Publicado en TARPUY
Por Gustavo Espinoza M.
Uno de los temas que alcanzó notoriedad en las últimas semanas, fue el referido a la situación que se vive en los Centros Penitenciarios de nuestro país.
Protestas ocurridas en diversos Penales, que dejaran una dolosa secuela de muertos y heridos, pusieron sobre el tapete dos problemas de fondo: la tugurización inhumana existente en esos establecimientos; y la condición de quienes viven en ellos, privados de su libertad. Adicionalmente, aunque no con menor importancia, salió a la luz la situación de los trabajadores penitenciarios, aquellos que atienden los Penales y que están en relación cotidiana con los presos. Estos asuntos no son de hoy. Pero ahora, han adquirido mayor notoriedad por la Pandemia que se transmite cuando no existe el llamado “aislamiento social” que establece la distancia que debe existir entre una y otra persona para no ser víctima del contagio del Coronavirus.
Como puede apreciarse, se trata de asuntos que inciden hoy en la vida nacional, pero que tendrán repercusión también mañana cuando-ya superada la crisis- el país construya una nueva “normalidad”. En ella, habrá también Centros Penitenciarios, reclusos y trabajadores en los establecimientos penales. Es de esperarse, sin embargo, que haya una mirada nueva ante los problemas que los acosan.
Los medios de comunicación, y las redes sociales han recogido versiones estereotipadas en torno a la situación creada. En ello-salvo excepciones- se ha alentado la idea que los presos están privados de su libertad simplemente porque han cometido delitos que deben pagar. Quienes piensan así, responden hepáticamente, y no asumen análisis alguno de la situación creada. No reparan en el hecho que el primer problema, tiene que ver con la sobrepoblación de los Penales.
En “Sarita Colonia” del Callao, por ejemplo; un Penal construido para albergar a 700 reclusos, hoy viven 3.600, modo que en una celda donde debían habitar no más de tres personas, moran 11. ¿Podrá existir “aislamiento social en esas condiciones? Se trata, por cierto, del caso extremo, pero en otros centros penitenciarios, la situación no es sustantivamente mejor. En San Pedro, donde podrían vivir 1.700 presos, hay 5000 actualmente.
Ese es un tema. Pero un segundo tiene que ver con la situación jurídica de los presos. Unos, han sido juzgados y condenados. Sus casos, penalmente, han concluido y recaen sobre los hombros de ellos sentencias puntuales. Ellos forman alrededor del 60% de los encarcelados. El 40% restante, son personas que cometieron un delito, y fueron detenidas por él. Sus casos están en proceso, y aún no han recibido sentencia alguna; y para que ella sea dictada, pueden transcurrir varios meses o incluso años.
Un tercer elemento tiene que ver con la justicia de las sentencias en contra de la mayoría de los presos-el 60% ya condenado-. Es conocida la corrupción que impera en el Poder Judicial. Allí, muchas veces, se venden sentencias. Se absuelve a personas que pagan por ser liberadas, y se condena a otras que no están en condiciones de sobornar a sus jueces, o enfrentar las iniquidades de los mismo. Recientemente me preguntaba yo mismo si se podría confiar en el “criterio de justicia” en casos en los que las sentencias hayan sido dictadas por Hinostroza Pariachi o sus “colegas” de los Cuellos Blancos; y revisadas por Villa Stein y los suyos. ¿Dieron ellos muestra alguna de ponderación y equidad; o actuaron más bien con estrechos y deleznables propósitos de castigo o venganza? Bien mirada la cosa debiera revisarse cada sentencia para determinar realmente si la dictada-a favor o en contra de un reo- respondió realmente a un criterio de justicia.
Y han un cuarto elemento: la naturaleza del delito sentenciado. Una cosa es la situación del reo que violó a un niño, o del sicario que asesinó por encargo, o del que privó de la vida a si esposa en un feminicidio; y otra es la del que cometió “un delito menor” que no puso en riesgo en la vida de nadie.
Y hay en los Penales, por cierto, reclusos que responden a una situación distinta: son los llamados “presos por terrorismo”. La mayoría de ellos, con toda seguridad no cometieron esos delitos. Simplemente adhirieron a una acción armada en un contexto concreto como lo hiciera el ex presidente uruguayo Mujica, u otros contra las dictaduras siniestras de nuestro continente en Chile, Colombia o incluso nuestro país. Es la situación de Victor Polay y Miguel Rincón, entre otros.
En algunos países, casos como estos han sido actuados con criterio político. Superada la situación que les diera origen, los involucrados en estos hechos han sido amnistiados y reintegrados a la sociedad. En el Perú, de alguna manera se siguió también este criterio cuando la “Comisión Lanssier”. Ocurrió, sin embargo, que luego retornaron los viejos odios y las prácticas punitivas de la clase dominante, de modo que hoy los sentenciados por “terrorismo” asoman como una suerte de marginados sociales a los que se busca no permitirles siquiera trabajar.
Bien haría el Estado, en términos civilizatorios poner fin a la subsistencia de esas conductas. El terrorismo como fenómeno social, no existe. Y muchos de los que lo accionaron, lo hicieron en nombre del Estado. Y hoy, ellos están libres sin pagar ninguna culpa. Y eso, todos los saben.
Lo que sí es muy claro, en este cuadro general, es que la política penitenciaria del Estado Peruano; hizo crisis, y debe ser radicalmente cambiada.
