PENURIAS Y FANTASMAS DE LA ARGENTINA DE HOY

Penurias y fantasmas de la Argentina actual

Dra. Claudia Couso

(Docente UBA- UNSAM)

Las Naciones Unidas han establecido al 15 de septiembre, como el día internacional de la democracia. Su conmemoración resulta necesaria, en un contexto, en donde la vigencia plena de los aspectos que hacen al mencionado sistema no están necesariamente presentes en los países de la región. Durante 2019, las protestas en Ecuador, Chile, Colombia, Haití, dieron cuenta de la generalizada crisis de representación en el continente; pero fue la pandemia la que terminó de dejar en descubierto muchos de los desafíos con los que nos enfrentamos en Latinoamérica. 

Es indudable que la pandemia afectó fuertemente a la economía, empobreciéndola aún más a los sectores populares, e incrementando la riqueza de aquellos que ya se encontraban en la cima de las ganancias. Así, en los tres primeros meses de la pandemia, las 73 personas de Latinoamérica con un patrimonio superior a los mil millones de dólares aumentaron su fortuna en 48.200 millones de dólares. Este fenómeno, del que la Argentina forma parte, se da en forma paralela a un aumento del desempleo, que, en el mismo período, aumentó 5 puntos porcentuales afectando al 16% del mercado de empleo formal.

La Argentina -con un gobierno que data de diciembre del 2019- entró a una cuarentena el 20 de marzo, con un apoyo tan generalizado como efímero. Las primeras dos semanas del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) sorprendieron a una ciudadanía que veía en Europa la película de un futuro distópico que no tardaría más que unos pocos días en llegar.  

Como sucedió en otros países, al principio de la pandemia, el gobierno argentino logró aumentar su popularidad entre el común de la gente: las apariciones del presidente Alberto Fernández -junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (del mismo partido que Mauricio Macri)- anunciando los devenires de la cuarentena lograban convocar a las familias frente a los televisores. Sin embargo, y en el mismo sentido de lo que también sucedía en el resto del mundo, esa adhesión al gobierno se fue convirtiendo en recelo a medida que las medidas de aislamiento se extendían.

Tan solo diez días después de que empezar la cuarentena, y luego de que el presidente Alberto Fernández les dijera a los empresarios que “les tocó la hora de ganar menos” en el marco de la crisis económica que Argentina arrastraba, y se vio agravada por el Coronavirus, se produjeron dos ruidazos y cacerolazos durante dos días consecutivos en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo que sean los políticos los que se bajen el sueldo. La demanda a los políticos se genera a partir de una situación en la que el presidente cuestiona al grupo Techint (una de las principales fortunas del país) luego del anuncio de despido de 1500 trabajadores en plena crisis del coronavirus. En sintonía, el interbloque legislativo opositor de Juntos por el Cambio pidió recortar los salarios de cargos jerárquicos y constituir un fondo para enfrentar la pandemia. Paradójicamente, fueron ellos mismos los que rechazaron el recorte del 40% de los sueldos de los diputados, propuestos por el presidente de la Cámara baja (del mismo frente que el gobierno nacional). Es importante destacar, que esto sucedía, mientras los sectores económicos dominantes veían con suma preocupación la propuesta de ciertos representantes del gobierno para el cobro de un impuesto a las grandes fortunas. También es fundamental dar cuenta del fogoneo constante que los medios de comunicación hacían en contra de estas propuestas, y del gobierno en sí mismo.

La oposición no se quedó tranquila y a partir de eso comenzó a convocar a cacerolazos: un par en el mes de abril, y ya el 8 de mayo una convocatoria que critica directamente a la cuarentena. Convocados desde las redes sociales con diversas consignas: “No nos van a callar” y “No queremos comunismo”, algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense presenciaron débiles cacerolazos dirigidos contra el Gobierno Nacional y también -por primera vez- contra la extensión de la cuarentena. Como bien señala Página 12 “Originalmente agitado por algunos sectores ultraliberales que militan la violación de la cuarentena como si fuera una lucha por la libertad, el reclamo contra el aislamiento social obligatorio se entremezcló con las críticas de algunos sectores de la oposición por la liberación de presos y las consecuencias del parate económico. No obstante, a pesar de las expectativas, la convocatoria fue mucho ruido y pocas nueces”.

Sin embargo, los cacerolazos siguen, con una convocatoria menor, y consignas diversas el día 25 de mayo, para ya en el mes de junio convocarse a un importante banderazo en todo el país en contra de la anunciada expropiación de la empresa Vicentín y a favor de la propiedad privada. Vale señalar que el gobierno nacional había planteado la expropiación de dicha empresa ante los manejos fraudulentos contra el Estado y la situación de apremio económico que la misma presentaba. Esta situación que está claramente contemplada en la legislación argentina, sin embargo, fue repudiada por una gran parte de la clase media argentina, que identificó sus intereses con los de una familia que es la 27° fortuna del país, y que cuenta con 860 millones de dólares en su haber.  Para ese entonces, ya la oposición de derecha, nucleada en la coalición de Juntos por el Cambio que llevó en su momento a Mauricio Macri al poder (bajo el nombre de Cambiemos), apoyaba y convocaba abiertamente a la población a cada una de las manifestaciones. Mientras tanto, los seguidores del oficialismo, que apoyaban y apoyan la cuarentena, optaron por no manifestarse de modo alguno, dejando toda expresión ciudadana en manos de la oposición.

Julio fue el mes de los cacerolazos contra la reforma judicial que desde la oposición y algunos de los principales medios de comunicación se vinculo con un supuesto favoritismo que eso podría generar en los procesos judiciales que tiene la actual vicepresidenta Cristina Fernández. No hay indicios que marquen la relación entre ambos aspectos, aunque bien podría cuestionarse si resultaba oportuno que el gobierno fuera con un proyecto que resulta un abre aguas.

Así llegamos a septiembre con una oposición -que con el apoyo de los medios de comunicación- se manifiesta por diversos motivos, de modo constante contra el gobierno nacional. Sean cuales fueran sus reclamos, estos son válidos de ser expresados. No obstante, la situación de pandemia hace que ciertas expresiones se pongan en tela de juicio, en tanto facilitan el contagio y van en contra de los criterios epidemiológicos aceptados. Frente a lo expuesto, valen hacer algunas aclaraciones: 1) que frente a estas reacciones no se llevó adelante la expropiación de Vicentín; la reforma judicial inició recientemente su tratamiento en la Cámara Baja, estimándose un mes de discusión en comisión antes del tratamiento en el recinto; y el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas aún sigue su tratamiento en la Cámara de Diputados, con un proyecto que difiere del que fue presentado en marzo; 2) La cuarentena sigue vigente, pero su cumplimiento por parte de la ciudadanía no es efectivo, y el gobierno hace la vista gorda frente a ello, dando cuenta del cansancio de la gente y de las necesidades económicas de gran parte de la población.

A favor del gobierno, vale decir que el mismo arrastra un grave situación económica, consecuencia de la gestión macrista, y que en parte logró resolver pudiendo evitar un default que parecía inevitable. Sin embargo, la situación heredara, más los perjuicios económicos que trajo la pandemia (tanto por el congelamiento de las actividades económicas, como por el vaciamiento de las arcas del Estado, ya que este último llevó adelante políticas tendientes a atenuar el efecto de la pandemia en los sectores sociales más deprimidos) hacen que la Argentina siga estando en serios problemas económicos.

La suma de las problemáticas mencionadas hace que la situación política se encuentre teñida de estos problemas, pero no son los únicos aspectos que nos deberían preocupar cuando de evaluar la calidad democrática de la Argentina se trata. Debemos sumar además la desaparición a finales de abril de Facundo Astudillo Castro, y finalmente el hallazgo de su cuerpo casi cuatro meses después (con fuertes indicios de participación de las fuerzas policiales y con la anuencia del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires). Fue por esos mismos días que diversas figuras realizaron declaraciones apocalípticas sobre el futuro del país: un ex presidente que vaticina que las próximas elecciones no se llevaran adelante por un golpe de Estado, una conductora de TV que se pregunta si el presidente llegará a terminar su mandato, un dirigente de la oposición que en un Zoom que se hace pública pregunta al resto “¿Cuánto tardará esto en explotar?” mientras otro advierte que deberíamos tomarnos con seriedad lo dicho por el ex presidente sobre la posibilidad de un golpe de estado. No falta el economista libertario y ultra mediático que nos advierte que “Vamos camino a una explosión”. Finalmente, otra líder de la exposición, que siempre aparece en los momentos más álgidos para echar un fosforo al fuego señalo que “Vamos a pasar momentos muy duros y muy difíciles. Pero quizás seamos una nación nueva (…) van a haber momentos muy difíciles -los estamos viviendo- pero van a ser mayores”. La frutilla del postre de estos vaticinios la puso Mauricio Macri cuando luego de un viaje por Francia señaló que “Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder por parte de las autoridades”.

Pero las declaraciones públicas son solo una parte de lo sucedido. La negativa de los diputados de la oposición de seguir sesionando en forma virtual, señalando que el gobierno estaba avanzando en las garantías democráticas, fue en el mismo sentido de las declaraciones mencionadas, que buscan quitar fuerza y legitimidad al gobierno.

Por otra parte, en la sociedad, no dejan de haber problemas que se profundizan: las tomas masivas de tierras que se concretaron en las últimas semanas no solo evidencian la problemática con respecto a las viviendas (agudizada por la pandemia) sino también la organización de los sectores populares frente a la realidad cada vez más adversa.

Finalmente, el mayor embate institucional vino en los primeros días de este mes de la mano de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes reclamaron un aumento de sus salarios. Resulta imposible abstraerse a la legitimidad de sus demandas salariales, si se tiene en cuenta que sus sueldos son de apenas 300 dólares, y deben comprarse elementos que hacen a su uniforme. Pero haber pretendido imponer sus demandas rodeando, de forma amenazante, la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Nación, resulta al menos inquietante, si se tiene en cuenta las declaraciones que se venían escuchando en esos días por parte de integrantes de la clase política.

El conflicto con la policía finalmente se resolvió cuando el presidente luego de un día de suma tensión anunció cambios en la coparticipación nacional que permitirían concretar el aumento salarial a la policía. Lo hizo desde la residencia presidencial, rodeado con otros políticos de su propio espacio y de la oposición. Sin embargo, lo que se pretendió mostrar como fruto de un consenso, había tomado por sorpresa a los políticos de la opositores que no habían sido informados de la decisión presidencial. En ese sentido, fue en ese caso el gobierno el que actuó por fuera de lo que hace a una cultura de madurez democrática. Sin embargo, esa falta de madurez no equipara a la oposición y los medios masivos de comunicación, que día a día juegan a socavar la base de legitimidad de un gobierno que sienten que tiene su fortaleza en aquellos sectores sociales más pobres, a los que ellos menosprecian.