Vladimir Cerrón (*)
La mafia en el otorgamiento de licencias de conducir debe ser la modalidad de corrupción más antigua y vigente en el país, no la defendemos, la combatimos y la despreciamos. Lima es el mayor emporio, seguido absolutamente de todas las regiones; de esto pueden dar fe los transportistas y todos los que tengan un vehículo de conducir.
La pregunta es, ¿por qué a Junín, el gobierno central, la policía y las instituciones de justicia, le han puesto la puntería después de la segunda vuelta electoral donde Perú Libre (PL) era el favorito? Porque querían tirarse abajo las preferencias electorales de Pedro Castillo. Antes del shock recibido por la derecha, ante el triunfo de PL en primera vuelta, no existía mayor interés en combatir la corrupción de licencias de conducir, Junín no existía ni siquiera en el mapa, porque este es un fenómeno nacional actual, liderado por personal nombrado, sobre todo en la capital, sede de las instituciones tutelares de justicia.
A los pocos días de lograr PL el triunfo en primera vuelta, arribaron a Huancayo dos equipos de la Diviac, seis fiscales y una procuradora que los comandaba, solicitando todos los procesos legales contra Cerrón, solicitando agilidad y sugiriendo prisiones preventivas; pero, como no tenían los cabos para atar, indagaron una investigación por lavado de activos y se dieron con la sorpresa de que no hay desbalance patrimonial y que el fiscal había solicitado el sobreseimiento. Entonces tenían que pensar en otra cosa.
Con la cara de legalidad para combatir una mafia de licencias de conducir que nacionalmente “solo” sería en Junín, se recurrió a un operativo montado hace tiempo de interceptaciones telefónicas, aún no se sabe si legales o ilegales, con fines de pesquisa política, para averiguar si el candidato o los dirigentes de PL están ligados al Movadef, al financiamiento extranjero venezolano, al financiamiento desde el VRAEM, al financiamiento desde la corrupción estatal regional y a escándalos de otra índole.
El fin: demostrar que el gobierno regional de Junín o los rezagos senderistas financian la campaña de Pedro Castillo, desprestigiarlo y restarle votos.La orden de detención y allanamiento se dio el 3 de junio, sospechosos 3 días antes de las elecciones de la segunda vuelta, para boicotear el triunfo de PL. ¿Hubiera dado resultado? Claro que sí, porque con la batería mediática derechista fácilmente podrían haberle restado a Pedro Castillo más de 100 mil votos y con ello Keiko Fujimori hace rato estaría proclamada presidenta, más aún si consideramos que PL ganó por 44 mil votos.
Se necesitaban aliados mediáticos y se filtró la noticia desde la fiscalía, según fuente periodística, al Grupo Comercio quien sería encargado de mediatizarlo eficazmente, por ello debemos preguntarnos, ¿cómo sabían Perú 21 y el abogado Ghersi de una investigación policial y fiscal secreta donde se pedirían detenciones y allanamientos? Una vez ejecutado los allanamientos, que eran vox populi desde la primicia de Perú 21, los titulares se centraron en decir que a los militantes de PL se les incautó millones de soles. Lanzaron la hipótesis de los cobros por licencias, luego de tráfico de plazas, dijeron que estaba vinculada a Cerrón, ahora por lavado de activos, posteriormente solicitarán anular a Perú Libre como partido.
Saben que un Presidente sin partido va rumbo al fracaso. Está destapada su estrategia, netamente política.Los diarios derechistas no dicen la verdad respecto al operativo, pues de los 38 miembros de la presunta mafia, solo 4 son de Perú Libre, el resto son militantes y simpatizantes de Fuerza Popular, del Apra y apartidarios, nombrados hace décadas en la Dirección de Transporte y es a uno de ellos de apellido Munguía que se le incautó medio millón de soles y el otro monto similar a una clínica encargada de los exámenes ligada a ellos. A ningún militante de Perú Libre se le incautó dinero, pero la noticia se exhibe al revés.Mientras se teje el golpe de Estado blando contra PL y Pedro Castillo, al no quererlo proclamar, la prensa derechista y los órganos de justicia hacen el lawfare “perfecto” para deslegitimizarlo en el futuro gobierno.
Hoy las portadas rezan que la campaña de Pedro Castillo fue financiada con recursos provenientes de la “corrupción” del GRJ, es que en sus mentes no existe la posibilidad de que el pueblo pueda organizarse con mística de cambio, que los militantes organizados puedan aportar, que el real costo de esta victoria es el costo de lágrimas, sudor, perseverancia, resistencia, frío y calor inclemente en la campaña. En sus mentes solo la corrupción puede ser el motor de la historia.
Todo esto implica, de ser cierto este razonamiento, que el nuevo parlamento cree una comisión investigadora orientada a destapar la politización de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, en aras de una sociedad transparente y no de utilizar a las instituciones democráticamente constituidas en torno a los privilegios de una oligarquía que hoy ve amenazado su poder político
.(*) Secretario General Nacional Perú Libre
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