Enredado el “acuerdo político”. Continuidad de movilización social.
EquipoES. 29/11/2019. Militarización de la agenda.
El gobierno, y particularmente el Presidente de la República, insistió durante la semana en el énfasis policial y militar de la agenda, estableciendo de hecho que allí radica lo esencial de la respuesta a la conflictividad social instalada en el país.
Si bien la intensidad y extensión de saqueos y vandalismo es una excusa para una pauta militarizada de la administración piñerista, más cierto es que continúa la movilización y las actividades políticas por solución de demandas ciudadanas, término de las masivas violaciones a los derechos humanos, exigencia de consagración de derechos sociales, fin a acuerdos cupulares y término de la criminalización de la protesta social.
Con el envío de proyectos que buscan tener a los militares en las calles, respaldos incondicionales a Carabineros, decisión de incorporar a egresados de las policías a labores operativas y represivas y continuar la lógica de una guerra interna, se acentuó esta semana el camino autoritario desde el oficialismo.
En este marco, en ámbitos políticos, legislativos, sociales y de prensa se riegan rumores de golpe de Estado, salida de militares a las calles, declaración de estados de Emergencia y/o Sitio, presiones de altos mandos castrenses a sectores políticos y el gobierno para que garanticen la estabilidad política.
Enredado el “acuerdo político”
En la semana se fue enredando y complejizando el análisis y debate en torno del “acuerdo político” para el plebiscito y nueva Constitución suscrito por la derecha, la ex Concertación y sectores del Frente Amplio.
Lo visto en estos días tiene que ver con críticas que se hicieron en su momento y dudas y cuestionamientos desde la sociedad civil. Los quórum, la representación del mundo social, la participación de los partidos, la solución en caso de no alcanzar quórum, edad para votar y voto obligatorio o voluntario, el hecho de que puedan participar como constituyente diputados y después, en un año, se conviertan otra vez en candidatos al Parlamento.
Lo que se evidenció en estos días es cierta ilegitimidad del “acuerdo político” que firmaron algunas colectividades del oficialismo y oposición, al no considerar al mundo social y, al mismo tiempo, convenir reglas que tiene una dosis antidemocrática y cuestionable. No ayudó mucho la información entregada sobre los vínculos políticos y financieros de los integrantes del equipo técnico de ese “acuerdo político”.
Como contraste, en la contingencia surgió la opción establecida por fuerzas políticas y sociales de un “acuerdo soberano…Chile decide”, materializada en un documento donde se señaló que se recogen las reivindicaciones “levantadas en las calles”, “como un sistema solidario de salud, pensiones dignas, el fin de los abusos del sistema financiero y las grandes cadenas comerciales, mayor igualdad regional y la necesidad de una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.
En esta semana se vio mucho debate técnico, amenazas como las del senador Andrés Allamand de que podría seguir rigiendo la Constitución de 1980, controversias respecto a la participación popular y finalmente cómo se podrán garantizar contenidos transformadores en la nueva Carta Magna.
En medios de prensa, comentaristas de distinto signo inclusive ya hicieron ver que este proceso podría terminar en un fracaso si no cuenta con un apoyo ciudadano y si no se logra establecer reglas transparentes.
Continuidad de movilización social
Diversos actores y sectores políticos reiteraron la necesidad de que la sociedad siga movilizada en torno de demandas como mejores pensiones, salario mínimo real de 550 mil pesos, término de la represión y violaciones a los derechos humanos, nueva Constitución y plebiscito, y otros derechos relacionados con adultos mayores, educación, salud, vivienda, empleos dignos.
Eso se ve como una fórmula clave para que el gobierno, el Parlamento, el sector empresarial, constaten la demanda y la continuidad de las movilizaciones, que es lo que ha permitido al menos un grado de paliativo para algunos segmentos de la población, y que se acordaran cuestiones como el plebiscito hacia una nueva Constitución.
En ese contexto, algunos análisis de esta semana hacen ver que los niveles de vandalismo y delincuencia en que pone tanto acento el gobierno, podrían afectar la permanencia de las movilizaciones o incluso desvirtuar su sentido. Pese a eso, los llamados a protesta y movilización se dan claramente en la línea de exigencias salariales, jubilaciones, derechos, acceso a la salud y la educación, viviendas dignas, cambio de Constitución, repudio a prácticas política cupulares.
Como sea, diversidad de organizaciones sociales, sindicales, feministas, estudiantiles, poblacionales, medioambientales, siguen activas y realizando diversidad de acciones en distintos puntos del país.
