En su resolución 74/7, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, preparara un informe sobre el cumplimiento de esa resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y se lo presentara en su septuagésimo quinto período de sesiones.
En respuesta a esa solicitud, en una nota verbal de fecha 29 de enero de 2020, el Secretario General invitó a los Gobiernos y a los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas a que le proporcionaran información sobre la aplicación de la resolución. Se envió una nota verbal como recordatorio el 1 de abril de 2020.
La respuesta del gobierno del Perú, fechada el 24 de febrero de 2020, fue la siguiente:
El Perú reitera su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular con los principios de igualdad soberana de los Estados, de la no intervención y la no injerencia en asuntos internos y de la libertad de comercio y navegación internacionales, así como con el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Perú considera que la aplicación extraterritorial de la legislación interna que se manifiesta con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, constituye un acto unilateral contrario a la Carta, al derecho internacional y a los principios básicos del sistema multilateral del comercio.
Desde 1992, cuando el Perú votó a favor de la resolución 47/19 de la Asamblea General, sobre la necesidad de poner fin a la imposición del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, el Gobierno peruano ha mantenido una posición consecuente en su política exterior y ha votado a favor de todas las resoluciones sobre la materia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Perú considera que estas medidas coercitivas unilaterales afectan el crecimiento económico de Cuba y retrasan su desarrollo social y humano. El Gobierno peruano expresa su preocupación por los efectos adversos de dichas medidas sobre la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos cubanos, en especial en materia de alimentación, salud y otros servicios sociales esenciales, al negarse el acceso a créditos privados, alimentos, medicinas, tecnología y materiales indispensables para el desarrollo de Cuba.
El Perú considera que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es incompatible con la dinámica política regional. Asimismo, el Perú, al oponerse sistemáticamente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, continúa promoviendo el comercio e intercambio económico con este país.