ASOCIACIÓN AMIGOS DE NICARAGUA
El próximo 7 de noviembre, tendrán lugar en Nicaragua las elecciones presidenciales. En paralelo a tan importante evento, se ha desatado una feroz campaña destinada a minar su gobierno, descalificar a sus representantes y denigrar el desarrollo alcanzado en la Patria de Rubén Darío durante las últimas décadas, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que en 1979 derribó a la dictadura de Somoza y conduce los destinos del país desde el año 2007. Voceros de la ultraderecha peruana, como los diarios “Expreso”, “El Comercio” y “Perú 21”, incluso “La República”, se han sumado a una ofensiva que pone en la mira a Nicaragua y su proceso liberador. La televisión peruana marca el mismo derrotero.
La ofensiva contra la Nicaragua sandinista, tiene diversas modalidades pero un sólo origen: la administración norteamericana. Y se ha expresado a través de la historia, siguiendo una sola orientación: avasallar al pueblo de Nicaragua para doblegar la resistencia de los Estados de la región e imponer, en esa parte de América, la voluntad omnímoda del Gobierno de los Estados Unidos
Por eso, los temas que hoy concitan el interés en Nicaragua no deben verse sólo en el concierto interno de lo que ocurre en ese territorio centroamericano; sino en el marco internacional. Y no tienen que ver sólo con los sucesos de ahora, sino que están inscritos en la historia. Forman parte del proceso que viene ocurriendo en esta región del mundo a lo largo del tiempo.
EL SIGLO XIX
Desde el siglo XIX y en aplicación a los dictados del “Destino Manifiesto” y la llamada “Doctrina Monroe”, el gobierno norteamericano impulsa diversas modalidades agresivas, no sólo contra Nicaragua, sino también contra México y otros países de la región. Entre 1846 y 1848 la Infantería de Marina de los Estados Unidos desplegó una guerra de conquista y anexó diversos territorios mexicanos, incluidos Texas, Nuevo México y Alta California. En 1853 el filibustero William Walker intentó conquistar los territorios de Sonora y Baja California, pero ante el estruendoso fracaso enrumbó hacia el sur.
En 1855 Walker y su ejército filibustero desembarcaron en las costas de Nicaragua. Su objetivo era adueñarse de las cinco repúblicas centroamericanas. Por la fuerza de las armas se hizo elegir presidente de Nicaragua. Reestableció la esclavitud (que hacía treinta años había sido abolida), impuso el idioma inglés como la “lengua oficial” y sustituyó todas instituciones de la naciente República. Para enfrentar la amenaza volvieron a unirse las antiguas Provincias Unidas del Centro de América y, en 1857 lograron expulsar al invasor.
No obstante, la intención de los Estados Unidos no solamente no cesó, sino que se extendió por América Latina, donde muchos países fueron ocupados por las tropas norteamericanas, pretendiendo perpetuar la hegemonía yanqui. A los albores del s.XX ya Estados Unidos había intervenido puntualmente en Uruguay (1858), Panamá y Nicaragua (1860), México (1876) y Chile (1891) que debieron soportar la humillante presencia de los mandatarios de la Casa Blanca, ahítos de agresividad y prepotencia.
EL SIGLO XX
En el siglo XX se repitió la historia. Los Infantes de Marina de Estados Unidos volvieron a desembarcar en suelo centroamericano, y ocuparon territorios nicaragüenses, despertando la ira de la población.
Los gobiernos de entonces, representados por una burguesía emergente y comercial, acomodaticia y conservadora, siempre estuvieron dispuestos a “negociar” los términos del sometimiento al poder extranjero; pero fue el patriotismo de Augusto C. Sandino, el que le dio la respuesta en noviembre de 1928. Cuando el almirante D.F. Sellers le propone una solución negociada, el Valiente de Niquinohomo le responde: “La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano”.
Se inició así la histórica guerrilla de Las Segovias, en las montañas de Nicaragua. Sandino, proclamado por el mundo como General de hombres libres, organizo un pequeño ejército campesino que en su momento de esplendor tuvo hasta 600 hombres en armas.
Observador del proceso latinoamericano, en 1927 José Carlos Mariátegui aseveró que en la circunstancia concreta, el camino de Sandino, era “la única respuesta digna” ante el oprobio.
En el marco de una heroica guerra nacional-liberadora, el pequeño ejército de Sandino venció a los opresores, y los soldados norteamericanos debieron abandonar Nicaragua en lo que se consideraría la primera gran derrota militar del Imperialismo en América Latina.
El que Estados Unidos se viese obligado a abandonar un territorio del que fuera militarmente expulsado, no fue óbice para que el gobierno norteamericano desistiera de sus propósitos intervencionistas y aun anexionistas. A lo largo de todo el siglo XX trabajó detrás de los precarios gobiernos nicaragüenses (liberales y conservadores) para someterlos a su influencia. Después de la muerte de Sandino y, alentando en grupos armados el ansia de poder a la sombra del imperio, puso a su servicio al clan de Somoza, con los que doblegó la voluntad de la República desde la segunda mitad de los años treinta hasta 1979, cuando ese régimen fue derrocado por la insurrección de todo el pueblo, liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Como parte de la lucha del pueblo de Nicaragua en defensa de la independencia y la soberanía nacional, en 1961 un grupo de patriotas encabezado por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Tomás Borge y otros, organizó el FSLN. Ellos desarrollaron la lucha armada que alcanzó la victoria el 19 de julio de 1979, fecha que es considerada un hito en la historia de Nicaragua.
LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA
Después de julio del 79, se instauró en Managua un Gobierno de Unidad Nacional en el que estuvieron representadas diversas fuerzas. Esta situación se mantuvo hasta 1983, cuando por el avance del proceso social, Nicaragua se vio en la necesidad de celebrar elecciones generales, que fueron ganadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En estricto sentido de la palabra fue ese el primer gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega. A partir de él, se impulsó un programa de cambios progresistas y patrióticos, que fueron resistidos y enfrentados por el somocismo, la oligarquía interna y el gobierno de los Estados Unidos.
Fue ese el inicio de los años más duros para el pueblo de Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos impulsó y patrocinó acciones encubiertas y una virtual guerra con Nicaragua tanto en el plano político, como económico y militar. La Casa Blanca acusó al sandinismo de “comunista”, de “aliarse con Cuba” y de “socializar” la vida de su país. Se valió para ese efecto, de todo el poder de la clase dominante que tenía en sus manos los medios de comunicación, el sistema financiero y el poder empresarial.
El Gobierno de Estados Unidos entrenó, armó, financió y abasteció a la contra: un ejército mercenario que llegó a tener 22,000 combatientes, y desplegó una ofensiva en el plano político y militar, con el propósito de hacer ingobernable el país, aislarlo económicamente y derribar al Gobierno sandinista. Hubo intervenciones armadas desde la frontera norte y la frontera sur. Se organizaron grupos clandestinos en las poblaciones. La contra ejecutó más de 1300 ataques terroristas. Minó los principales puertos del país, provocó incendios, masacres de campesinos y crímenes de lesa humanidad. Sembró el terror en todas sus modalidades y creó el escenario para una sangrienta guerra civil que cobró 50,000 víctimas fatales y pérdidas por 17.000 millones de dólares en destrucción de puentes, torres de alta tensión, represas, centros de salud, de educación y producción agrícola, etc.
Las acciones militares y los operativos de guerra, fueron complementados con agresiones económicas, sanciones y medidas de bloqueo. Los organismos financieros internacionales se sumaron a esta ofensiva, y Nicaragua se vio aislada en medio de una crisis agravada por el boicot interno de la oligarquía local. De ese modo el país se vio envuelto en un verdadero drama.
En el punto nodal de esta crisis, el Gobierno de Nicaragua interpuso una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que luego de un concienzudo proceso emitió un fallo que condenaba al Gobierno de los Estados Unidos por financiar actividades militares y paramilitares con el fin de propiciar el derrocamiento del Gobierno de Nicaragua y obligaba a Estados Unidos a indemnizar al pueblo de Nicaragua por los daños provocados a miles de nicaragüenses. Deuda que Estados Unidos hasta ahora no ha pagado, pero que, como los crímenes de lesa humanidad, no prescribe.
La amenaza de una crisis generalizada creció en el país y dio lugar a un chantaje macabro. Convocadas las elecciones de 1990 se levantó una candidatura reaccionaria encabezada por Violeta Chamorro que retiró todos los cargos y reclamaciones y ofreció “la paz” a cambio de entenderse con los Estados Unidos. Y el Imperio actuó allí con extrema claridad: si no votan por ella, continuará la guerra. Así obtuvieron una episódica victoria y recuperaron el poder para las camarillas tradicionales. Incluso el mismo embajador de los Estados Unidos, tuvo el desparpajo de anunciar formalmente que si no se elegía a Violeta Chamorro como Presidenta de Nicaragua, continuaría la guerra militar y económica iniciada contra el país. Finalmente los Estados Unidos, lograron imponer sus condiciones, y el FSLN fue transitoriamente derrotado.
El sandinismo, que había llegado al poder por medio de las armas, tuvo la entereza de reconocer su derrota en las urnas y propiciar de esa manera la primera transferencia democrática en la historia del país, y se entregó el control del Estado, como había fluido de la acosada voluntad ciudadana. En la memoria, quedó el número de 50 mil nicaraguenses caídos en esta guerra injusta y abusiva, librada contra el pueblo y el legado de Sandino.
LOS AÑOS DEL NEO LIBERALISMO
Se inició así un periodo negro en la historia de Nicaragua. Los años del neoliberalismo significaron un verdadero retraso para la vida nacional. Los tres gobiernos neoliberales arremetieron contra el pueblo. Destruyeron los logros alcanzados por la Revolución. Desconocieron las conquistas logradas por el pueblo, privatizaron los servicios más elementales: la salud, la educación, y desatendieron las necesidades básicas de la población.
De modo general, en esos años la población quedó olvidada. Los habitantes de las zonas rurales fueron abandonados y los pobladores de las zonas urbanas, empobrecidos. El campo fue diezmado, y los trabajadores simplemente esquilmados por la voracidad del sistema financiero, la angurria de los poderosos y la falta de escrúpulos de los gobernantes. La corrupción se generalizó y un clima de desazón y desgobierno se apoderó de la ciudadanía. En la lucha por tener en sus manos los resortes del poder, los antiguos politiqueros al servicio del capital se pelearon entre ellos, y la derecha se dividió, en una experiencia que aún subsiste.
En ese marco, se tornó indispensable que el Sandinismo recuperara el Poder. Y así sucedió en las elecciones del 2006. A partir de enero del 2007, el Frente Sandinista recuperó el gobierno para el pueblo y dio inicio a un proceso de unificación y reconstrucción nacional. Es el periodo que aún se vive en Nicaragua.
SEGUNDA ETAPA DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA
Cuando el FSLN retomó el control del Estado, encontró un país realmente quebrado. Agobiada por una profunda crisis, Nicaragua revelaba iniquidades y desigualdades notables; desatenciones y abandonos definidos; conflictos sociales y enfrentamientos por doquier. Virtualmente, el caos amagaba la sociedad nicaraguense.
Por eso, Daniel Ortega formuló un llamamiento hacia la unidad nacional y constituyó un gobierno de amplia base. El arzobispo de Nicaragua, Monseñor Obando, que había combatido al sandinismo en el periodo anterior, respaldó esa idea, del mismo modo cómo lo hicieron algunos círculos de empresarios y comerciantes. Lamentablemente, hubo quienes -desde vertientes ideológicas profundamente conservadoras y aún reaccionarias- enfrentaron y combatieron esa apremiante necesidad. Y desplegaron una campaña aviesa contra el gobierno sandinista que, sin embargo, logro una significativo respaldo ciudadano; razón por la cual volvió a ganar las elecciones en 2011 alcanzando el 62.56% de los votos. Después, el 2016, su aceptación electoral subió hasta el 72% de los sufragios.
Y es que el FSLN trabajó intensamente por recuperar los niveles de progreso y desarrollo de la nación. Sin romper con la empresa privada, buscó fortalecer los servicios públicos: la salud, la educación, el empleo, las atenciones y requerimientos poblacionales vinculados al agua, la luz, el desagüe y otros. Los barrios urbanos y las localidades rurales fueron preferentemente atendidas; las carreteras reconstruidas; los hospitales equipados; las escuelas que se hallaban en el abandono se volvieron a levantar; y los servicios básicos, puestos a disposición de la ciudadanía. Los niños y los jóvenes pudieron estudiar y capacitarse y las personas mayores encontraron la mano de un estado amigo que les brindó facilidades de todo orden.
LOS SUCESOS DEL 2018
Entre abril y julio del 2018, sin embargo, los núcleos opositores al gobierno lograron organizar un conjunto de actividades sediciosas que generaron una dura crisis en contra del país. Ella se expresó en actos criminales, toma de caminos, colocación de barricadas en calles y avenidas, acciones terroristas, colocación de bombas y explosivas, provocación de incendios, quema de lugares públicos, ataques a escuelas, hospitales y centros de atención a la población.
En el marco de esta crisis, decenas de personas fueron asesinadas por los sediciosos. Miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados, torturados salvamente y finalmente muertos. También hubo muchos casos de civiles que sufrieron la misma suerte; y el país entero registró voluminosas pérdidas en dinero y en bienes materiales. No fueron estudiantes, campesinos o trabajadores los que actuaron, sino delincuentes comunes contratados los que cumplieron su papel en esta circunstancia.
Esta ofensiva de la reacción se inició a partir de las primeras acciones del gobierno, orientadas a construir un canal interoceánico, que uniera el Pacífico y el Atlántico, para facilitar el comercio internacional a través de Nicaragua; cosa que, por cierto, afectaba los intereses de los Estados Unidos vinculados al Canal de Panamá.
A través de los medios de comunicación, mayoritariamente a su servicio, los opositores al gobierno iniciaron una campaña de desinformación que aseguraba que el gobierno les iba a quitar la tierra a los campesinos para construir el Canal, que iban a perder sus cosechas; que iba a cambiar el escenario de sus actividades por cuanto habría de desaparecer el mundo rural; les aseguró, paralelamente a eso, que se pondría en peligro la vida de las poblaciones indígenas, virtual patrimonio nacional de Nicaragua.
En esta campaña actuaron desde ONGs del exterior, hasta grupos internos jugosamente financiados. Incluso Bianca Jagger, ligada a estas organizaciones, vino a Nicaragua con el propósito de soliviantar a los campesinos proclamando la “intangibilidad” de los territorios que serían “destruidos”, como se dijo si fundamento alguno. Alimentaron eso explotando incendios forestales y hasta propuestas referidas a la seguridad social, que distorsionaron aviesamente en procura de confundir a la gente y pescar a rio revuelto.
Los daños causados por el intento de golpe del 2018, fueron inmensos; pero el gobierno buscó aplacar la ira de los revoltosos haciendo gala de infinita paciencia. No se usó para nada la capacidad operativa del Ejército Popular Sandinista, y se buscó neutralizar el accionar sedicioso con procedimientos normales, orientados a enfrentar la alteración del orden público. Se fomentó el diálogo, incluso en los momentos más complicados de la crisis, cuando la insolencia y la beligerancia de los sediciosos eran evidentes. Pero primaron los intereses del país, y el FSLN se mostró como siempre dispuesto a salvarlos, antes que nada.
Finalmente, en julio del 2018 fue posible superar este impasse. La concentración cívica que hiciera el Frente Sandinista el 19 de julio y que congrego a más de 400 mil personas, terminó por consolidar la paz y aplastar a los sediciosos.
Algunos de ellos fueron detenidos posteriormente y procesados; pero luego, en aras de atenuar los conflictos sociales, prácticamente todos fueron amnistiados con la condición de que no volvieran a cometer actos sediciosos como los ocurridos. Lamentablemente, ha habido quienes han vuelto a las mismas prácticas anti sociales. Hoy, tenemos una nueva crisis.
Hoy puede decirse con toda seguridad, que los sucesos de abril del 2018 en Nicaragua fueron parte de la estrategia norteamericana orientada fortalecer el poder de los Estados Unidos en el continente. Estuvieron antecedidos por el golpe contra Hugo Chávez, a inicios de siglo, en Caracas; el desatado contra Manuel Zelaya, en Honduras, algunos años más tarde; contra Genaro Lugo en Paraguay; contra Dilma Rousseff en Brasil; y más recientemente contra Evo Morales en Bolivia.
Fueron todas esas, acciones preparadas por la Inteligencia yanqui y llevadas a cabo con la complicidad de las oligarquías nativas y los grupos de poder locales en provecho de las grandes corporaciones empeñadas en apoderarse de las riquezas de los Estados de la región.
LOS SUCESOS DE HOY
Esta crisis, sin embargo, no es igual a la anterior. La contrarrevolución no ha podido actuar con la sanfazón con que lo hizo en el pasado. Los hechos han demostrado que ahora, está mucho más aislada y desprestigiada que antes. Por eso, sus repercusiones se sienten más fuera de las fronteras de Nicaragua, que en el interior del país.
Ahora la ofensiva se nutre por un hecho político: las elecciones que tendrán lugar el 7 de noviembre próximo y en las que el pueblo tendrá la posibilidad de decir su palabra con la mayor libertad y garantía, para lo cual, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó las Reformas Electorales, según acordado con la OEA. En mayo juramentó el nuevo Consejo Supremo Electoral así como los 15 Consejos Electorales Departamentales y los Consejos Electorales Municipales de todo el país. Cabe señalar que, por ley, estos consejos están conformados por 50% de magistrados hombres y 50% de magistradas mujeres.
En Nicaragua existen 17 partidos políticos con personalidad jurídica: 11 partidos nacionales y 6 regionales. Del 12 al 14 de mayo se inscribieron las alianzas FSLN y CxL. El 28 de julio está prevista la presentación de candidatos provisionales a Presidente(a), Vicepresidente(a), diputados(as) (nacionales y departamentales) y diputados(as) al Parlamento Centroamericano. Todas las listas deben respetar estrictamente la equidad de género. Recién el 18 de agosto, los partidos políticos tendrán las listas definitivas de candidatos a los cargos de elección popular.
En lo que se refiere al Sandinismo, aún no ha concretado sus propuestas electorales, lo que hará el próximo mes. Lo mismo ha ocurrido con otras fuerzas y movimientos existentes en el escenario nicaragüense, razón por la cual aún no puede hablarse de “candidatos presidenciales”. Ningún colectivo político ha definido los suyos aún, no obstante lo cual algunas personas se han autoproclamado “candidatos” o “pre candidatos” a la Presidencia de la República.
Debe saber el mundo que los “pre candidatos” publicitados por la prensa exterior, no son realmente pre candidatos de nada. En el mejor de los casos, aspiran a serlo, pero ni siquiera saben si los colectivos a los que buscan representar, realmente los ungirán como tales.
Hoy, todos los detenidos –un total de 21 personas- han sido acusados por diversos delitos: lavado de activos, recepción ilegal de fondos provenientes del exterior, actuar contra la seguridad pública en complicidad con poderes extranjeros y por colaborar con los servicios secretos de los Estados Unidos actuando así contra su país. Eso último, lo han hecho abiertamente en las propias oficinas del gobierno de los Estados Unidos, en Washington DC.
En todos los casos ha sido el Ministerio Público el que ha actuado, y no el Poder Ejecutivo. El gobierno no ha tenido nada que ver en estas detenciones. Ellas han ocurrido por voluntad de los jueces que han buscado aplicar leyes que hoy están en vigencia, y que no existían aun en el 2018. Ahora, esas disposiciones han sido dictadas por la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso de ese país. Y las personas que han sido detenidas, no están siquiera encarceladas. Han sido ubicadas por decisión de los jueces, en lugares específicos, que no son cárceles, sino dependencias donde pueden recibir cuidados médicos y todo tipo de asistencia, desde alimentación y cobijo, hasta visitas familiares y asistencia legal. Las mujeres se encuentran bajo arresto domiciliario.
Desde mayo se produjeron unas 20 detenciones, de conocidos activistas puestos bajo arresto domiciliario o en prisión preventiva durante tres meses: Arturo Cruz, el 5 de junio, en el aeropuerto de Managua, regresando de Estados Unidos, en posesión de una gran suma de dinero no declarado; Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, los dirigentes de UNAMOS (ex sandinistas, algunos con pasados gloriosos) Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres Jiménez, Ana Margarita Vigil, y otros.
Humberto Belli y Gerardo Baltodano son buscados por eludir una citación judicial para investigar a FUNIDES. Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial y de otros periódicos, abandonó el país con su esposa tras una redada policial en su domicilio el 21 de junio.
Como se puede apreciar, algunos de los detenidos son conspicuos integrantes de la vieja oligarquía, y otros integran lo que en un momento se llamó “Movimiento de Renovación Sandinista” y que hoy ya renunció a esa denominación precisamente porque no querer saber nada con el Sandinismo. En verdad, son los desertores que en 1995, después de haber vivido en el Poder durante 10, se fueron del FSLN en busca de mejor suerte porque creían que el neoliberalismo había llegado al país para quedarse.
Para proteger y defender a todos ellos, se ha levantado una intensa campaña por parte de medios de comunicación de la derecha mundial y por organismos al servicio de la clase dominante en el escenario internacional. Así, en efecto, los enemigos de Nicaragua han logrado que en el marco de la OEA, el país haya sido suspendido en sus derechos bajo la falsa acusaciones de afectar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Es claro que esta acusación carece por completo de fundamento. No tiene asidero alguno y no resiste ningún análisis. Nadie ha podido demostrar en ningún caso, acciones del Gobierno de Nicaragua que violen los derechos de las personas. En Nicaragua no existen ni la desaparición forzada de personas, ni las privaciones ilegales de la libertad, ni los centros clandestinos de reclusión, ni los tratos inhumanos y degradantes. Menos aún, la tortura. Todo eso puede ser comprobado y certificado por cualquier organización objetiva que busque cerciorarse de los acontecimientos que ocurren ahora en la Patria de Rubén Darío.
Cristiana Chamorro, sus hermanos Carlos Fernando y Pedro Joaquín, su primo Juan Sebastián Chamorro y los grupos que los secundan, están realmente comprometidos en los delitos que se les inculpan. Se trata de operaciones ilegales efectuadas con dinero procedente de los Estados Unidos, y más precisamente, de la CIA, a través de USAID, que financia las acciones más concretas contra la estabilidad de Nicaragua en esta circunstancia.
Ellos han creado organizaciones fantasmas, membretes que usan para recibir dinero y aparentar una acción “lícita”, cuando en realidad conspiran contra los intereses del pueblo de Nicaragua y trabajan por derribar al gobierno sandinista.
Esto último, no les será posible. Y lo sabe el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, que encomendó a la Encuestadora Gallup y “muestreo” de opinión, que dio un 62% de la población a favor de la continuación del Sandinismo en el Gobierno. Aunque este porcentaje es inferior al 74% que le reconocen entidades locales; lo real es que el gobierno sandinista cuenta con un amplio respaldo ciudadano, y que éste se expresa de manera constante y cotidiana.
Los informes en este sentido, y que pueden verificarse, son claros y definitivos. Desde 2009, USAID ha destinado específicamente 10 millones de dólares a los medios de comunicación de la oposición -de los cuales más de 7 millones han pasado por la Fundación Chamorro desde 2014 hasta 2021. Sabiendo que, además, ésta ha recibido una donación de 831.527 euros (más de un millón de dólares) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) [14]. Aunque este flujo de contribuciones inocentes puede ser demasiado pequeño, un programa «Nicaragua Media» de Family Health International (FHI), una organización con sede en Carolina del Norte financiada parcialmente por el gobierno de Estados Unidos, ha concedido 45 subvenciones que van de 10.000 a 15.000 dólares a medios de comunicación antisandinistas por un total de 2,8 millones de dólares.
NICARAGUA SABE DEFENDERSE
Es claro que Nicaragua, sabe defenderse. No sólo en el plano político, sino también en la esfera legal. Por eso, después de la crisis del 2018, el Gobierno Sandinista tomo la decisión de actualizar su legislación, incorporando delitos que antes no estaban considerados, pero que constituyen norma en muchos otros países.
Es de dominio público, por ejemplo, que en Estados Unidos, en Israel y en muchos otros países -también ahora en el Perú-, está prohibido que los partidos políticos reciban financiamiento del exterior para sus campañas electorales. Antes, esa disposición no estaba regulada en Nicaragua. Ahora lo está. Y es inobjetable. A ese espíritu responden las nuevas normas aprobadas por el Poder Legislativo.
La Ley 1040, por ejemplo, regula la inscripción en calidad de agentes extranjeros, a quienes están financiados por gobiernos de otros países y desarrollan actividades que comprometen la vida nacional. La ley 1042 regula la actividad cibernáutica. Y la ley 1055 protege los intereses de los pueblos y la bio diversidad. Todas estas disposiciones son consideradas por la oposición como “violatorias de derechos” pero son asumidas por muchos gobiernos que las aplican hace ya varios años.
Lo que ocurre, en el fondo, es que ella siente que está derrotada, y que en ese contexto, habrá de perder las elecciones en noviembre. Y ni la oligarquía interna ni el Imperialismo, se animan a aceptar esa realidad, como lo estamos apreciando ahora incluso en nuestro país.
En Nicaragua, como acá, levantan todo tipo de argucias. Por un lado hablan de “fraude”, aludiendo en este caso a un proceso electoral que aún no ha comenzado. Por otro, denuncian al gobierno actual. Atacándolo con inocultable rencor para encubrir su política de odio. Finalmente insisten en eso del “chavismo” agrediendo sin base alguna las experiencias de países hermanos, como Cuba y Venezuela. En el extremo, afirman a los nicarauenses algo muy parecido a lo que se dice aquí: “no queremos ser como Venezuela”; pero en verdad ellos quisieran que Nicaragua fuera en realidad como Puerto Rico, es decir, como un país anexado a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Nicaragua ciertamente no acepta esas afrentas. Es un país independiente y soberano. Y el FSLN lucha y trabajar por asegurar que siempre lo sea.
Es deber de todos los internacionalistas, y de todos los solidarios, comprender la realidad de ese país hermano y respaldar combativamente sus luchas. Eso nos obliga a enfrentar la campaña de calumnias que libran los medios de comunicación de la derecha más reaccionaria, contra la patria de Sandino. Esa prensa mercenaria, sabe que Nicaragua hoy representa un aliento para el Proceso Emancipador Latinoamericano. Por eso la ataca.
Desde el Perú, la Asociación Amigos de Nicaragua, formula un llamamiento para cerrar el paso a esa campaña y hacer oir nuestra voz en respaldo a la heroica lucha de ese pueblo y de sus heroicas y gloriosas tradiciones de combate.
En la víspera del 19 de julio, y al cumplirse este año los 42 de la victoria de la Revolución Sandinista, que llegue nuestro saludo al pueblo hermano y a su gobierno.
Lima, 18 de julio 2021
