Por Manuel Robles Sosa

Lima, 6 sep (Prensa Latina)

La crisis política peruana oscila hoy entre la vacancia (destitución) del presidente Martín Vizcarra y la disolución del parlamento de mayoría opositora enfrentada al gobierno, como posibles desenlaces extremos.
Tales posibilidades asoman con mayor nitidez en la medida de los escasos logros de un diálogo entre el mandatario y el presidente neoliberal del Congreso de la República, Pedro Olaechea, sobre el adelanto de las elecciones generales de 2021 a 2020, como salida a la crisis.

El primer ministro, Salvador del Solar, fundamento la propuesta ante una comisión congresal, y la bancada del partido mayoritario, Fuerza Popular (FP) y sus pequeñas aliadas rechazaron el proyecto y lanzaron diversas acusaciones a Vizcarra, además de plantear que este debe renunciar por una supuesta incapacidad de liderazgo.

Al mismo tiempo, en otras comisiones, integrantes del bloque mayoritario aprobaron activar cuatro investigaciones que de una u otra manera pueden alcanzar al mandatario.

Entre esas indagaciones figuran los lazos de la empresa de su familia con un consorcio encabezado años atrás por la cuestionada empresa brasileña Odebrecht y hasta verificar si el proyecto presidencial anunciado en un mensaje por Vizcarra, fue aprobado por el Consejo de Ministros, lo que este ha confirmado.

El mandatario denunció que con esas indagaciones y otras decisiones, el Legislativo intenta intimidar al gobierno y defendió una marcha ciudadana de apoyo al adelanto electoral, en la que participan inclusive fuerzas políticas y sociales críticas del gobierno.

La respuesta de Olaechea fue reclamar la facultad de legislar y a los congresista Richard Arce, de izquierda, y Yonhy Lescano, de centro, no les cabe la menor duda de que esas acciones del sector derechista de la oposición buscan crear condiciones para vacar a Vizcarra.

‘Quieren acorralar a Vizcarra para después vacarlo’, comentó el editor político de la televisora Latina.

Para lograrlo, el partido mayoritario, Fuerza Popular (FP), y sus pequeños aliadios necesitan sumar los votos que les falta para contar con dos tercios de los 130 legisladores.

Con esos votos les bastaría declarar moralmente incapaz, vaga y subjetiva causal constitucional, para deshacerse del mandatario, quien, a su vez, no ha descartado la posibilidad de activar el mecanismo constitucionl de disolución del Congreso, medida cuya legalidad cuestiona la mayoría neoliberal.

En la confrontación, Vizcarra cuenta con gran apoyo ciudadano, pues una encuesta de la empresa Datum evidenció que 64 por ciento de la población respalda el adelanto electoral y 72 por ciento rechaza una eventual destitución presidencial.

El porcentaje de rechazo al vacancia es similar al que conforman quienes reclaman cerrar el parlamento en diversas encuestas y la aprobación a Vizcarra, de 52 por ciento, contrasta con el 12 por ciento que aprueba a Olaechea.

En círculos políticos se comenta que un desenlace extremo de la crisis se resolverá cuando el primero de los protagonistas tome la decisión de ejecutarlo y defenestrar al contrario.

En ese contexto, la líder del Movimiento Nuevo Perú (NP), Verónika Mendoza, quien apoya el adelanto electoral, dijo en un reciente mensaje que la población debe hacer sentir su voz en las calles, para impedir una salida autoritaria a la crisis.

acl/mrs

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