Por Manuel Dammert E.
Estamos ante una agresiva epidemia global, denominada CORONAVIRUS19, agresivo virus en el conjunto del mundo, incluido el Perú, que afecta la vida social. Activa una crisis ambiental global, establece una general crisis entre naciones y continentes, y desarticula lazos de solidaridad social. La plutocracia peruana, subordinada a USA, y que disputa el control del Estado, actúa asumiendo que es la oportunidad de oro, no para solucionar los problemas estructurales que asolan el Perú, sino para concentrar en sus manos las riquezas del país, desnacionalizando su base productiva y supeditándola al dominio de USA contra Suramérica. Busca imponernos una crisis civilizatoria colonial, mundial y global, marcada por la desnutrición, la desigualdad y las enfermedades.
Los desafíos de cambios civilizatorios en Perú y América Latina
Las pandemias desafían al conjunto de la humanidad, y exigen y generan urgencias de cambios civilizatorios sustantivos en diversas esferas de la vida de la naciones y continentes, especialmente en la relación sociedad/naturaleza y en las interacciones sociales básicas entre los seres humanos. Este es uno de los desafíos cruciales actuales del Perú. Nuestro existente poder económico plutocrático, está marcado por la corrupción, incorporado y supeditado sin base nacional en la hegemonía financiera USA, y se articula y supedita al poder USA. Pretende actuar ante la pandemia para enriquecerse más, sacar más provecho propio, destruir opositores, entregar recursos, desnacionalizando más el Perú, afectando la vida y salud de la mayoría de la nación.
Su política busca establecer nuevas formas de dominio político, económico, social y cultural, que otorgue mayor poder al capital financiero USA y lo asocie dominante en propiedades de la plutocracia bancaria, concentrando ganancias y autoridades que les otorga el Estado y quien Gobierna. Pretenden imponer les otorguen recursos de los ciudadanos a través del Estado para que el poder financiero lobbysta los gestione con una ganancia superior y propia. Antes arrinconaron y precarizaron el agro nacional y la vida rural afectando salud, educación y comunicaciones. Se dedicaron a promover como eje la minería y la agroindustria exportadora, imponiendo migraciones masivas a las ciudades, en las cuales también se ha precarizado la salud, abandonando recursos que se privatizan (agua, gas, mercados, etc.), equipamientos urbanos, atenciones de salud, educación, así como manteniendo un debilitado sistema educativo y de trabajo.
Al incrementarse la pandemia del Coronavirus, ahora han sacado sus peores pretensiones. Los recursos del Estado no van a la mediana y pequeña empresa urbana y rural, no mejoran los aportes de la gente en las AFP sino que le dan a las AFP una mayor ganancia financiera como prestamistas. El Gobierno se niega a establecer un BONO Universal a partir de un IMPUESTO A LA RIQUEZA, el que deben pagar los grandes millonarios, que manejan las industrias a su cargo, pero desde los circuitos financieros externos, y reducen sus aportes tributarios y de inversión nacional.
Con la corrupción, roban los recursos del Estado, para regalárselos subsidiados a la Confiep y sus partícipes de la oleada de Odebrecht, Graña y Montero, de los Bancos Mercantilistas y sus grupos económicos (Romero, etc.), de los negociazos ilegales del Club de la Construcción en la obra y con recursos públicos, de las Petroleras de USA e Internacionales, así como de las grandes inversiones mineras y agrícolas.
Sustraen ilegalmente recursos al Estado y actúan dispuestas a asaltar Petroperú y robarnos nuestras riquezas energéticas, agrarias, pesqueras. Actúan apañadas por la inmensa corrupción de funcionarios del Estado, la que hasta ahora sigue intacta. El Saqueo del Perú se evidencia ahora también en la falta casi total de un abandonado sistema público de salud, con capacidad de hacer frente a la pandemia.
En el saqueo de los ahorros públicos, como lo son las AFP, negocio privado, organizado a partir de que capturaban el dinero de los contribuyentes para hacer sus negocios como AFP, de los que obtenían sus propios grandes beneficios. La imposición de las AFP destruyó los mecanismos de solidaridad (redistribución de ingresos entre afiliados y entre generaciones) necesarios para financiar un sistema de pensiones; fue orientado a sustraer al Estado de su obligación de garante financiero del sistema de pensiones; sus costos administrativos siguen siendo altos a tal punto que cobran millones de soles en comisiones y ganancias mientras que sus afiliados pierden la rentabilidad de sus fondos; persiste la evasión contributiva en importantes sectores de la economía formal, incluyendo al propio Estado, que mantienen a sus trabajadores en la informalidad laboral.
Ahora el Estado les da a ellas, al gran capital, como regalo, un crédito multimillonario para REACTIVAR sus empresas propias y obtener sus utilidades. Mientras tanto, se quiebra el resto de la producción nacional, se apropian de nuestros recursos estratégicos (como el agro, los bosques, la pesca, el petróleo, el litio, el oro, etc.), y la población empobrece más, se precarizan todas las modalidades de empleo, especialmente la micro y pequeña empresa urbana y rural, personal o comunal, y se condena al desempleo al país. El epítome de este saqueo es condenar a la desocupación a los mayores de 60 años y en quebrar los créditos estatales a la pequeña y mediana actividad industrial y comercial de los diversos sectores populares emprendedores.
El Saqueo del Perú se evidencia ahora también en la falta casi total de un abandonado sistema público de salud, con capacidad de hacer frente a la Pandemia. La concentración monopólica de la propiedad permite encarecer el precio de las medicinas: más del 90% de cadenas de boticas con un solo dueño, Carlos Rodríguez-Pastor. Aunque el grupo Quicorp, dueño de Mifarma y Química Suiza (QS), había negado que estuviese en venta, la segunda quincena de enero de 2018 se anunció su adquisición por $583 millones por el grupo InRetail Perú (del holding Intercorp), que ya poseía la cadena Inkafarma. La movida empresarial obedece, según InRetail, a una expansión internacional, aprovechando los 12 centros de distribución de Quicorp en tres países. No obstante, en el mercado local, en el que la empresa tenía el 48% de participación entre cadenas de boticas (Inkafarma) haya adquirido a su más cercana competidora (Mifarma) hizo sonar las alarmas. En los últimos años, Mifarma se había hecho con la propiedad de firmas como BTL (2011), Fasa (2012), Boticas Arcángel (2015) y Punto Farma (2016), en su afán de mantenerse en el segundo puesto.
Al margen de esta competencia se mantuvieron las boticas independientes, que todavía tienen más del 30% del mercado, y la cadena Boticas y Salud, con 5% de participación en el canal moderno (Euromonitor). Cabe indicar que el canal moderno ha cobrado importancia también para la venta de productos cosméticos, que en conjunto sumaron S/6910 millones de facturación en el 2017, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Como señaló Indecopi en el informe que prueba la concertación de precios en el sector (2016), los laboratorios que poseen una cadena vinculada (como QS y Mifarma) tienen la posibilidad de influir en el precio final al público, en la medida en que su cadena gane más participación de mercado. El Estado no ha tomado ninguna medida para frenar los abusos de Inkafarma-Mi farma al incrementar bárbaramente los precios de las medicinas en plena pandemia del coronavirus.
La actual pandemia global y el Perú; la megacorrupción antinacional y la forja de nuevas relaciones sociales de solidaridad
Al desatarse en el Perú la epidemia del Coronavirus, estalló este grave desequilibrio estructural en la Patria. Pero, en lugar de una política que recupere el agro, sus riquezas, y a sus poblaciones que retornaban luego de migrar a las ciudades, se impuso la megacorrupción del estado con algunos grandes grupos económicos, responsables de las últimas décadas, que han asaltado con la corrupción al Perú. Actualmente el Estado prioriza absolutamente otorgar amplias facilidades y recursos a la minería, al comercio y la industria urbana, debilitando más aun a la amplia población, desocupada, microempresaria, comercial, profesional, trabajadora y la que retorna al agro y se afirma buscando vida, salud y seguridad en las ramas productivas, las especialidades y la estratégica agricultura nacional. Pero el abandono sigue e incrementa la precariedad de la vida y la amenaza con la muerte que la pandemia establece.
Desde el Gobierno se ha dictado el DFU 013-2019, de carácter permanente, para el Control Previo de Concentraciones Empresariales, en mercados y empresas. Lo dictó luego de anunciar ofrecimientos financieros millonarios, endeudando al Perú, para imponer un cambio normativo para impulsar y permitir la monopolización empresarial privada, e imponer mercados oligopólicos, principalmente de capital extranjero, y especialmente de USA, sobre los recursos estratégicos de la nación.
Acentúa la desigualdad social nacional (en salud, educación, alimentación, recreación y cultura) y condena a la población a la precarización, el desempleo y subempleo, la miseria cotidiana, la supeditación cultural, y la crisis ambiental en la vida y en las zonas productivas nacionales. Esta política de captura de la nación, el control antidemocrático de la sociedad y la vida, los recursos la Patria, impone la desigualdad, la precariedad y desempleo laboral urbano y rural, el control de la vida social y política, y la precarización de la vida de las mayorías. Compromete al Estado en miles de millones de dólares, para darlos como créditos de recursos al sector privado lobbysta, principalmente extranjero y en especial de USA y Europa, que se impondrán como si fuesen los dueños del Perú.
Ante la inmensa y creciente crisis productiva, del empleo y de la convivencia social, y habiendo comprometido el gobierno con normas de ley, se impondrá ilegal y abusivamente la solución de empoderar más aun los actuales monopolios y grupos económicos privados, supeditados al capital extranjero, para implantar un régimen de saqueo de nuestras riquezas nacional (en especial petróleo, minería, energía eléctrica, agro, servicios públicos), imponiendo regímenes legales de precarización de la vida laboral y social, los que impedirán la democracia nacional y trataran de repetir la última década de corrupción y subordinación imperial.
El DU 013-2019 aprobado tras diversas propuestas, concentra el actual poder económico lobbysta neoliberal, básicamente extranjero y con un puñado lobbysta nacional, responsable de gobernar las últimas décadas en las cuales aprovecharon esta crisis apañando la inmensa corrupción del Estado y las finanzas públicas. Plantean sacar y otorgar provecho del poder propio actual destruyendo adversarios, a fin de establecer nuevas formas de dominio político, social y cultural, que les otorgue el control del poder del Estado como propiedad privada particular.
La estrategia recolonizadora de Trump
Trump/USA busca controlar nuestra América Andina latina, subordinados su Estado y Sociedad. Se equivoca. Los pueblos de nuestra América andina, latina, caribeña, se unen y enfrentan la pandemia; pero para afirmar su soberanía, garantizar su democracia, y ampliar sus potencialidades, en un mundo crecientemente multipolar que supera el dominio de control hiperfinanciero de USA y sus pandemias.
Los peruanos y peruanas, afirmando la unidad de la nación en nuestro Bicentenario, recuperaremos la Patria y defenderemos nuestros derechos y lograremos forjar relaciones de igualdad, solidaridad y reconocimiento como eje y garantía de nuestra soberanía nacional.
