Jornal de Arequipa, Redacción
El gobierno de Vizcarra ha dado luz verde a la Southern Copper Corporation para que amplíe su presencia en el país al otorgarle Licencia de Construcción al proyecto “Tía María” en Islay, al sur de Arequipa, cuando ya tiene los yacimientos cupríferos de Toquepala, Cuajone y Quellaveco en Tacna y Moquegua. Con ello, Southern CC obsesivamente, pretende, apoderarse de todo el sur minero del Perú, de la misma manera que Inglaterra se apoderó de Tarapacá y Antofagasta en el siglo XIX.
Durante varios meses el gobierno de Martín Vizcarra se olvidó de Tía María. En junio del año pasado precisó que esperaría la elección de las nuevas autoridades locales y regionales para analizar la ejecución del proyecto. Sin embargo, presionado por CONFIEP y la Sociedad -mal llamada Nacional- de Minería y Petróleo, y a menos de un mes por vencer la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, dice haberse visto «obligado» a otorgarle, en forma tramposa, la referida licencia, el disparo inicial para la problemática general que ha provocado.
Mañosamente, Vizcarra no atendió el clamor de la población de Cocachacra, que en repetidas ocasiones solicitó su presencia para que la escuche. No vino nadie ni se instaló ninguna mesa de diálogo, como ocurrió con Las Bambas en Apurímac. El Ejecutivo dejó, paradójicamente, en manos de la empresa operadora del proyecto, la gestión de su propia licencia social. En paralelo, la Southern, con la ventaja oficial emprendió una nueva millonaria campaña proselitista a través de solícitos medios como RPP y América-CanalN, una operación publicitaria llamada ValleUnido, para buscar aliados en la comunidad, bajo supuestos beneficios.
A finales de junio Élmer Cáceres Llica, sentó la posición oficial del Gobierno Regional de Arequipa: «si no hay licencia social, no hay licencia de construcción» popularizando la negación quechua: «manan». Ya, durante su campaña electoral Cáceres afirmó que Tía María no iba frente a la de Javier Ísmodes, su contenedor. El actual alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, dijo lo mismo, y en igual sentido se pronunciaron todas las autoridades de la provincia de Islay.
Los supuestos beneficios que trae una inversión minera se contraponen a los verdaderos daños que generan y en ese aspecto la Southern se lleva la flor, tanto por los pasivos sociales que datan desde el tiempo en que los inversionistas eran norteamericanos, hasta por las malas prácticas de sus actuales propietarios, denunciados por la contaminación en Ilo, Ite, y hasta en Sonora México.
No hay que olvidar el poco o ningún esclarecimiento de su participación en el caso de soborno conocido como «Las Lentejas», donde se judicializó al dirigente que acepto la coima, pero no al que la ofertó, quien era nada menos que asesor legal de SCC.
Si la minería fuera realmente fuente de riqueza -dice Gustavo Espinoza- las provincias más ricas del país serían las mineras. Pero todos sabemos que ellas –Pasco, Huancavelica, Apurímac, e incluso Cajamarca- son las más pobres del Perú. En ellas, se han enseñoreado la anemia y la desnutrición infantil, ha crecido la pobreza extrema, cunde la desocupación, se ha matado la agricultura y la ganadería, se ha afectado severamente la bio diversidad y se ha deteriorado sensiblemente el medio ambiente. De concretarse dicha desvergüenza, implicaría la virtual desaparición del Valle de Tambo, el granero de Arequipa y el valle más rico de la costa sur de nuestro país.
Con el otorgamiento de la licencia se ha abierto un nuevo capítulo de este viejo conflicto que ha cobrado ya la vida de más de siete personas y muchos heridos . Ya levanta sospecha que sea la empresa y no el gobierno quien publicara («oficialmente») la decisión ministerial de otorgar la licencia, igualmente deja mucha duda quien ordenó el inmediato envío de 400 policías «filosofexxx» armados a la zona del conflicto y quién ordenó su inmediato retiro. ¿Fue la empresa la que ordenó y el gobierno el que reculó?. Es un trascendido que la Southern paga a «cierta» alta oficialidad penepista, bonos extras por protección policial para ciertos «servicios especiales».
Con ímpetu juvenil y no pocas limitaciones o metidas de pata el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, ha emitido un pronunciamiento oficial en el que, entre otras cosas, solicita al presidente Martín Vizcarra viajar al valle para escuchar a los pobladores de Islay y mantener el diálogo para evitar que el conflicto social vaya creciendo. Lo único que le queda al Gobierno es escuchar a la población para que no se repitan episodios de violencia que profundicen la confrontación. Las razones de la población también son válidas frente a las razones de los inversionistas extranjeros.
