“ÉRAMOS NOSOTRAS…”

Por Aída García Naranjo Morales*

“La violencia contra las mujeres constituye un atentado contra su integridad, dignidad y libertad, independientemente del ámbito en el que ésta se produzca. Ésta se refuerza por las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos”.

Rosalía Jara Mellaán (35) fue la víctima número 13 de feminicidio durante el Estado de Emergencia. Fue apuñalada por su esposo Golfredo Torres Silva, 26 años mayor que ella. Rosalía era madre de cinco hijos. Torres Silva, agricultor, se quitó la vida ahorcándose de un árbol. El drama familiar deja cinco víctimas más, los hijos de Rosalía y Golfredo. #YoMeQuedoEnCasa, era el mandato que había cumplido Rosalía.

Confinadas también por la cuarentena, “Camila” de 17 años y su hermana de 14, describieron que su madre y su novio cómplice, Juan Zapa Salazar (26), Teniente de Infantería, las habían estado drogando y violando. Ambas descubrieron que su madre las drogaba para grabar las agresiones sexuales, que después enviaba vía WhatsApp a su novio, situación de la cual dieron aviso a su padre, quien denunció el hecho; luego de ser detenida por la policía, Jessica Hidalgo (38) declaró “hice eso a mis hijas, para que mi pareja no me dejara”.

#YoMeQuedoEnCasa fue la disposición también cumplida por las dos menores. Jessica es hija de Humberto Hidalgo Olórtegui, quien murió cumpliendo condena en la cárcel por haber abusado sexualmente de su nieta de 12 años. Hidalgo y Zapa cumplen arresto domiciliario, amparados por el contexto del COVID-19, pese a que se dictaron 9 meses de prisión preventiva. La muerte de Rosalía y la violación de las niñas en el Perú son parte de la “normalidad”.

Un caso aún más atroz se produjo en Ayacucho, en el mes de abril. Un hombre mató con un arma de fuego su pareja, a la hija de ésta, de dos años y a su hermana de trece. #YoMeQuedoEnCasa, fue la disposición que las tres habían cumplido.

La violencia de género

La violencia contra las mujeres constituye un atentado contra su integridad, dignidad y libertad, independientemente del ámbito en el que ésta se produzca. Ésta se refuerza por las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos.

Según informe del Ministerio de la Mujer, desde el inicio de la inmovilización obligatoria y al cierre de mayo, 12 mujeres fueron víctimas de feminicidio y 17 habían sufrido tentativas. Los departamentos donde esta violencia de género se ha evidenciado son Arequipa, Huánuco, Callao, La Libertad, Apurímac, Lima, Junín, Piura e Ica. Los agresores se encuentran con investigación preliminar y sólo los feminicidas están con prisión preventiva. Para el 9 de junio, la cifra de feminicidios llegó a 20 feminicidios y se reportaron 421 violaciones sexuales durante el estado de emergencia.

El incremento de estas denuncias en lo que va del año está vinculado a que hoy tienen una mayor visibilidad. Y si bien la capacidad del Estado para frenar esta violencia ha aumentado en estos últimos años no ha tenido los resultados deseados. Ello obliga, si queremos disminuirla, a considerar otros elementos: por un lado, hay un subregistro de esta estadística (ya que no todas las agresiones se denuncian); por otro, lo que llamamos una carga adicional que es la violencia institucional del Estado y que se expresa en diferentes áreas y sectores como salud, seguridad y justicia, entre otros, que expresan una serie de prejuicios sociales, como la carga patriarcal y machista del propio sistema sexo-género prevaleciente en las relaciones que establecen jerarquías de poder.

Si bien el Estado procedió a endurecer penas, actuando fundamentalmente desde la lógica punitiva, ha descuidado visiblemente un enfoque preventivo como consecuencia de una mirada conservadora que perpetúa la violencia contra la mujer e impide entenderla como un fenómeno multidimensional y de carácter estructural. Esta situación es lo que llamamos la pandemia del patriarcado.

La feminización de la pobreza y el COVID-19

Las mujeres en esta cuarentena son también más pobres y vulnerables: el 35% de los hogares peruanos según el INEI es monoparental y dirigido por una mujer.

Recién en la octava semana de la pandemia se habilitó el acceso al Bono Universal de 760 soles. Está claro que aquél es absolutamente insuficiente para los días que ya tenemos de paralización y aislamiento obligatorio. La ausencia de contención económica ha sido el gran fracaso de esta cuarentena Las mujeres serán más pobres y trabajarán más debido a la imposición de los roles de género en las labores del hogar. Según la Encuesta del Uso del Tiempo que se aplicó en el Perú previa al COVID-19, las horas semanales de tareas domésticas son el doble para las mujeres: 38 horas semanales versus 19 para los varones. La distribución del tiempo incluye, además de cocinar, las tareas del cuidado de los hijos que dejan un balance inequitativo, más aún con la suspensión obligatoria de clases.

El COVID-19 incrementa también la dificultad de acceder a métodos anticonceptivos lo que traerá como consecuencia el incremento de embarazos no planificados y muchas veces no deseados. Un informe de la OEA señala que serían 18 millones las mujeres de América Latina y el Caribe que quedarían embarazadas.

El impacto laboral en mujeres será peor que en hombres, según la conclusión del reporte preparado por C. Ghezzi y A. De la Piedra, que concluye que el efecto de la crisis sobre el empleo – despidos y reducción de sueldos será mayor en ellas por tres razones: (i) los sectores más golpeados tienen una elevada participación de mujeres (turismo , restaurantes, retail y comercio) ; (ii) la desigualdad en tareas domésticas y cuidados familiares y (iii) la normalización lenta y engorrosa de las actividades productivas en los próximos meses que prevé el regreso de sectores poco intensivos en la contratación de mujeres, como minería, industria y construcción.

La respuesta estatal

Frente todo a ello el gobierno autorizó la transferencia de una partida de 37 millones al Poder Judicial para la Lucha Contra la Violencia Contra la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lima lanzó una línea telefónica destinada a recibir denuncias. El programa AURORA, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha formado grupos itinerantes para asistir a las víctimas de la violencia, a lo que se suma la campaña “Mascarillas Violetas”, que llama a las víctimas a no estar solas e incentiva las denuncias. También se ha aprobado el protocolo de funcionamiento para la reactivación de comedores familiares que beneficiarán a 700 mil usuarios.

Pese a este esfuerzo, el Estado peruano hasta ahora no puede dar cuenta de la efectividad de sus políticas de igualdad de género, tanto en lo que respecta al gasto social como en la atención específica a las situaciones que genera el COVID-19 en relación con el género. En realidad se mantiene una brecha enorme entre lo que se dice y lo que se hace. Es evidente que un cuerpo normativo, de tanta importancia y tan profuso como el peruano, es insuficiente para garantizar la igualdad efectiva.

Hoy, enfermeras, trabajadoras de la limpieza pública, trabajadoras del hogar, cajeras de los supermercados, vendedoras de centros de abastos y mercados, maestras a distancia y ambulantes en las calles, todas ellas con empleos feminizados por décadas, están en la primera línea enfrentando la crisis generada por la pandemia, en donde pocos tienen corona, y muchas tienen virus.

El New York Times calificó como una “pérdida incalculable” las personas fallecidas por el COVID-19 en EEUU; días antes el diario O’Globo de Brasil tituló “Éramos Nosotros”, señalando que las víctimas no eran solo datos, sino también personas. En el caso peruano, debemos ir más allá y decir también “Éramos Nosotras”, por esas mujeres que, hoy como ayer, nos siguen faltando.

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*Tomado de QueHacer. Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Magíster en Políticas de Igualdad y Género por FLACSO (Uruguay/México 2013-2015). —