Perú. Tía María: Al descubierto maniobra que trató de inculpar como antiminero violentista a humilde agricultor
POR MARLENESAMATELO el 28/04/2015 1 Vote
Detrás de cámara de Tía María
Nelson Manrique
El montaje de la farsa en la que participaron policías, un fotógrafo y periodistas, con el objetivo de incriminar al humilde campesino Antonio Coasaca Mamani sembrándole un instrumento punzocortante, para acusarlo de violentista, ha sacado a la luz una negra historia.
El portal El Útero de Marita ha publicado un valioso informe que muestra varios aspectos inéditos de la trama (“Toda la historia: ¿Quiénes están detrás de la fotografía armada por la Policía en Islay?”, ). Resumo sus aportes.
El fotógrafo que se prestó a difundir el montaje policial se llama Julio Angulo, es conocido en Arequipa y trabaja como free lance para El Comercio. Según la periodista Mabel Cáceres, del portal arequipeño ElBuho.pe actualmente trabaja para la Southern. Él entregó las fotos al Colectivo por el Desarrollo de Islay, un grupo pro minero que a su vez las entregó al diario Correo de Arequipa, que publicó una selección de las que más mala imagen daban del campesinado. Aunque el dirigente del colectivo José Díaz Sánchez afirma que las fotos –“una o dos”– le llegaron anónimamente, la investigación realizada por el portal El Búho de Arequipa concluye que fueron unas 20 las fotos de Angulo que se difundieron, y eran lo suficientemente pesadas como para no poder circular a través del correo electrónico.
El Colectivo por el Desarrollo de Islay está constituido por una decena de individuos que afirman representar a miles de pobladores. Sus dirigentes se definen como “simples pobladores” y niegan todo vínculo con Southern, pero la investigación del portal arequipeño ElBuho.pe los desmiente. En realidad tienen una relación muy estrecha con la Southern. Uno de sus integrantes, Néstor Flores, recibió 100 millones de soles de la empresa para financiar obras, a nombre de la Asociación Avis.
El colectivo tiene un importante padrino en Lima. Se trata del parlamentario pepecista arequipeño Juan Carlos Eguren, que los patrocina y ha conseguido que sus integrantes se reúnan con funcionarios del Ejecutivo “y hasta ha funcionado como su community manager, retuiteando todas sus actividades y hasta colgando en su Facebook su entrevista con Jaime de Althaus”. Pero ahí no termina la cadena: “en realidad, Eguren parece ser simplemente una marioneta del más afanoso difusor del tag #terrorismoantiminero: Carlos Raffo”.
En resumen, aparte de la represión armada, que ya ha provocado tres muertos y decenas de heridos, están en marcha toda una serie de operativos psicosociales en los cuales participa un conjunto de gente que trabaja para la Southern, que incluía miembros de la policía, los medios gráficos, la prensa, publicistas, seudodirigentes mercenarios y funcionarios del aparato estatal.
El caso de la policía es especial, porque a su alineamiento con la Southern se suma una cultura institucional profundamente perniciosa, que los hechos de Tía María pone en evidencia. En un video que ha merecido menos atención se observa al campesino Víctor Tovar Choque, detenido por los agentes de la Dinoes (). Es un campesino de aspecto sencillo y viste pulcramente para participar en la movilización. Pero los policías que lo conducen detenido, que ignoran que están siendo filmados, le quitan con violencia la ropa y lo dejan semidesnudo. Mientras caminan, otro policía lo golpea en forma absolutamente gratuita en la cara, con su escudo de acrílico.
A primera vista no hay explicación para ensañarse con una persona que está atada y que no ofrece resistencia. Pero el tratamiento otorgado a Tovar es parte de un protocolo seguido por policías para presentar a un detenido ante la prensa y que está dirigido a construir a priori un culpable. El detenido es zamaqueado, le sacuden la ropa y se la desarreglan, le revuelven el cabello, para que aparezca desprolijo y despeinado, transmitiendo esa sensación de asimetría que provoca en los humanos una reacción inconsciente de rechazo. De esa manera se predispone a la opinión pública contra el detenido bastante antes de que entre en discusión su inocencia o culpabilidad. Viejos trucos del oficio.
Una investigación realizada por el sacerdote Ricardo Renshaw, La tortura en Chimbote: un caso en el Perú (1985) mostró con una amplia evidencia cómo este tipo de prácticas, así como el empleo de la tortura, eran parte de las prácticas policiales habituales contra los detenidos bastante antes de que estallara la violencia senderista. Una frase cínica, cargada de humor negro, de los policías de investigación aludía elípticamente a la tortura: “el detenido está siendo sometido a un interrogatorio científico”.
No basta con relevar a los responsables. Hay que cambiar toda una cultura institucional. Que los derechos humanos dejen de ser vistos por los policías como un obstáculo que tienen que sortear.
Convenios secretos
Rocío Silva Santisteban
El escándalo de la foto trucha de Antonio Coasaca, agricultor del Valle de Tambo, con un “miguelito” obligado a portar en la mano por un miembro de la Policía Nacional del Perú (cuyo gafete decía Filosofexxx) para la foto incriminatoria de rigor, trae nuevamente a colación el debate sobre los famosos convenios secretos entre la PNP y las empresas extractivas. ¿Por qué, si la acción de ese policía era un delito y los convenios son totalmente legales? Pues porque plantea un tema simple pero importantísimo para la democracia peruana: ¿debe la policía trabajar para los privados recibiendo un sueldo?
La historia comienza en la época de Fujimori, pero se perfecciona con Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior, y tiene como fondo la antidemocrática idea de que este Estado precario solvente a su policía alquilándola a las empresas. La idea no parecería tan descabellada si pensamos en aquel policía solitario que cuida la puerta del banco, de la universidad, de una construcción y se gana alguito con este “convenio por servicios extraordinarios complementarios”. Pero cobra otro tipo de tono cuando imaginamos a un contingente de la DINOES, con entrenamiento de élite, solventado por una empresa como Yanacocha, Shahuindo, Xtrata o Gold Fields, con la misión de “intervenir en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse la integridad física de los trabajadores o contratistas de la empresa”.
En realidad, la PNP no debería de recibir un solo centavo más por hacer su trabajo, pero sus oficiales reciben, según este convenio, 38 soles diarios y los suboficiales 24 soles diarios, ademas de rancho, movilidad y habitación. ¿Por qué estaría mal que una empresa solvente estos gastos? Porque la PNP es del pueblo, está para defenderlo de la criminalidad y no de las empresas para defender su patrimonio. Eso lo hacen los guachimanes. La PNP es la delegada del Estado peruano en el monopolio de la fuerza y no guardianes de las mineras.
Debido a estos convenios durante la situación de tensión en Espinar en mayo del 2012, la PNP detuvo y llevó al campamento minero a nuestro compañero, el comunicador Jaime Borda de la Vicaría de Sicuani, y a Sergio Huamaní, quienes se encontraban en una camioneta de la Vicaría sin hacer nada, y adentro de las instalaciones de la empresa los enmarrocaron, los golpearon y les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ergo, los torturaron. Asimismo “sembraron” municiones en la camioneta de la Vicaría para incriminarlos: ¿no suena conocido? Se presentó una denuncia que fue archivada porque no se tenía el “convenio secreto”, esperamos que ahora con un hábeas data se pueda tener esa información de manera oficial y que el Ministerio Público haga su trabajo. En julio del 2012 tuve una conversación con dos altos funcionarios de Xtrata y les pregunté sobre su posición en torno a este delicado tema. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue lo suficientemente franco y transparente y me dijo: “Nosotros cumplimos con las normas peruanas”.
Es cierto, la pelota está en la cancha del Estado peruano, específicamente, en el área del Ministerio del Interior. Por eso mismo, desde la CNDDHH hemos presentado numerosas cartas e incluso audiencias públicas ante la CIDH sobre este tema, y personalmente le he planteado esta situación de inequidad a Juan Jiménez Mayor cuando era Premier. ¿La respuesta? Los convenios tienen caducidad y no serán renovados. Entonces, ¿en este momento los gerentes de Xtrata podrían confirmar que no contratan a la PNP como guachimanes? ¿Y la Southern podría afirmar los mismo?
No nos preocupan solo esos policías que reciben un salario, sino los otros, los que no se encuentran dentro de los convenios, los que reciben una latita de ración diaria como si fueran gatos, los que duermen a la intemperie y hacen todo lo posible por “agradar” a la empresa para que los contrate, incluso, sembrar armas punzocortantes entre los manifestantes.
Las armas sembradas y la prensa
Gustavo Faverón
Al ciudadano Antonio Coasaca lo capturan en las protestas antimineras en Islay. El contexto es violento y no es raro que Coasaca tema por su vida: ese mismo día la policía ha matado a otro manifestante: Victoriano Huayna.
Coasaca, según declara, es atacado por los policías a golpes y puntapiés. Un guardia sin rostro y con seudónimo le coloca en las manos un verduguillo. Lo hace dos veces porque Coasaca, quien entiende la maniobra, suelta el fierro y lo deja caer. Entonces un fotógrafo que ha visto todo (otro rostro cubierto) da tres pasos rápidos hacia Coasaca y le toma una foto. La página web del diario Correo publica la imagen entre titulares que describen a Coasaca como el agresor. LQQD: los antimineros son violentistas.
Por suerte para Coasaca, la cámara del fotógrafo no es la única. Alguien sube a YouTube un video que muestra el truco y denuncia cómo la Policía Nacional y Correo han tejido la acusación. El ministro del Interior retira a parte de la dele-gación policial de la zona. La Fiscalía Militar Policial anuncia una investigación. El ministro de Justicia describe la muerte de Huayna y la jugarreta contra Coasaca como «hechos aislados».
Correo de Arequipa intenta denunciar los hechos como si no estuviera implicado: sube a internet una versión tijereteada del video. No funciona: las redes sociales ya hicieron notar el lamentable rol del diario. Entonces Correo declara que nadie en su redacción sabía nada sobre el sembrado del arma y que la fotografía vino del Colectivo por el Desarrollo de Islay. Entonces, ¿quién era el fotógrafo? El Comercio (parte de la misma corporación propietaria de Correo) se demora varios días en «identificarlo»: Julio Angulo, colaborador no solo de Correo sino también de El Comercio. La corporación promete denunciar al individuo ante el Consejo de la Prensa Peruana. Ah, qué bien. ¿Y quién acusará a Correo por inventar la noticia? Porque esa foto no salió sola: salió con una nota que acusaba a Coasaca. ¿O piensan culpar de todo al fotógrafo?
