Lima, 21 ago (Prensa Latina)
El gobernador de la región centroandina peruana de Junín, Vladimir Cerrón, se entregó hoy la policía y fue encarcelado, por cargos de los que se declaró inocente.
La entrega la confirmó el jefe de la policía de Junín, general Alejandro Oviedo, quien dijo que Cerrón se entregó en la ciudad de Huancayo, a 305 kilómetros al este de aquí, tras coordinaciones con la policía, y de inmediato fue trasladado al presidio de Huamancaca, en esa urbe.
‘El señor Vladimir Cerrón se entregó ante la Policía’, dijo Oviedo, desmintiendo versiones de prensa según las cuales el gobernador, acusado de pagos irregulares a una empresa contratista, de 800 mil soles (apropximadamente 242 mil dólares) durante su anterior gestión como gobernador, entre 2011 y 2014.
El dirigente político progresista negó responsabilidad en el hecho, pese a lo cual el pasado 5 de agosto fue condenado a cuatro años y ocho meses y ayer el Consejo Regional de Junín acordó suspenderlo para que cumpla la sentencia, que Cerrón ha apelado.
El abogado del sentenciado, Hoover Gutiérrez, había pedido la apelación con suspensión de la orden de prisión, pero el tribunal negó que ello anule la orden de captura, ante lo cual Cerrón optó por entregarse.
Entretanto, continúa en la clandestinidad el gobernador de la región surandina de Puno, Wálter Aduviri, un líder de comunidades indígenas aymaras de zonas limítrofes con Bolivia, que fue condenado a seis años de cárcel.
Un tribunal lo sentenció como ‘autor no ejecutor’ de disturbios registrados en una protesta social en 2011 contra un proyecto minero de capitales canadienses que contaminaba las tierras comunales, el cual fue cancelado por el gobierno del entonces presidente Alan García.
En esos disturbios, en mayo de ese año, fueron incendiados la gobernación y otros edificios públicos, actos violentos que Aduviri y las comunidades atrbuyen a agentes de inteligencia estatal infiltrados en la protesta.
Parlamentarios progresistas y gobernadores de la región sur callifican la condena a Aduviri como un caso de uso de la justicia con fines de criminalizar y reprimir las protestas sociales y exigen la nulidad de la sentencia.
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