Bamako, 19 ago (Prensa Latina)

Los arrestos del presidente Ibrahim Boubacar Keita y de su primer ministro, Boubou Cissé, concretaron el golpe de Estado perpetrado por una fracción militar en Mali, que ahondó la crisis política en este país.

Esa reacción de fuerza no es ajena a la trayectoria de esta república de la región africana del Sahel, donde en 1968 el Ejército derribó al Padre de la Independencia, Modibo Keita y colocó a Moussa Traoré en la presidencia, y luego la sucesión mediante golpes castrenses fue un hecho.

Hasta ahora la multitud aplaude el ya conformado golpe de Estado, pero eso podría ser una alucinación porque con tal acción no se resolverán de inmediato los problemas que hundieron al país en la crisis: economía muy defectuosa, aparato estatal acusado de corrupto e insurgencia integrista que opera en el norte y centro del país.

Aún importantes figuras públicas permanecen detenidas por los participantes en el complot, cuya ejecución condenaron la Unión Africana, la Unión Europea, la ONU y la Comunidad Económica de África Occidental, que actuó como medidora en la crisis del país subsahariano, agravada en los últimos tres meses.

La Comunidad suspendió a Mali de sus funciones y facultades como miembro y pidió a los integrantes del grupo actuar en consonancia.

Pero hay aspectos notorios en el motín en las Fuerzas Armadas de Mali, en las cuales persisten críticas sobre manejos gubernamentales para enfrentar los conflictos pertinentes, como ocurrió en 2012 y el levantamiento tuareg en la región septentrional, cuyo desarrollo condujo al empoderamiento del yihadismo, aún cabalgando.

Según fuentes discordantes, el mandatario y el primer ministro fueron detenidos y algunos dicen que les trasladaron en un blindado a la base militar de la ciudad-guarnición de Kati, en la periferia capitalina y otros afirman que se hallan en reclusión domiciliaria con custodia reforzada.

Lo cierto es que su integridad física preocupa a la comunidad internacional, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, demandó la liberación inmediata e incondicional de Boubacar Keita, cuando la organización prevé hoy realizar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre el asunto maliense.

Esa sesión fue solicitada por Francia y Níger, que preside actualmente la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y de hecho sus decisiones podrían tener consecuencias en la reverberante región del Sahel, donde sus países comparten problemas comunes como la lucha contra el terrorismo.

También están los asuntos del subdesarrollo como la miseria, el hambre, las inclemencias del cambio climático, todas integrantes de un catálogo de desgracias que cada día se reproducen en esa zona semidesértica afectada además por la coyuntural expansión de la coronavirus Covid-19.

Para entendidos, quizás los soldados implicados en el golpe de Estado desconozcan el alcance real del complot, que se asocia a lo que estudiosos identifican como una solución de continuidad a la crisis integral del Estado subsahariano, acosado por una ventisca que no se disipa solo con el empleo de las armas, aunque de inmediato encarrile al país.

El jolgorio en las calles de Bamako opaca detalles tales de si se registraron bajas (y cuántas) en el levantamiento armado, cuya cabezas visibles parecen ser los coroneles Cheick Tidiane Diarra y Sadio Camara, así como el general Cheick Fantamadi Dembele, señaló el portal Maliweb.

No obstante, este miércoles, los sublevados –identificados como Comité Nacional para la Salvación del Pueblo- informaron a través de su portavoz, el coronel Ismael Wague un plan para crear las condiciones de una transición política, la cual conduzca a elecciones.

Lo de Mali coincide con recientes sucesos violentos ocurridos en países del Sahel: el asesinato de trabajadores humanitarios en Níger, y en Burkina Faso el secuestro y muerte del imán Souaibou Cissédel , un crítico del terrorismo, claros actos de ingobernabilidad e inseguridad, que podrían invitar a una riesgosa militarización de la zona.

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