LA CRISIS POLÍTICA PERUANA EN DETALLE. Documento

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRACIA, INDEPENDENCIA Y SOBERANIA

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LA CRISIS POLÍTICA Y EL MOVIMIENTO POPULAR

En el momento más controversial de la crisis política surgida en el país, el pasado 12 de septiembre, dijimos textualmente que “los problemas del Perú no se resolverían con provocaciones ni aventuras”. Hoy, nos toca confirmar esta afirmación, al tiempo de formular un análisis global del tema que aún no ha sido superado. Recientes trascendidos nos permiten diseñar una apreciación de conjunto que confirma nuestras primeras impresiones

UN FENÓMENO QUE TIENE LARGA DATA

Lo ocurrido recientemente tiene como punto de partida el distanciamiento que se registrara entre Martin Vizcarra y la entonces “mayoría parlamentaria” Apro-fujimorista, desde julio del 2018.  Como se recuerda, el titular del Ejecutivo asumió la conducción del Estado luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2017. Contó en ese momento con el apoyo de la mayoría parlamentaria que pensó que podría “manejar” la situación creada y asegurar su recuperación de posiciones de Poder. Cuando con motivo de las Fiestas Patrias el nuevo Mandatario entregó su Mensaje a la Nación, quedó claro que buscaría un camino propio, y que éste no sería afín al Apro-.fujimorismo.

A partir de allí se inició una campaña destinada a desprestigiar al titular del Ejecutivo. Esta, estuvo cargada de adjetivos y expresiones denigratorias y buscó incidir en su condición de “improvisado” y “no electo”, presentándolo como un “usurpador” de las funciones de gobierno y alguien incapaz de conducir la vida nacional. Esta fue una constante que se prolongó, con diversos episodios, desde julio del 2018 hasta el mismo mes del 2019.  En el centro, en ese periodo, estuvo el referéndum celebrado en diciembre del 2018 y que fue ganado por Vizcarra, y que asestó un duro golpe a la Oposición

En su segundo mensaje a la nación -.julio del 2019- el Presidente Vizcarra insistió en las “reformas políticas” que juzgaba indispensable proponer para los comicios presidenciales y parlamentarios del 2021, y que habían recibido apoyo ciudadano en el Plebiscito del año anterior.  El tema abrió una dura confrontación en la que se manejó la posibilidad de una vacancia presidencial y un adelanto de elecciones. En el marco de esa discusión, Vizcarra propuso una suerte de “acuerdo político” consistente en el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que implicaba en los hechos una renuncia de ambos: el Presidente y los congresistas. Esto fue airadamente rechazado por la mayoría parlamentaria que pedía ya la renuncia de Vizcarra, pero la continuación de las funciones legislativas.

La confrontación derivó en los acontecimientos del 30 de septiembre pasado. El Presidente resolvió disolver el Congreso y éste a su vez, declaró Vacante la Presidencia de la República y designó para esa función a la entonces Vice Presidenta Mercedes Araoz, la misma que aceptó el cargo y fue investida para esa función, por el Parlamento Nacional. Así, de la noche a la mañana, el país se vio sorprendido por la existencia de “2 Presidentes”. La fórmula del Congreso, sin embargo, cayó muy pronto tanto por el masivo repudio de la población, como por su misma precariedad: la propia Mercedes Araoz, renuncio a sus “funciones” 24 horas más tarde porque nadie la había “reconocido” como lo esperaba.

Registrada la derrota, los segmentos perdedores replegaron su accionar, pero no renunciaron a su propósito. Continuó la campaña de críticas al gobierno por los más diversos motivos. En unos casos, lo acusaron de ser “incapaz de resolver los problemas de la población”, y en otros de “chavista” y “populista”. En el extremo, alguno de sus voceros dijo que Vizcarra era “la reencarnación de Hugo Chávez, y que asentaba su gobierno en “el apoyo de los comunistas”. En líneas gruesas, el anti comunismo más enfermizo estuvo en la punta de esa ofensiva

En enero del 2020 tuvo lugar la elección del nuevo Congreso, que marcó la derrota de las fuerzas que habían conspirado. El APRA perdió completamente su representación parlamentaria y el fujimorismo vio reducida su presencia a 12 congresistas, en lugar de los 73, que tuvo en la etapa anterior.

Estas fuerzas, dentro y fuera del Legislativo, siguieron en la misma campaña destinada a desacreditar al gobierno. Se valieron de errores reales del Ejecutivo, pero también alentaron protestas de la población por la aplicación de políticas neoliberales que ellos mismos habían aplicado y alentado siempre.  Por eso en esta etapa la ofensiva tomo otro carácter. No fue, un ataque a posiciones, sino sobre todo una campaña de injurias e insultos contra el Jefe del Estado. El escenario principal fueron las redes, algunos medios de comunicación escritos y televisados, y la llamada “prensa chicha” de tan deplorable recuerdo. La crisis sanitaria y los problemas sociales y económicos derivados de ella, sirvieron a ese propósito: se atacó al gobierno por su “incapacidad” para enfrentar el reto. 

Con la idea de accionar mejor, alentaron posiciones críticas en el nuevo Congreso, buscaron amagar los predios del oficialismo atacando a ministros y tocando fibras sensibles del círculo palaciego. En ese contexto, desencadenaron la crisis que hoy afrontamos. 

LAS MÁS RECIENTES ACCIONES

La ofensiva preparada amagó, en primer lugar el entorno más próximo de Mandatario. Detectaron debilidades y alentaron contradicciones en el precario círculo de “allegados” y colaboradores del Mandatario. Así explotaron rivalidades entre Miriam Morales y Karem Roca, que cumplían funciones complementarias en la Secretaría de Palacio de Gobierno. Esta última grabó conversaciones que luego comenzó a sacar a luz iniciada esta etapa de la crisis. Cuando esto hubo ocurrido, ya Karen Roca trabajaba con un “enviado”, el extraño abogado Fabián Noriega. Este había optado el título a los 59 años en una Universidad muy cuestionada, la “Garcilaso de la Vega” y operaba ya a la sombra de Edgar Alarcón, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la Republica  

Hoy se puede decir que, en efecto, “captaron” a Karen Roca, quien les proporcionó los insumos que requerían para obrar en la coyuntura

Trabajaron también explotando la figura de Richard Cisneros, un presunto “promotor cultural”   que lograra ciertos “contratos” de publicidad y otros. A él, con el apoyo de los medios de comunicación, lo convirtieron en una suerte de “operador fantasma” del gobierno y depositario de “favores” no explicados. Megalómano, fantaseador y charlatán, éste se prestó a “revelar” hechos, que luego desmintió.

Las acciones de este personaje generaron dudas y sospechas que fueron alentadas por algunos programas de la Televisión. Haciendo uso de ellos, Alarcón cito al Presidente de la República a concurrir la Comisión de Fiscalización del Congreso para que “responda” por presuntas acusaciones.

Es claro que el Presidente no puede ser citado a declarar, ni procesado, ni investigado durante el desempeño de su gestión, debiendo ser sometido a la acción de la justicia después del cese de su cargo y luego de un antejuicio parlamentario.  Esto no fue óbice para la citación, ni para la campaña que se hizo en torno a la misma sugiriendo la imagen de un Presidente gravemente comprometido en supuestos delitos.

LOS AUDIOS, Y LA VACANCIA

En este contexto fue que en la noche del miércoles 9 de septiembre –según lo declaró él mismo- el Congresista Edgar Alarcón recibió tres audios que comprometían al entorno del Presidente Vizcarra y al propio Mandatario. Al día siguiente –jueves 10-  el parlamentario asistió al Congreso de la República y al comienzo de la sesión prevista para ese día, y sin que hubiera punto alguno en debate, solicitó la palabra, e informó acerca de los Videos en cuestión, solicitando autorización para presentarlos y proyectarlos en el Legislativo. Ella fue concedida sin dilación por el Presidente del Congreso.

Una actuación como ésta, resulta insólita. En cualquier circunstancia, el procedimiento habría sido otro: recibidos los audios, debió citarse a los miembros de la Comisión de Fiscalización para evaluarlos. Luego, someterlos a un elemental peritaje. Sólo después, dar cuenta de ellos a la Mesa Directiva del Congreso.

Incluso luego de estos trámites, la Mesa Directiva tendría que haber ordenado una investigación de los audios, antes de ponerlos a disposición del Pleno. Y aun en el Pleno, pudo haberse recurrido a la formalidad de una “sesión reservada” dado el nivel del conflicto. Nada de esto ocurrió. En un solo día se proyectaron y trasmitieron audios para generar escándalo, se redactó una Moción declarando Vacante la Presidencia de la República y se citó a una nueva sesión al día siguiente, el viernes 11 de septiembre. Allí se consultó la admisión de la Moción, obteniéndose un total de 65 votos (se requería 52). El tinglado estaba armado.  Fue, lo que se dio en llamar una “vacancia expres”.

El alboroto no se hizo esperar: la trasmisión de los audios, el debate parlamentario, la moción de vacancia, las declaraciones de algunos parlamentarios y las exposiciones de “analistas” y “expertos constitucionalistas” en favor de la iniciativa,  fluyeron en los medios en las horas y días siguientes.

LAS NUEVAS INICIATIVAS

En este marco apareció perfilado el nuevo cuadro de actores. Asomó así el cuadro de actores de primer nivel en la demanda: el Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama; el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón; el Presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade; y el congresista Otto Guibovich, parlamentario de Acción Popular y militar en retiro.

Guibovich, fue, en efecto, un militar de alto rango. Operó como Jefe en Tingo María durante el gobierno de Fujimori y trabajó en coordinación estrecha con Vladimiro Montesinos y los servicios de inteligencia de la época. Fueron esos, los años de conocido narcotraficante “Vaticano”, vinculado a los servicios de inteligencia de la época. Por eso, en su momento, fue acusado y retirado de la institución castrense. Incluso Valentín Paniagua –Jefe de estado de post fujimorismo- se negó a concederle una gracia presidencial para liberarlo de los cargos en su contra, por lo que fue, en efecto, sancionado. No obstante, es hoy parlamentario por AP y jugó, en esta crisis, un rol significativo como “enlace” militar.

El Presidente del Congreso tomo la iniciativa de llamar al Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, general Astudillo; y al Comandante de la Armada, Vice Almirante Cerdán, con dos propósitos: informarles acerca de lo que estaba ocurriendo, y ofrecerles “garantía” que nada les habría de ocurrir como institución. Era una manera de obtener “luz verde” para su accionar. En ambos casos, fueron defraudados: los requeridos, reportaron de inmediato las llamadas al Titular de Defensa y éste, al Jefe del Estado. Días después el Presidente del Congreso debió admitir el hecho, y pedir disculpas a la institución contactada.

Pero los “preparativos” no quedaron allí. A través de enlaces calificados, el Presidente del Congreso y otros hicieron llegar mensajes al ministro de Minería, asegurándole que quedaría en el nuevo Gabinete, dados sus vínculos familiares con antiguos cuadros de Acción Popular. Santiago Arancibia y Daniel Huarcaya, operaron en ese sentido.

En paralelo, el núcleo dirigente del APRA, liderado por Mauricio Mulder difundió por diversas vías un pronunciamiento exigiendo “la inmediata destitución del Presidente Vizcarra”. Declaración similar hizo César Acuña, en nombre de “Alianza para el Progreso” –un cuestionado partido con representación parlamentaria-; y Martha Chávez, la caracterizada dirigente fujimorista. Keiko guardó cauto silencio en los días de la crisis, pero cuando ella amainó, hizo un video llamando a la calma. No obstante, el Colectivo “La Resistencia” –estrechamente vinculado a la cúpula Keikista- desarrolló agresivos “plantones” ante el Congreso y ante la Cancillería, demandando “la inmediata renuncia” de Martín Vizcarra. Se trataba entonces de un Operativo en marcha.

Adicionalmente habría que señalar que Edgar Alarcón fue el que infiltro a Fabián Noriega –el abogado- en el entorno de Vizcarra, vía Karem Roca; y que operó haciendo uso de vínculos ciertamente sospechosos: se conectó con el Capitán de Ejército en retiro Alejandro Alarco Cárcamo, considerado una suerte de “reclutador de espías”, quien finalmente admitió haber hecho ese tipo de trabajos para el Ex Superintendente.  A su vez, introdujo a José Sava en similares tareas de espionaje al servicio de Alarcón

LA COORDINADORA REPUBLICANA

Algunos analistas, como Carlos Bedoya en el portal de La Mula, han recabado amplia información en torno a lo ocurrido, pero han hecho incapié en el papel de la denominada “Coordinadora Republicana”, que hizo diversos pronunciamientos coincidentes con la línea de trabajo de esta acción. 

La Coordinadora, en efecto, desde hace varios meses ha publicado “pronunciamientos” y “declaraciones” de condena al gobierno. Desde posiciones Ultra Conservadoras, ´levantó “banderas tradicionales” en defensa de “Familia, Patria y Propiedad” y acusó al Presidente Vizcarra de “comunista”, “chavista” y otras lindezas.

Recientemente, esta Coordinadora exigió al gobierno no suscribir el Acuerdo de Escazú, referido a la protección de a Bio Diversidad; y no aceptar la presencia de Brigadas Médicas Cubanas para combatir la pandemia. En la última etapa, volvió a pronunciarse rechazado el apoyo del Perú a la elección de Cuba como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos pronunciamientos reflejan su línea de acción. Pero uno de los temas que solivianto a esta “Coordinadora” fue la designación del el Primer Ministro Vicente Zeballos para que represente al Perú en Organización de Estados Americanos, la OEA.

Entre los ataques a Zeballos, resaltó el proferido por Martha Chávez, que lo acusó de “Moqueguano”, “provinciano” y “andino”, razones por las cuales –dijo- debía ser nombrado Embajador en Bolivia, y no en la OEA. Curiosamente estos tres rasgos señalados en Zeballos por la parlamentaria fujimorista, corresponden también a Vizcarra, por lo que se interpretó el hecho como una alusión directa al Jefe del Estado. 

Esta Coordinadora aglutina a personalidades del fujimorismo, el APRA y a los núcleos más conservadores. La integran el ex canciller de Fujimori, Francisco Tudela; y otros como Pedro Olaechea -Presidente del Congreso disuelto-; Javier Villa Stein,  ex Presidente del Poder Judicial; el periodista Phillips Butters;  el vice almirante Luis Giampietri; el abogado Angel Delgado; el periodista Víctor Andrés Ponce, y algunos más, todos exponentes de un pensamiento inquisidor y retardatario de corte medioeval,  y  conocidos por su ligazón estrecha con la embajada de los Estados Unidos, y su desorbitado anti comunismo.

También es notable el papel de Víctor Andrés García Belaunde, ex parlamentario de Acción Popular y hombre estrechamente vinculado al fujimorismo; el rol del Partido Popular Cristiano, y de algunos personajes de la prensa, como Hugo Guerra y Mariela Balbi; además de Aldo Mariátegui y Jaime Bayli desde Madrid uno y los Estados Unidos otro. Todos ellos. Con un profundo sentimiento anti comunista, enfilan sus baterías contra el Presidente Vizcarra, como si éste fuera siquiera Izquierdista. Lo que buscan es generar en el exterior el signo de una lucha ideológica que, en el fondo, no existe en esta confrontación.

Los ataques a la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, y a los Fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y Domingo Pérez; fueron una pista que permitió detectar la presencia del ex Fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarry, actualmente sancionado por diversas irregularidades. El, ciertamente, apoyó las iniciativas planteadas en torno a la “vacancia”

Todos estos elementos sumaron para “agrandar” la crisis que tomó dimensiones mayores a partir de la especulación periodística. Todos subrayaron que era un añadido: la crisis sanitaria y la crisis económica, la antecedían. Y la no solución de las mismas, era adjudicada a Martín Vizcarra.  

DESCENLACE

La jornada del viernes 18 de septiembre marcó el desenlace. La breve presentación de Vizcarra en el Legislativo, aunque no dejó conforme a los parlamentarios, salvó “las formas”, y la exposición del abogado Pereyra dejó sin base legal a la oposición.

La cansina oratoria de los congresistas solo se mostró retórica y vacua. Cargada de reproches contra el Jefe del Estado, no hizo sino mostrar la impotencia de quienes querían vacarlo sin tener sustento legal alguno. La votación final (32 por la vacancia, 78 en contra y 15 abstenciones) dejó más claro el escenario, pero no puso fin al conflicto. Este habrá de seguir en la Fiscalía y luego en el Poder Judicial. No se descarta, sin embargo, que una nueva crisis amague la estabilidad antes de julio del 2021 porquearios quedaron “con sangre en el ojo”.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

En este cuadro general, cabe preciar la esencia de la situación planteada. Se trata, en efecto, de una crisis en las alturas, en las altas esferas del Poder, y en la cual la participación ciudadana –más limitada aún por la pandemia y las medidas adoptadas en torno a ella- es muy restringida. Se trata de una confrontación ente distintos segmentos de la Clase Dominante. No obstante, registra incidencia en el país y ella afecta a la ciudadanía en general.

Las fuerzas progresistas no están obligadas a tomar posición directa entorno a los actores de estos hechos, pero es claro que el desenlace de los mismos incidirá en el futuro inmediato del país. Si hipotéticamente la situación creada derivara en una vacancia presidencial, podría diferirse el proceso electoral del 2021 por dos años, lo que permitiría también un “reacomodo” de las fuerzas de la reacción y un debilitamiento de lo ya avanzado en esta etapa de la vida nacional en lucha contra la Mafia. Sobre todo, podría verse mermada la capación de acción contra el Keikismo y sus derivaciones y minarse la capacidad operativa de la Fiscalía. En el extremo, peligraría la actividad de los Fiscales que manejan los temas de O’debrecht y hasta la propia estabilidad de la titular de ese Despacho.

Debe considerarse adicionalmente, en el marco de esta crisis, la Mafia podría recuperar algunas posiciones y abrir camino en la tarea de recomponer su fuerza, con miras a un proceso electoral nacional programado precisamente en diferido.

De todos modos, el movimiento popular debe extraer algunas lecciones y experiencias que bien vale reseñar: Hablamos de la necesidad de “no tomar partido” en función de personas, favoreciendo objetivos que no tienen que ver necesariamente con los intereses populares. La izquierda debe defender valores y principios, no individuos. Debe considerarse, además, que la verdad siempre es concreta, y no abstracta. Hay que apreciar las cosas tales cono son, y no juzgar a partir de prejuicios, o de intereses de orden subalterno. Adicionalmente, hay que recordar que cada hecho debe ser analizado en su contexto, y no fuera de la realidad que lo generó. Pretender sacar un tema del marco que lo explica, induce a peligrosos errores de apreciación.

Desde su base social, la Izquierda y el movimiento popular deben mantener una posición independiente y de clase, considerando, sin embargo, que no se debe retroceder ni hacer inusuales concesiones en la lucha por la democratización del país ni en la tarea de quebrar la capacidad de la Mafia que, en el pasado reciente, se apoderara de los resortes del Poder.

Para este efecto, no se puede proclamar la “neutralidad” del movimiento popular en esta lucha. La neutralidad, en política, no existe. No se puede ser “neutral” en una lucha en la que hay quienes buscan retrotraer la historia y recuperar privilegios mal habidos, por un lado; y por otro, los que procuran avanzar aunque fuera tímidamente en la tarea de construir un país mejor. Tampoco se puede alentar la “indiferencia”, es decir la falta de toma de posición, arguyendo que este, es “un pleito ajeno”. Podría serlo si no incidiera de manera directa sobre la vida nacional, cosa que no ocurre en el caso.

Es deber entonces tomar posición y luchar por afirmar valores y principios que correspondan a los intereses de las grandes mayorías nacionales. Para este efecto, su tarea principal, y su compromiso con el país y los trabajadores, es forjar su Unidad. Sin ella, mantendrá una crisis si retorno. (fin)

Lima, 19 de septiembre del 2020

Centro de Estudios “Democracia, Independencia y Soberanía”