Gobernador de Arequipa corre la suerte de Vladimir Cerrón y Walter Aduviri
FRANCISCO F. DEL CARPIO / 05SET2019 / Jornal de Arequipa
Le abren investigación por 60 días.
Élmer Cáceres Llica, el joven gobernador de Arequipa fue denunciado por Marcial Carpio Talavera, un desconocido abogado de un estudio limeño, en busca de fama, por los delitos de disturbios y resistencia a la autoridad. El abogado que poco conoce Arequipa presentó la acusación considerando que el gobernador de Arequipa estaría instigando a la población en contra del proyecto minero Tía María, además de que «no estaría acatando una orden del Gobierno» (¿?); por hacer declaraciones oponiéndose a la licencia de construcción que se emitió a favor de Southern Copper (2¿?). Claro que esta denuncia no está desligada a las presentadas contra Vladimir Cerrón y Wálter Aduviri, gobernadores de Junín y Puno, respectivamente, quienes están considerados como los dirigentes más populares del país junto a Élmer Cáceres Llica. Todo indica que esto no se se trata si no de un ajuste de la derecha en connivencia con las mineras extranjeras, la Confiep y la Sociedad «nacional» de minería contra tres de los gobernadores regionales más acreditados del país. Y eso le aterra a la derecha quien puede aguantar la degradación del Congreso o las chambonadas del Ejecutivo pero no que tres cholos los desplace.
DENUNCIA
Marcial Carpio Talavera denunció al gobernador regional de Arequipa, acusándolo de fomentar los bloqueos y enfrentamientos con la Policía. El desconocido señor con leguaje adulón dijo que: el denunciado ha encabezado y dirigido personalmente las revueltas sociales del valle de Tambo, ha fomentado la obstrucción de los caminos, habiendo llegado a la impudicia de amenazar al mismo presidente de la República de los muertos que resulten de las reyertas sociales y del enfrentamiento que viene gestando ante la autoridad. Agrega que Cáceres Llica busca usar políticamente el problema «del» Tambo para promocionarse como “defensor del pueblo” y que esto ha generado que el paro se extienda más de un mes, manchado con actos que perturban la tranquilidad pública.
Tan perdido está Marcial que ignora que las protestas existieron desde el 2014, antes que Cáceres fuera candidato a gobernador regional y el hecho de liderar (que no es cierto) la protesta no lo hace “defensor del pueblo”. Que el paro se haya extendido más de un mes es culpa del gobierno, no de de los huelguistas, pero en su denuncia Carpio dolido culpa a Cáceres, sin rubor alguno, de que la Confiep haya perdido 900 millones de soles por culpa de esta huelga.
Carpio Talavera también le hace responsable a Cáceres Llica de «enaltecer el delito», de obstruir los caminos públicos y organizar hordas matonescas: «discursea y patrocina en perturbación grave contra la paz pública mediante hechos, acciones, ademanes y exhortaciones orientadas al caos, desgobierno e irrespeto de la autoridad superior». Hace mucho tiempo que no se leía una cantinflada de tal proporción. Ahí está el detalle.
Carpio Talavera presentó la denuncia en la Fiscalía de Cerro Colorado, pero fue derivada a Paucarpata por la ubicación de la sede del Gobierno Regional de Arequipa, el denunciante afirmó que su proceder no tiene interés político, muy posible, lo que si a leguas se nota es el interés económico que hay o ha habido por quedar bien con Southern, a sabiendas que esta firma está botando plata como cancha, para comprar hasta las picanteras de la localidad para que digan lo mismo que dice Carpio Talavera. Y no lo hace en forma altruista como asegura, por considerarlo un deber; pues, de bienhechores como este dice ser, ya no existen más, ni aquí ni en la Cochinchina, ni con vela que los busquen.
Carpio Talavera quiere igualar el caso de Cáceres con el aimarazo, por el cual sentenciaron a seis años de prisión al gobernador de Puno, Walter Aduviri. Lo hace con deliberada perversidad en procura que el «castigo» sea por lo menos igual. Sin embargo, a pesar de la energía hasta ahora la lucha contra la Southern no ha tenido la fuerza ni contundencia del aimarazo.
Carpio no tuvo el menor empacho de comparar ambos casos, asegurando que «sería el segundo». No es posible que las autoridades, en lugar de respetar la ley y el orden, hagan todo por violarla, manifestó «coincidiendo» con los fiscales que acusaron a Aduviri y con los jueces que lo encarcelaron.
Este abogado (Carpio) ni conoce el Valle de Tambo pues lo considera un distrito de la región Arequipa, ignora que en el valle, llamado de Tambo (por el río del mismo nombre que lo atraviesa) se ubican tres distritos de la provincia de Islay: Cocachacra, La Punta de Bombón y Dean Valdivia (La Curva). Además, al valle no lo nombra como lo hacemos todos los arequipeños: valle de Tambo, el habla del valle del Tambo.
Otro de los desconocidos que se prestó solicito a la farsa fue el fiscal de Paucarpata, Luis Guillermo Vera Oviedo, quien con diligencia inusual y ganas de publicidad, dispuso realizar las diligencias preliminares para determinar si la autoridad regional promovió las revueltas en contra del proyecto Tía María. Demandó a la Policía emitir un informe sobre la participación del gobernador en la huelga calificada por él de antiminera, afirmando en palabras suyas «que ha dejado hasta el momento millonarias pérdidas y daños materiales».
Por su parte, Southern Copper, que no es ajena al asunto pues se trata de la verdadera propulsora de la medida contra Cáceres, también lo denunció «por abuso de autoridad». La empresa mexicana-norteamericana señala que el gobernador «anuló de manera ilegal el derecho de servidumbre» sobre un terreno donde la minera pretendía construir la mina.
Curiosamente y/o paradójicamente, Vera Oviedo pedirá informes al Ministerio del Interior que proporcionó 400 policías para cuidar a Southern y a la propia Southern para corroborar las acusaciones de Carpio Talavera. Esa es nuestra justicia, peruana hasta las cachas.
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