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Un país en llamas: la actual política ambiental en Brasil
Diego Pérez Ojeda del Arco
La política ambiental de Brasil: Contra los pueblos indígenas y los bosques
El pasado viernes 22 de mayo el pueblo brasilero fue testigo de una sinfonía de atrocidades proferidas durante la transmisión en televisión de un video en el cual se divulgo una reunión ministerial encabezada por el presidente Jair Bolsonaro, realizada el 22 de abril, en la que abundaron declaraciones tan indignantes e inconstitucionales que parecían refregarnos en la cara los proprios límites de nuestras democracias occidentales. La divulgación del referido video fue autorizada por un decano del Supremo Tribunal Federal en el marco de una investigación que pretende determinar si el presidente de la república intento interferir políticamente en la Policía Federal. Por causa del calibre de las declaraciones ahí vertidas, se espera que en los próximos días nuevas investigaciones sean abiertas contra el presidente Bolsonaro y sus (anti)ministros.
Gobierno de Bolsonaro pretende utilizar el COVID-19 cómo cortina de humo para relajar medidas pro-ambientales
Estas declaraciones versaron sobre distintos temas, no incluiré aquí citaciones textuales por encontrarse en portugués, pero intentare parafrasear algunos de los extractos más impactantes. El ministro de educación, por ejemplo, además de sugerir que “vagabundos” del Supremo Tribunal Federal brasilero tendrían que estar presos (interfiriendo claramente en la separación de poderes), manifestó textualmente odiar el término “pueblos indígenas”, al entender que “solo existe un pueblo en este país”, invitando al exilio a cualquiera que no piense de esa manera. Siguiendo esa lógica punitiva, la ministra de la mujer, familia y derechos humanos, se animo a comentar que desde su gabinete ya se esta gestionando la prisión de algunos gobernadores y alcaldes. Y es que, si el proprio presidente de la república se refiere, en esa misma reunión, a los gobernadores de São Paulo, Rio de Janeiro y de otros estados, como “esas mierdas”, pues no era de esperarse que el gobierno de turno les tenga especial consideración a los representantes de dichos cargos públicos. Siguiendo con la avalancha de estiércol, el ministro de economía, fiel a su discurso neoliberal y a su carrera imperiosa por la privatización de la mayor cantidad posible de empresas y recursos estatales, no pudo esconder su inquietud por vender, cuanto antes, “la mierda del Banco de Brasil”. Por su parte, el ministro del medio ambiente, tal vez intentando destacarse en lo que ya se había convertido en un verdadero circo de horrores, tuvo la brillante idea de sugerir a la platea que el actual drama social por el cual atravesaba el país, generado por el colapso del sistema de salud a causa del Covid-19, podría ser aprovechado para llevar adelante reformas “infralegales” (bello eufemismo para decir fuera de la ley) de desregulación y simplificación del marco legal (ya fragilizado) que da protección jurídica al medio ambiente en Brasil.
¿Oportunidad para relajar medidas ambientales?
No es novedad que fechas importantes o grandes acontecimientos sean utilizados de manera estratégica para llevar a cabo acciones controversiales con la finalidad de mantener en sigilo lo que en coyunturas normales seguramente generaría mucho ruido político. Y eso en el Perú lo sabemos bien, pues basta recordar el indulto al expresidente Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski anunciado durante la tarde del 24 de diciembre del 2017, o inclusive, retrocediendo algunos años más, la promulgación del llamado “paquetazo ambiental” por parte del expresidente Ollanta el sábado 12 de julio del 2014, mientras todos se preparaban para ver la final del mundial de futbol. Lo que si sorprende por su crudeza es que la declaración del actual ministro del medio ambiente en Brasil plantee utilizar una tragedia, que una semana después de conocidas sus declaraciones ya va dejando un saldo de más de 27 mil muertos y más de 450 mil casos confirmados de Covid-19, como “cortina de humo” para continuar con una escalada que viene siendo devastadora para el medio ambiente.
El video de la referida reunión finalmente salió a la luz y la tan anhelada discreción que buscaban sus protagonistas fue remplazada por una lluvia de cuestionamientos por parte de la prensa y de la sociedad civil. Lo más probable es que Ricardo Salles, ministro del medio ambiente en ejercicio, evite dar declaraciones durante las próximas semanas esperando que las aguas se calmen tratando de no dejar en evidencia la incompatibilidad que tiene con el ministerio que le fue asignado, así como su falta de compromiso con la agenda ambiental del país. Después de trascurrido ese tiempo, o tal vez aprovechando alguna otra de las crisis políticas semanales a la que su gobierno nos tiene acostumbrados, no debería de sorprendernos que se retomen con mayor ímpetu las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado brasilero impulsadas en grande medida por el avance sin precedentes de un agronegocio que hoy en día cuenta con una sólida representación política en diversas esferas del poder.
El agronegocio en Brasil
Durante las últimas décadas el agronegocio en Brasil ha expandido sus tentáculos sobre tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas, deforestando y transformando de forma creciente biomas forestales suprimiendo así la rica biodiversidad de la amazonia brasilera para poder ampliar plantaciones de monocultivo, especialmente de soya, convirtiéndose Brasil en el segundo mayor productor de este commodity a nivel mundial. Todo esto con el respaldo jurídico que le ofrece una legislación destinada a flexibilizar el licenciamiento ambiental de grandes obras de infraestructura, a hacer más difícil el cobro de multas por deforestación, y a financiar proyectos logísticos para la exportación de granos y cereales incentivando así, directa e indirectamente, incendios criminales en áreas protegidas para facilitar la posterior ocupación y plantío sobre tierras arrasadas.
Deforestación de la selva brasilera en favor de la soya y otros monocultivos
Es muy duro observar como en Brasil el gobierno de turno pasa a considerar los derechos ambientales y de pueblos indígenas y demás comunidades tradicionales, debidamente reconocidos en la Constitución democrática de 1988, como obstáculos al “desarrollo” de un país que con esa acción no solo les da la espalda a los siempre olvidados, e incluso “involuntarios de la patria”, sino que también a toda la humanidad. De esa forma, parece ser que en este siglo XXI, que muestra indicios de haber acabado de comenzar, les queda a los brasileros la difícil tarea de refundar y reconstruir un país que no es más el que fue, pero que, si aun existen ansias de futuro, no podrá continuar siendo lo que ahora es.
De más está decir que, en mayor o menor medida, hoy más que nunca Brasil somos todos, por lo que la reconstrucción de nosotros mismos y la lucha por la construcción de una sociedad más justa no puede hacerse esperar. Y si bien es cierto que los sueños de transformación no pueden restringirse exclusivamente a las urnas frente a las cuales nos colocamos cada cuatro años, la actual experiencia brasilera también nos muestra que
inclusive dentro de las frágiles democracias representativas en las que nos encontramos existen matices y líneas que no pueden ni deben cruzarse pues el neofascismo golpea a nuestras puertas y amenaza entrar, o por los votos, o por la fuerza.
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