HONDURAS: GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO AVANZA POR UN CAMINO MINADO


Un recorrido por lo que fueron los primeros cinco meses del gobierno
hondureño. La pesada herencia, los avances concretados y los desafíos
más urgentes de la nación centroamericana

POR GIORGIO TRUCCHI – 17 DE JUNIO DE 2022  Alai

El 27 de enero, Xiomara Castro asumió el cargo de presidenta de Honduras. Un discurso vibrante el suyo, donde dejó en claro que iba a recibir un país en bancarrota, saqueado, con una deuda que
suma más de 20 mil millones de dólares, y con una estructura clientelar
prácticamente intacta de corrupción e impunidad, que en los últimos 12
años ha venido copando espacios públicos y privados

Un pueblo devastado por la pobreza –casi el 74% de la población y con el 50% en miseria absoluta– y la desesperanza.

Una cantidad creciente de personas con la mirada puesta hacia el norte, no tanto atraídas por
el “sueño americano”, sino huyendo de la miseria, la violencia y la
falta de oportunidades.Un pueblo que, a pesar de todo, decidió salir masivamente a votar en
noviembre del año pasado para castigar a los continuadores del golpe,
a los carniceros de cuello blanco, a los ladrones y corruptos que
pusieron en venta el país, sus mejores tierras, los bienes comunes, la
soberanía y la dignidad misma de nación.Un voto también por el cambio, por la esperanza de que una Honduras
diferente aún es posible.

Un voto para la mujer que se fajó en las calles, junto a su pueblo, contra la ruptura del orden
constitucional, el derrumbe de la democracia, contra balas y toletes, militares y
policías, denunciando detenciones ilegales, represión física y
psicológica, desapariciones, torturas y asesinatos.

Muy altas las expectativas de un pueblo herido, desilusionado de la
política y los políticos tradicionales. Nutridas las promesas de Xiomara Castro

En mayo, casi cuatro meses después de asumir el cargo, la presidenta hizo una primera evaluación de las cosas hechas, de las dificultades enfrentadas, de los retos y desafíos futuros.“
Con responsabilidad he asumido el reto de dirigir Honduras, un país sometido por una
narcodictadura violenta y corrupta, que entregó todo
el control del Estado a la oligarquía, a cambio de su silencio
cómplice, frente al desmantelamiento de nuestra patria”, dijo la
presidenta en cadena nacional.

“Nos anticipamos a las fuerzas más oscuras y a los sectores más
conservadores y extremistas de Honduras, que pretendieron asestarnos
un golpe tempranero tomando el control del Congreso, pero fracasaron
gracias a la movilización popular que me acompañó a defender lo que
ganamos abrumadoramente en las urnas”, agregó.

El llamado a la unidad como elemento fundamental e imprescindible para
hacerle frente a la ofensiva de los sectores más retrógrados y
reaccionarios de la sociedad hondureña e impulsar la refundación del
país, ha caracterizado la acción política del nuevo gobierno, en
especial de la mandataria.

Pese a las diferencias y conflictos que existen dentro del oficialista
Partido Libertad y Refundación (Libre), la bancada parlamentaria de la
primera fuerza política del país parece haber encontrado cierta
estabilidad.“Unidad interna y alianzas parlamentarias permitieron avanzar en el
cumplimiento de algunas de las promesas electorales”

De hecho, este 14 de junio, diputados y diputadas se reunieron con la
presidenta Xiomara Castro y con el coordinador de Libre, Manuel
Zelaya, para reafirmar que la unidad colectiva y partidaria es la
misma que se forjó durante la lucha de resistencia contra el golpe de
2009.

Asimismo, aclararon que en el Congreso no existe una bancada
independiente dentro de la bancada de Libre –como ventilaron algunos
medios de comunicación– y reafirmaron su total e incondicional
respaldo al gobierno presidido por Castro.Unidad interna y alianzas parlamentarias permitieron avanzar en el cumplimiento de algunas de las promesas electorales.Desmontando la dictadura

Se aprobó la Ley de Amnistía[1], facilitando la excarcelación de
presos políticos y el regreso al país de decenas de exiliados, se
condenó de manera oficial el cruento golpe de 2009, y se reconoció la
responsabilidad del Estado en casos emblemáticos como los asesinatos
de Vicky Hernández[2] (2009) y Herminio Deras[3] (1983), iniciando un
proceso de reparación para las víctimas.Para el Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las nuevas autoridades están demostrando a la sociedad
hondureña y la comunidad internacional la voluntad política para
generar un cambio estructural en el abordaje del tema de los derechos
humanos y la memoria.

También se creó la Secretaría de la Mujer y se está avanzando para la
aprobación consensuada con las organizaciones de mujeres y feministas
de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.Asimismo, se derogó la Ley de Empleo por Hora, que durante ocho años ha profundizado la desregulación del mercado del trabajo,
institucionalizando la precarización laboral, promoviendo nuevas formas de acumulación capitalista y generando un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales[4].

De igual forma se derogaron todas las normas y reformasconstitucionales relacionadas con las
cuestionadas Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) y su ley orgánica[5], así como la
polémica Ley de Secretos Oficiales.

Se reformó y se aumentó en más de 2 mil millones de dólares en el
presupuesto general, privilegiando la inversión en gasto social, en
especial salud, educación y programas de compensación social, y la
generación de puestos de trabajo.

Se impulsó la liquidación gradual de los contratos de fideicomiso y
las alianzas público-privadas, usadas por los gobiernos continuadores
del golpe como herramientas jurídicas para privatizar las finanzas
públicas, en el marco de negocios oscuros que lesionaron severamente
los intereses del Estado hondureño.

En este sentido, ya se solicitó al Congreso un nuevo decreto que
permita la cancelación de fideicomisos y que reintegre los fondos a
las arcas del Estado, al tiempo que se comenzó a suprimir “las capas
de administración pública inoperantes que sirvieron al manejo oscuro
de la cosa pública”, detalló la presidenta.

Para enfrentar la grave crisis económica, el gobierno de Xiomara
Castro inició un programa de subsidio de los combustibles y de la
energía eléctrica, beneficiando a 1.3 millones de familias. También se
dio a la tarea, para nada fácil, de rescatar la empresa pública de
energía (ENEE), sometida durante más de doce años a un despiadado
saqueo, y se aprobó una nueva ley que reconoce la energía eléctrica
como bien público de seguridad nacional y un derecho humano.

También se autorizó al Banco nacional de desarrollo agrícola
(Banadesa) a colocar 40 millones de dólares en créditos para unos 7500
pequeños productores agrícolas a tasas reducidas de interés. Vale la
pena recordar que Banadesa estuvo a punto de ser liquidado por el
régimen de Juan Orlando Hernández por su elevada mora.

Finalmente, se creó la Secretaría de transparencia y lucha contra la
corrupción, se inició el diálogo con Naciones Unidas para la
instalación de una Comisión internacional contra la impunidad en
Honduras (CICIH), una de las más sentidas demandas del pueblo
hondureño, se otorgaron amplias facultades y autonomías a la Unidad
fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) y se creó en
el Congreso Nacional una Comisión Anticorrupción.

Varias fueron también las medidas tomadas en materia de salud,
educación y defensa del medio ambiente, como la creación de
“batallones verdes” para la defensa de las reservas forestales y el
combate a la tala ilegal de bosques.

“Es como caminar por un camino minado, pero avanzamos. Este modelo
privatizador y de acumulación de riqueza más despiadada vive su fase
más salvaje que lo destruye todo. Son capaces de hacer lo que tengan
que hacer para asegurar sus ganancias.He recibido un país en ruina y estoy construyendo la base
del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia.

El futuro es nuestro, nada es inmutable, la historia la hacen los
pueblos, en dialéctica y siempre tiende hacia la liberación de lo más
postergado”, sentenció la presidenta Castro.“

El nuevo gobierno se encontró a una Estado totalmente
desnaturalizado, es decir que no cumple con sus funciones sociales a
favor de la población, sino que se ha convertido en una maquinaria
para enriquecer aún más a las clases dominantes.

Estamos hablando de la nueva oligarquía nacional, vinculada
principalmente al capital transnacional colombiano, israelí y
estadounidense, y a sectores de la política tradicional corrupta”,
explicó Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente de Libre.

“La corrupción está estrictamente vinculada al sistema y modelo
capitalista. Se estima que por la corrupción se pierden, cada año,
algo como 3 mil millones de dólares, es decir casi el 33% del
presupuesto general”, añadió.

“Combatir este estado de cosas es imprescindible, aunque nos lleve en
rota de colisión con la oligarquía y el gran capital. El gobierno,
solo, no va a poder. Necesita de todo el apoyo posible”, advirtió Ríos
Munguía.

Muchas expectativas

“Las expectativas en la población son muy grandes y las respuestas
hasta el momento se han enfocado en desmontar el sistema que dejó el
régimen de Juan Orlando Hernández, en borrar el anclaje de la
dictadura”, dijo el catedrático Eugenio Sosa.

“Además de varias leyes que fueron derogadas, se va a intervenir para
renegociar los contratos con las empresas térmicas o generadoras de
energía, que aprovecharon de la red de corrupción pública después del
golpe de 2009. Esto va en la lógica de desmontar el aparato de la
dictadura”, agregó.

Sin embargo, asegura el también director del Instituto nacional de
estadística (Ine), la expectativa más grande está en lo que se va a
hacer para enfrentar y resolver los grandes problemas del país, en
especial dar respuesta a la demanda urgente de empleos dignos y
enfrentar la inseguridad y la violencia.

“La gente se encuentra entre la desesperación por la situación
económica y social y la esperanza política de que va a haber un cambio
real. Se percibe que sigue dándole el respaldo a la presidenta, con la
expectativa de que, una vez enfrentada la fase más difícil, pueda dar
señales más fuertes, más contundentes”.“

La realidad –continuó Sosa– es que Xiomara (Castro) ganó la
presidencia, pero la oligarquía sigue teniendo el poder y está lista
para querer imponer límites al gobierno, si tan sólo trata de quitarle
privilegios. Lo hemos visto en los días pasados cuando se tocó el tema
energético”.

Para Sosa, los próximos meses serán cruciales.

“Se viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y la del Fiscal General. Se necesita una mayoría calificada
de los dos tercios de los diputados, y no va a ser fácil convencer a
los miembros de los partidos tradicionales. Tampoco hay votos seguros
para promover consultas populares”.

Además, hay hilos, mecanismos y actores del antiguo régimen que
todavía están vivos y activos, trabajando para boicotear cualquier
intento de promover verdaderos cambios estructurales.“Pareciera que radicalizar y profundizar el cambio en este momento aún no es posible. Todavía estamos amarrados y no tenemos la fuerza
política para hacerlo.En este sentido –continuó Sosa– será clave hacer una reingeniería del
aparato administrativo estatal y tomar el control de las
instituciones, donde la mayoría de cuadros intermedios todavía
responde a los intereses del antiguo régimen”.

“Los ministerios están copados de gente joven, de personas que vienen
de la lucha contra el golpe y contra el régimen de Juan Orlando
(Hernández).

En la medida que este gobierno logre afianzarse, podrá
mostrar su verdadero rostro y su capacidad operativa”, explicó Ríos
Munguía.Aciertos y desafíosEl Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) hizo público el
documento “Cuatro meses de gestión: aciertos y desafíos del gobierno
de Xiomara Castro”, donde se da una primera valoración centrada en
temas torales como, por ejemplo, estado de derecho y derechos humanos,
transparencia y lucha contra la corrupción, justicia ambiental.

Cespad valoró como positivo el esfuerzo del nuevo gobierno por
modificar las prioridades nacionales, fortaleciendo el rol del Estado
en el desarrollo nacional, revirtiendo la privatización de los bienes
públicos y recuperando el gasto social.

Al mismo tiempo, mostró preocupación por el alto nivel de la deuda
pública y del gasto militar, así como por “los débiles signos hacia la
desmilitarización del Estado y la sociedad”.

El informe evidenció “avances notables en el área de anticorrupción y
transparencia”, así como en la “gestión territorial y ambiental”. Sin
embargo, señala también la necesidad de impulsar rápidamente “acciones
políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política
extractivista del despojo del territorio y la política agraria de
concentración de la tierra”.

En cuanto a derechos de las mujeres, Cespad insta a las nuevas
autoridades a establecer “una ruta estratégica para ir convirtiendo en
políticas públicas y acciones afirmativas las demandas históricas de
las mujeres”

Entre los grandes desafíos de la nueva administración Castro, el
informe destaca la renegociación de la deuda pública y la reducción
del gasto militar, más recursos para la inversión pública y para
enfrentar las grandes problemáticas que atañen los sectores
históricamente excluidos de la sociedad hondureña.

Asimismo, avanzar en la transformación, democratización y
desmilitarización del Estado y la sociedad, realizar una reforma
agraria con enfoque de género, proceder con el desmontaje de la
normativa y del modelo extractivista y avanzar en el establecimiento
de un sistema de justicia independiente, entre otros puntos.

Poder popular

Según Ríos Munguía, para el gobierno es fundamental trabajar tres ejes
estratégicos: el fortalecimiento del partido y su estructura a nivel
nacional, mantener alianza multipartidista hasta donde sea posible y
fortalecer la relación, colaboración e intercambio con el movimiento
social y popular”.

En diciembre del año pasado, previo a la toma de posesión de Xiomara
Castro, la Comisión de Transición instaló varias mesas donde
diferentes sectores de la sociedad hondureña presentaron sus
demandas[6]

En especial, la Comisión de Transición para movimientos sociales
abarcó tres ejes: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y
campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua,
ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del
ambiente, tierra y territorio

De estos encuentros se sistematizaron 33 propuestas y se pasó a la
fase sucesiva, es decir la búsqueda de las herramientas legales y
fondos para soportar dichas propuestas.A mediados de mayo pasado, se realizó el Encuentro nacional del poder popular para la refundación, donde decenas de activistas y
organizaciones se reunieron con el objetivo de avanzar, desde la
autonomía de los movimientos sociales, hacia la refundación de la
sociedad, mediante la construcción de propuestas para ser
implementadas por el nuevo gobierno.

“No va a poder haber cambios sin el apoyo popular. Me inclino por una
fuerte alianza y unidad del movimiento social y popular con el
gobierno, en plena autonomía y basado en propuestas programáticas”,
manifestó Sosa.

Referencias[1] http://www.rel-uita.org/honduras/amnistia-justicia-y-reconciliacion/
[2] http://www.rel-uita.org/honduras/estado-se-responsabiliza-por-el-asesinato-de-vicky-hernandez/
[3] http://www.rel-uita.org/honduras/una-rendija-de-luz-en-un-mar-de-oscuridad/
[4] https://www.pressenza.com/es/2022/05/honduras-deroga-ley-de-empleo-por-hora/
[5] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/04/honduras-derogaron-las-zede.html
[6] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/01/honduras-es-un-volcan.html



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