Entre la inacción estatal y las respuestas de los pueblos indígenas en defensa de la vida

Artículo de noticiasbyMatias Perez Ojeda del ArcoTom YoungerPublication date6 May, 2020RegionPerúWork themeInstituciones ComunitariasLos derechos económicos, sociales y culturales Identidad cultural y conocimientoPartnerGobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)Federacíon de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA)Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)TagsFocus on the FrontlineCOVID-19

Ante la inoperancia del Estado peruano y el avance de la pandemia de COVID-19 en la Amazonía peruana, diversos pueblos indígenas vienen tomando acciones y proponiendo medidas interculturales para proteger sus territorios y el bienestar de sus comunidades.

A 52 días de haberse decretado un Estado de Emergencia Nacional en Perú, no existe un marco operativo claro, intercultural, intersectorial, multinivel y con enfoque en los derechos humanos, que dirija las acciones estatales para los pueblos indígenas frente a la pandemia. Hoy estamos ante un peligro flagrante a la vida, como han advertido los pueblos indígenas amazónicos ante Naciones Unidas. Y han sido las propias organizaciones indígenas quienes han empujado orgánicamente las acciones de contingencias al avance del COVID-19, con reclamos y denuncias, pero también con propuestas activas contundentes de abajo hacia arriba.

Desencuentros: Qué (no) ha hecho el estado

La asistencia social como un potencial vector de contagio

Las medidas de aislamiento social generaron un impacto fuerte en las comunidades con mayor dependencia en el mercado, al verse imposibilitados del movimiento de sus productos agrícolas y la adquisición de bienes básicos. A fines de marzo, se emitió el Decreto Supremo N°033-2020 para que los gobiernos locales adquieran y distribuyan productos de primera necesidad en sus jurisdicciones, con “entrega en cada domicilio”. Sin embargo, como lo observó la organización indígena PUINAMUDT, la distribución ha generado el descontento en las comunidades por incrementar innecesariamente los riesgos de contagio, ya que el distribuidor tiene contacto con una mayor cantidad de pobladores. La norma claramente no fue reflexionada para las condiciones rurales y la vulnerabilidad epidemiológica indígena.

Una de las grandes interrogantes ha sido cómo asistir a las comunidades indígenas alejadas. Las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), embarcaciones que conglomeran una diversidad de servicios del Estado y navegan ríos de gran calado fueron presentadas por la Ministra de Cultura como una alternativa viable. Sin embargo, una semana después el Ministro de Defensa rechazó su uso por el acceso limitado a todas las cuencas hidrográficas y ser un posible medio de transmisión del COVID19 al desplazar un gran número de foráneos. Luego, la Ministra de Cultura reiteró que las PIAS ya se encontraban en preparación, aunque hasta la fecha no se sabe más sobre su implementación en un contexto de descoordinación intersectorial.

El Estado no solo no avanza en la forma de asistir a aquellas comunidades que puedan carecer de alimentos o medicinas de manera urgente, sino que sí lo hace, es a través de la más grande descoordinación intersectorial.

Por las medidas de aislamiento social, cuatro de cada diez personas han perdido sus fuentes de ingreso en todo el país. El Estado ha tratado de aliviar las economías familiares con bonos económicos. El primero, llamado Quédate en Casa creó mucha expectativa, pero también malestar en las organizaciones indígenas al priorizar zonas urbanas. Luego el Ministerio de Cultura (MINCU) se comunicó con las nueve organizaciones indígenas regionales de la organización nacional AIDESEP para que canalicen, con pocos días de plazo, las listas de potenciales beneficiarias y beneficiarios. El pedido se hizo sin reflexionar que las organizaciones regionales debían contactar a sus federaciones y éstas a sus comunidades base para lograr la información requerida, en un contexto de poca conectividad telefónica o de internet, de inmovilización actual o largas distancias entre comunidades, y hasta el poco manejo de matrices de Microsoft Excel. Este profundo desconocimiento hace que toda asistencia se vuelva inoperante y gestos de desesperación.

A la fecha se desconoce la situación de aquellas listas que se estuvieron llenando de manera apresurada.

“Nada, quedó en nada. Yo hasta ahora no he salido en ninguna lista de beneficiarios,” mencionó Miguel Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU).

Mientras tanto, las organizaciones indígenas recibieron la noticia de dos nuevos y distintos bonos por el cual llenaron las listas, el bono rural para hogares vulnerables en áreas rurales y el bono universal. Aunque no saben cómo funcionarán: con dinero en efectivo para salir de sus comunidades a cobrar a la ciudad o si serán comisiones especiales que lleguen desde la ciudad a las comunidades y qué salvaguardas sanitarias se seguirán. No se ha reflexionado qué se haría con el dinero en comunidades donde ya no hay víveres para comprar, y si la propuesta indígena como recibir dinero a través de alimentos será incluida para efectivizar algún bono.

Sin protocolos de salud claros en caso de COVID-19 en las comunidades indígenas

El 20 de abril se formó el Comando Regional de Operaciones COVID-19 en Ucayali, pero tres días antes ya se registraban los primeros casos positivos para COVID-19 en una comunidad nativa en la Amazonía peruana: el caso de Puerto Bethel, base de la FECONAU. A falta de mecanismos claros, no se supo cómo dialogar la decisión de trasladar a los infectados con COVID-19, ni se previno llevar muestras adicionales para el resto de 300 pobladores. A todo esto se suma que, no existen mecanismos transparentes de información oficial desde las Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional que consideren la variable étnica para informar sobre el número de contagiados con COVID-19.

A nivel salud, el “Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19” cuenta con una mirada centralizada y sin mención a las poblaciones amazónicas vulnerables. Tampoco se aproxima el “Plan Regional de Reforzamiento de Servicios de Salud y Contención de la Infección por COVID-19” de una región amazónica como San Martín, con recomendaciones urbanas de “usar toallas de papel para secarse las manos”, o controlar el desplazamiento por la “sala o cocina” durante el aislamiento de un infectado en casa.

Territorios indígenas desprotegidos

El MINCU emitió el 25 de marzo la Resolución Ministerial N°109-2020-MC que contempla a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Solo se abordaron medidas de protección de las reservas reconocidas de manera oficial y no para las cinco propuestas de creación, cuyo proceso se encuentra detenido desde hace más de una década por el propio Estado. Si ya se reportaban amenazas territoriales por tala ilegal en una reserva creada que debía estar vigilada durante la cuarentena, no cuesta imaginar cómo estarían operando las actividades ilegales en las reservas aún no creadas y, por ende, desprotegidas.

No existe una moratoria a las actividades extractivas en los territorios indígenas como tala, extracción de petróleo y la agroindustria. Las organizaciones indígenas mencionan que las empresas operan sin un protocolo sanitario específico y trasladando personal de ciudades con número alto de contagiados. Ya se ha reportado el caso de un trabajador de una empresa forestal con COVID-19 en Loreto y el de un trabajador de la empresa petrolera española REPSOL, operando en el Lote 57 en el territorio Matsigenka en la selva de Cusco. Por todo ello, resulta incomprensible el nuevo Decreto Supremo 080-2020-PCM que aprueba la reanudación de las actividades económicas, como la minería, la industria forestal y de hidrocarburos. Estas actividades en territorios indígenas nunca se detuvieron.

La descoordinación de parte de las autoridades estatales con las organizaciones indígenas que han cerrado sus territorios, permite la intimidación por querer evitar el ingreso de alguna comisión estatal. Tal es el caso de la agresión a una lideresa indígena kichwa en el río Pastaza, los comentarios por redes sociales a un líder awajún por evitar el ingreso de víveres a una comunidad en el río Cenepa, o la prepotencia de una brigada de la Marina de Guerra cuestionando el cierre del río Napo por comunidades kichwa.

Lo que han venido haciendo las organizaciones indígenas

“Nadie sale, nadie entra”: La autodeterminación y defensa territorial

Siguiendo la memoria histórica, como mejor estrategia para defender la vida, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) cerró las fronteras de su territorio a finales de marzo para aislarse, ejerciendo su derecho a la libre determinación y al autogobierno, más aún cuando se detectaron los primeros casos positivos de COVID-19 en San Lorenzo, ciudad cercana de la entrada del territorio wampis.

“Nadie sale, nadie entra. Las comunidades se han encerrado para cuidar la vida.” – Shapiom Noningo del GTANW.

Otras medidas que complementan el cierre del territorio han sido el abastecimiento de víveres, combustible y guardias a los puestos de las Fuerzas Armadas del Perú para asegurar la frontera con Ecuador en los ríos Kanus y Kankaim.

Con un plan de contingencia propio, los wampis también transmiten información preventiva al COVID-19 vía mensajes radiales, y cuentan con la disposición de comisiones de personal médico wampis y en coordinación con los puestos de salud locales.

Visibilización de la situación en las comunidades indígenas

El Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) emitió el 01 de abril un oficio múltiple al MINCU, el Ministerio de Defensa, el MINSA, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al Gobierno Regional de San Martín, subrayando la falta de seguridad territorial, la precariedad del sistema de salud y la exclusión de la población rural de los programas sociales para aliviar las economías durante la pandemia. Y sugirió recomendaciones para la implementación de un plan de salud intercultural inmediato y la diseminación de información sobre acciones de contingencia en caso de contagiados con COVID-19 dentro de los territorios comunales. Además, la organización kichwa propuso mayor vigilancia de parte del Estado a través de acciones coordinadas con CEPKA, y el apoyo de los programas sociales bajo mecanismos responsables sin comprometer la salud de las comunidades.

EL GTANW expresó su preocupación en Ideeleradio por el abandono en seguridad de las fronteras y la mala implementación de las postas de salud, sin equipos médicos, mascarillas e insumos.

“Quiero decirle al presidente de la República, siempre hemos exigido una presencia real del Estado, pero no la ha habido. El ejército está abandonado. Ni siquiera tienen canoas aquí para poder patrullar… Sin embargo, de nuestro lado hemos hecho nuestro propio plan de contingencia para evitar que el coronavirus llegue a las comunidades”, Wrays Pérez, pamuk del GTANW.

Por su parte, la FECONAU denunció un sistema estatal de salud que no respondió a tiempo cuando había indicios de COVID-19 en la comunidad shipibo conibo de Puerto Bethel.

“Han buscado pretextos para no ingresar a la zona, eso es de preocupación porque no hay ningún protocolo o un plan general sobre la situación de las comunidades en esta crisis mundial (…) Somos poblaciones vulnerables, no existen postas médicas, no tenemos protocolos de intervención, entonces ¿A quién hay que esperar? ¿A quién hay que acudir?” Miguel Guimaraes, presidente de FECONAU.

Incidencia para protocolos interculturales de acción frente al COVID-19

La FECONAU ha venido siguiendo el proceso técnico y político de la elaboración del “Plan de abordaje a la pandemia del covid-19 en pueblos indígenas” en la región de Ucayali.

El CEPKA con instituciones socias ha desarrollado un Protocolo de Seguridad para frenar al COVID-19, con acciones informativas para las comunidades, medidas que contemplan el ingreso de diversos actores a las comunidades durante la pandemia, y qué hacer cuando hay sospechas en la comunidad o cuando ya hay casos confirmados de COVID-19. El protocolo fue elevado a la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) para hacer incidencia en la incorporación a un Plan regional y provinciales.

“Si hay ese plan podremos respetarnos. El gobierno hace lo que le da la gana, pero es interesante que nosotros planifiquemos nuestro destino, estas son armas para los pueblos indígenas. Eso es lo que falta y hoy en día debemos integrarnos con el Estado, aun cuando no nos reconoce,” Isidro Sangama, presidente de CEPKA.

Solidaridad en tiempos de pandemia

Frente a la existencia de familias wampis lejos de sus comunidades y que las medidas de cuarentena les han dificultado obtener ingresos diarios en las ciudades, el GTANW las ha identificado y viene coordinando el suministro de canastas de alimentos.

La FECONAU logró financiar el retorno de algunos líderes a sus comunidades que quedaron varados en Pucallpa inmediatamente cuando comenzaron las medidas del Estado de Emergencia Nacional. Además, ha venido aportando canastas de alimentos básicos a sus comunidades más vulnerables, así como insumos de higiene básicos.

A nivel comunal, se han venido reactivando desde las ollas comunales en algunas comunidades de la FECONAU, hasta los trabajos comunales o mingas por los kichwa de FEPIKECHA para la apertura de espacios productivos que puedan contribuir a la soberanía alimentaria durante y después de la pandemia.

Lo urgente por hacer

El avance del COVID-19 en los territorios indígenas amazónicos es una realidad. Su llegada no ha hecho más que desnudar todas aquellas fracturas coloniales que han destruido estos espacios por la inoperancia estatal y la falta del interés por preservar la vida. La tarea urgente y primordial por parte del Estado comienza por reconocer, respetar e incorporar todas las diversas estrategias y las propuestas ya impulsadas desde las organizaciones indígenas amazónicas y sus comunidades base. Y para ello, se necesita menos arrogancia para abrazar la participación de estos pueblos, quienes conocen mejor sus contextos locales y las carencias estructurales de larga data. Solo así podrá aplicarse cualquier propuesta de contención, ya sea con decretos o normas específicas; comandos de operaciones COVID-19 a nivel nacional o regional; campañas de prevención; planes de salud regionales o provinciales; brigadas de asistencia sociales y médicas. Todo bajo el desafío de aproximarse interculturalmente, bajo estas circunstancias extraordinarias, como país.