Por Manuel Robles Sosa

Lima, 23 dic (Prena Latina)

Los últimos días del año, que casi siempre son un remanso noticioso, se llenaron en Perú en 2019 de nuevas y cada vez más graves revelaciones o trascendidos sobre la corrupción, turbio protagonista del año, otra vez.
En plena racha de fines de semana y feriados, que los afortunados empalman en una festiva vacación, los grandes casos de presunta corrupción y sus derivaciones siguieron cobriendo las portadas, ratificando a los peruanos que cada nueva puede ser peor que las anteriores.

Esta vez el caso de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori llenó gran parte del interés público, al programarse un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra, a debatirse29 de noviembre en uno de los pocos días laborables que dejan las fiestas de fin de año.

Según medios de prensa y juristas, la hija del exgobernante Alberto Fujimori, vio agravarse situación días después de lograr su mayor victoria judicial, el 29 de noviembre, al salir en libertad tras más de un año de prisión preventiva, por un polémico fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Tras salir de la cárcel de mujeres, se conocieron nuevos y más contundentes testimonios y otros elementos que dan fe de que no solo estuvo al tanto, somo siempre ha negado, de la gran operación de ocultamiento de millones de dólares recibidos para sus campañas electorales de 2006, 2011 y 2016, sino que manejó la misma.

Entre esos elementos destacan la confesión del magnate financiero Dionisio Romer Paoletti, confesó a los fiscales que lo interrogaron, que en 2011 aportó tres millones 600 mil dólares a la campaña de Fujimori y alegó que lo hizo para evitar que gane el nacionalista Ollanta Humala, lo que no pudo conseguir.

A esa declaración se sumaron otras de empresarios que admitieron contribuciones por otros montos, con objetivo similar.

Además, la prensa reveló que el presidente del TC, Ernesto Blume, impulsor del fallo que dio libertad a Fujimori por cuatro votos a favor y tres en contra, está siendo investigado por la fiscalía, por haberse presuntamente reunido con Giuliana Loza, abogada de la dirigente neoliberal, menos de tres semanas antes del fallo.

Mientras Blume niega rotundamente que siquiera conozca a Loza, sostuvo que la mujer que aparece junto a él en un restaurante, en un video que tendría la fiscalía, es su esposa; Loza admite que coincidió con él en el restaurante, pero al verlo abandonó el lugar.

De otro lado, se actualizó con resultados contrarios a la investigada, la primera explicación del jefe de la campaña electoral de Fujimori de 2011, Jaime Yoshiyama. tras confirmar la empresa brasileña Odebrecht que dio un millón de dólares a la campaña de Fujimori de 2011.

Al confirmar los fiscales que el dinero fue enmascarado en aportes por montos menores, de ciudadanos que declararon en falso, Yoshiyama afirmó, ante el escepticismo general, que la contribución la hizo el empresario Juan Rassmuss, antes de morir, lo que dio motivo a duros comentarios y caricaturas.

Sin embargo, ayer se reveló de Manuel Gubbins, sobrino de Rassmuss y partícipe de sus negocios, confirmó que el tío no hizo un aporte, sino dos, de tres millones 400 mil dólares en 2011 y de un millón 400 mil en 2016, lo que continúa elevando los millones no recibidos y ocultados a las autoridades.

Gubbins desmintió también la versión de Yoshiyama de que el aporte lo recibió él y Fujimori no estaba al tanto, pues señaló que su tío y la líder del partido Fuerza Popular (FP) se reunieron para tratar sobre los aportes.

En otros casos, el expresidente neoliberal (2001-06) Alejandro Toledo fue encarcelado preventivamente en Estados Unidos, mientras se tramita muy lentamente el proceso de su extradición para que responda aquí por un soborno de 36 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

El delito fue confirmado por confesión del millonario y ex agente de inteligencia israelí Yosef Maiman, quien confesó a los fiscales que recibió el dinero en cuentas de sus empresas para trasladarlos a cuentas creadas en el exterior por Toledo.

Además, el expresidente (2011-16) Ollanta Humala y su esposa están a punto de ser juzgados por presunto lavado de activos, con fondos electorales del exterior, luego que la fiscalía anunció tener listo el caso, tras más de cuatro años de indagaciones.

La pareja niega los cargos y declara ser objeto de la politización de la justicia con el fin de lincharlos ‘política y jurídicamente’.

Sigue siendo investigado y bajo detención domiciliaria otro expresidente, el empresario pronorteamericano Pedro Pablo Kuczynski, quien en marzo de 2018 tuvo que renunciar ante fuertes indicios de corrupción por negocios con Odebrecht cuando era miembro del gobierno de Toledo.

Al cierre de 2019, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, e indirectamente el presidente Martín Vizcarra, son objeto de cuestionamientos por decisiones tomadas como gerente, el primero, y como gobernador, el segundo, de la región sureña de Moquegua, ante lo cual aseguran que están dispuestos a ser investigados.

El año cerró además con persistentes denuncias de una conspiración en marcha, del fujimorismo y sus socios políticos, para defenestrar a los fiscales anticorrupción, en el marco de una operación mayor.

mv/mrs