FRANCISCO DEL CARPIO / Jornal de Arequipa
Luego de una campaña mediática millonaria de varias semanas, a través de un comunicado, la minera mexicana Southern Peru Copper (no Cooper) Corporation aseguró -dijo confirmar- que el Gobierno le entregó el permiso de construcción para su proyecto de extracción minera llamado Tía María, en Arequipa. Sin embargo, la empresa -para no desatar la furia- se comprometió a no empezar -todavía, es un decir- con la construcción, hasta que no se retomen los diálogos con los pobladores del valle de Tambo.
El dichoso comunicado señala, medrosamente, que mientras se «desarrollen esos diálogos» para absolver dudas e inquietudes, solo realizarán trabajos encaminados en convencer a alguna parte o, a la parte de la población que aún falta convencer, de las bondades del proyecto. La Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, rebosante de felicidad señaló que el proyecto mexicano servirá para reactivar la inversión privada y asegurar el crecimiento económico y social «que necesita» el país. La CONFIEP hizo otro tanto.
Tía María es un proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto, en Islay, Arequipa. Se sabe por definición que este tipo de extracciones produce desequilibrios hídricos por la elevación de sedimentos en el agua debido a los residuos sólidos liberados al ambiente, al mismo tiempo afectan las aguas subterráneas por las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento.
Para la ejecución de este proyecto, la minera mexicana inicialmente pretendió (y se piensa que aún pretende) obtener el agua necesaria para la actividad extractiva de los pozos ubicados en el valle del Río Tambo, río que sustenta la producción agrícola para la alimentación de la región Arequipa y el sur del Perú.
El valle de Tambo es un oasis en la cabecera del desierto de Atacama, para los arequipeños su existencia ha sido una «Bendición de Dios». El valle de Tambo es para Arequipa lo que el Nilo es para Egipto. La explotación de la mina desequilibraría la actividad hídrica de la región, hecho por el cual los agricultores locales y la población en general se ha opuesto «a muerte» ancestralmente al funcionamiento de este asiento minero.
Los problemas de la contaminación siguen latentes. La liberación de sustancias químicas como cianuro, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, pueden llegar a provocar grandes cambios en el entorno natural de la región destruyendo la escasa vegetación y humedales como el de Mejía. La contaminación sonora producto de las operaciones mineras también afectaría el medio ambiente.
Por ello, luego de que la empresa mexicana confirmara que recibió la licencia de construcción para el proyecto Tía María, los alcaldes de la provincia de Islay y el Gobernador de Arequipa, además de rechazar el proyecto minero, se dirigieron a Martín Vizcarra, el presidente de la República, advirtiéndole que la entrega de tal licencia va a generar un clima de inestabilidad social en la región, pues no existen las condiciones necesarias para que la empresa mexicana inicie sus actividades en el Valle de Tambo.
El gobernador de Arequipa, agregó que en ningún momento se le había informado de forma oficial sobre la aprobación de dicha licencia, «lamentando», además, la decisión tomada por el Ejecutivo con respecto al cuestionado proyecto. El gobernador agregó que Vizcarra no cumplió con varios de sus compromisos, uno de ellos sería la llegada e inicio del diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; otro comprendía el establecimiento de una mesa de diálogo para conocer cuáles son las exigencias de la población de Islay. Élmer Cáceres Llica, gobernador regional, deploró el accionar del Ejecutivo y le exigió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que viaje a Islay para evitar el reavivamiento del conflicto social.
Estas minas tienen forma de grandes fosas en terrazas profundas y anchas, la explotación de los minerales se realiza a cielo abierto, esto supone dinamitar la roca superficial y llevarla a pequeñas dimensiones convirtiendo grandes montañas en pequeñas rocas.
Durante la fase de explotación el impacto ambiental de la minería se acentúa y puede causar: modificación de la superficie terrestre del área de explotación, devasta la estructura del suelo produciendo cambios severos en la morfología del terreno. Eliminación del suelo y resecamiento en la zona circundante. Disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. El impacto sobre la flora es de gran magnitud, implica la eliminación de la vegetación y los bosques en el área de operaciones. Destrucción y modificación de la flora en el área circunvecina.
El estudio ambiental presentado por Southern en 2009 al Gobierno del Perú, obtuvo de parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (UNOPS) más de 130 observaciones entre las que destacaba la emisión de polvos, las filtraciones de residuos químicos, y el manejo de desechos.
Todos los gobiernos del siglo XXI han defendido el proyecto de extracción minera bajo el supuesto de que la minera no afectará la actividad agrícola de la zona.
Tía María es un proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto. El proyecto pertenece a la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) y tendría una duración de 21 años para extraer unas 10 mil toneladas de cobre diarias utilizando las aguas subterráneas (no hay otra forma) a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo.
Desde el primer trimestre del 2009, los pobladores locales han venido denunciando la iniciativa y señalan que éste afectaría la disponibilidad de agua y por tanto limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika (pimentón o ají rojo) en el valle del río Tambo. Las primeras protestas causaron enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de tres muertos y medio centenar de heridos.
El proyecto minero Tía María infringe en los principios universales del derecho de los ciudadanos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales; al derecho de los pueblos a la autodeterminación; al derecho de los pueblos al desarrollo. Vale destacar que las principales actividades económicas del Valle son la agricultura, la ganadería y la transformación de materias primas agrícolas. Por tanto, la contaminación de las aguas subterráneas y los ríos tendría un efecto devastador sobre la vida material de los campesinos y pobladores.
A pesar del rechazo total al proyecto y los muertos ocasionados por la represión policial, en noviembre de 2013, la empresa mexicana volvió a presentar al Ministerio de Energía y Minas el nuevo EIA que este aprobó «luego-luego» de supuestamente “subsanarse las observaciones a dicho plan ambiental” y la promesa de la transnacional minera que el agua que utilizarían para operar la mina “sería obtenida del mar” además de la construcción de una planta desalinizadora.
Desde marzo de 2015 la minera mexicana y sus corifeos «bien pagá» vienen amenazando con continuar el proyecto hasta que hoy finalmente consiguieron la autorización. La respuesta es la misma: resurgieron las protestas de los campesinos y pobladores locales.
