Tomado de RT.
Mónica Mego fue detenida sin condena. Es peruana, trans y tiene 36 años. Por falta de atención médica en la cárcel, hoy está en silla de ruedas, dolorida y sin control de esfínteres. Denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense por maltratos y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La historia desnuda la vulnerabilidad de la población trans en las cárceles bonaerenses. «Los funcionarios sostienen que la cárcel es igual para todos y eso no es cierto: la discriminación, el racismo y la heteronorma en la cárcel se potencian, se amplifican«, narra a RT Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans, la organización que acompaña sus denuncias.
Mónica quedó detenida a mitad de septiembre del año pasado acusada de tráfico de estupefacientes. Primero la llevaron a la Alcaldía de La Plata (Provincia de Buenos Aires). En ese momento comenzó a notar molestias en la espalda y entonces empezaron también la serie de maltratos y falta de atención que la llevaron a la delicada situación de salud actual. «Ella entró caminando y salió en silla de ruedas: acá hay responsabilidad del Estado», opina Vásquez Haro.
En febrero la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela. Ahí empezó a agravarse su salud: se sentía peor, tenía fiebre y escalofríos. Según su relato, pedía médico y no le daban importancia. También solicitó ‘asistencia extramuros’ y se la aceptaron pero nunca sucedía el traslado. «Hubo una secuencia de omisiones y negligencias de lo penitenciario y la connivencia de la parte de seguridad del penal: el sistema de encierro, el acceso a la salud está mediado por la seguridad«, dice Ignacio Di Giano, director de recepción de denuncias del Comité Contra La Tortura de la Comisión Provincial por La Memoria (CPM).
