Artículo de Roberto Rodríguez Rabanal (RRR)
Publicado hoy, 19 de mayo de 2020, en el diario «Exitosa».
El abusivo alza de precios de las medicinas, facilitado por la concentración monopólica de las boticas (Inkafarma-Mifarma-BTL-Fasa), propiedad del multimillonario número 1 del Perú, está afectando la lucha contra el coronavirus. Al grupo Intercorp del cual forman parte aquellas, no le interesa el dolor humano sino únicamente el lucro.
La prepotencia también se hace presente en las farmacias de las clínicas, cuyos dueños con las aseguradoras privadas vinculadas a los grandes bancos y grupos de poder económico. Asimismo, debido a las dificultades para realizar inmediatamente las pruebas rápidas Covid-19 en los hospitales, hay quienes acuden a las clínicas, las que cobran precios exorbitantes, fuera del alcance de la gran mayoría, sobre todo cuando la última encuesta de Ipsos reporta que el 61% de los peruanos perdió su trabajo o no labora, y el 65% considera que el principal problema ahora es la reducción de sus ingresos económicos.
Es necesario preguntarse ¿por qué ocurre esto? La respuesta está en el artículo 11° de la Constitución fujimontesinista de 1993 “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas”. O sea, quien manda es el “dios” mercado, sinónimo de libertad para unos pocos en una economía oligopólica, excluyendo a los demás.
Responde a un enfoque de la salud como “servicio”, cuando es un derecho, negado a la gran mayoría, evidenciado con la crisis sanitaria a consecuencia del abandono histórico de la salud pública por parte de quienes capturaron el Estado para enriquecerse más, dejando de lado todo lo que aporta al desarrollo humano. Frente a ello el Gobierno calla y otorga. Curiosamente, en el artículo 61° de la mencionada Constitución de 1993 hay un resquicio democrático: “el Estado facilita y vigila la libre competencia.
Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”; al igual que en el 65°: “el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios”. Pero el Gobierno calla y otorga a todo nivel, incluyendo a INDECOPI, argumentando que no puede hacer nada porque la Constitución lo impide.
Siendo esto así, es necesario contar con una nueva Constitución con una renovada visión: la economía al servicio de la gente y garantizar los derechos ciudadanos. Y en lo inmediato las farmacias deben contar con medicamentos antiCovid-19 a precios adecuados; sancionando a farmacias y clínicas que no los vendan; y expidiendo un D.U. estableciendo que medicinas, mascarillas y otros implementos sean considerados artículos de primera necesidad y sus precios sean regulados. ¡Alto a los abusos! La ciudadanía tiene la palabra.
