventura de ese signo.
Incluso Washington, bajo el liderazgo de Joe Biden, vio con escepticismo una alternativa de ese corte porque no se mostró dispuesto a jugarse una carta decisiva para entregarle la conducción del Estado a Keiko Fujimori y su pandilla, o a los colectivos ultra reaccionarios y Neo Nazis, que asomaron a su sombra.
Pero la censura de la Presidenta de la Cámara, y la elección de un general retirado para el desempeño de ese cargo, bien podría modificar radicalmente el esquema.
Es posible, en efecto, que la Casa Blanca muestre interés en una alternativa de este corte y pretenda usarla como una manera de quebrar al gobierno constitucional peruano -en el que tampoco confía- y reemplazarlo por una carta que bien podría considerar más potable: un gobierno presidido por un General de Ejército que cuente con el respaldo de los uniformados.
Es claro que este juego no podría llevarse a la práctica sin la complicidad y el beneplácito de la ultra derecha. Menos aun, sin su colaboración activa. Por eso le ha sido entregada a Lady Camones la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, encargándole que “a la mayor brevedad” emita dictámenes contra Dina Boluarte y Pedro Castillo, posibilitando la Vacancia sucesiva de la Vice Presidencia y de la Presidencia de la República, a fin de habilitar al titular del Congreso –el general Williams- para que asuma la función de Gobierno.
Aleatoria sería, en tal caso la continuación, o no, del actual Congreso de la República. Si la protesta ciudadana fuera intensa, se podría dar por concluida la función legislativa; o esta podría ser mantenida si se lograra contener la ira pública.
Un gobierno así instaurado, sin embargo, bien podría optar por no adelantar los comicios del 2026, sino “completar el periodo”, para realizar elecciones en un “nuevo escenario” y con otras normas electorales que se adecúen mejor a los intereses de la reacción. Bien podría por ejemplo dictarse disposiciones que inhabiliten a los candidatos, o partidos, presuntamente “vinculados al terrorismo”. Y es claro, que ese tal “vínculo” bien podría construirse mediante normas y procedimientos diseñados en laboratorio.
Para el gobierno de los Estados Unidos es muy importante el desenlace del proceso peruano. Sobre todo en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar en Brasil.
Por lo pronto, la administración Biden mira con desconfianza al sur del continente, e incuba la ilusión de promover una ruptura entre el Presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista de Chile, al que teme; busca de librarse de Cristina Kirchner en Argentina y aislar a Bolivia; al tiempo que pretende debilitar a cualquier precio a Gustavo Petro, el nuevo mandatario de Colombia. En síntesis, Washington tiene una estrategia global de dominación, a la que los pueblos deberán responder con firmeza.
En lo que se refiere a nosotros, los peruanos, la voz de alerta no será nunca suficiente. A ella hay que sumar un claro llamado a la unidad, y un activo grito de combate.